El Tribunal Supremo y el CGPJ elevan su pulso al Gobierno en plena ofensiva judicial contra la amnistía

Una semana después de que el recién nombrado ministro de Justicia, Félix Bolaños, tendiera puentes con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desatascar una renovación bloqueada por el PP desde hace cinco años, los vocales conservadores que siguen controlando el órgano de gobierno de la judicatura dispararon este jueves un misil inédito: por primera vez, el CGPJ ha acordado declarar “no idóneo” a un fiscal general del Estado, en este caso Álvaro García Ortiz, a quien ese mismo consejo había avalado en julio de 2022 cuando en la anterior legislatura fue designado por primera vez para el cargo. La decisión ha quedado fechada el mismo día en que el Tribunal Supremo ha tumbado, por segunda vez en una semana, un nombramiento del Gobierno –este, el de la presidenta del Consejo de Estado, la exministra Magdalena Valerio–. Y el mismo también en que Bolaños se reunía en Bruselas con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, a quien la derecha azuza para que intervenga contra la futura ley de amnistía.

Adoptado por siete votos a favor y cinco en contra –el presidente interino del CGPJ, el conservador Vicente Guilarte, respaldó a García Ortiz–, el acuerdo no obliga al Ejecutivo a dar marcha atrás y elegir un nuevo fiscal general. Pero delata cómo las altas esferas de la magistratura han recrudecido su guerra contra el Gobierno en plena ofensiva contra la ley auspiciada por la coalición que dirige el presidente Pedro Sánchez.

El argumento de los conservadores para desacreditar el nombramiento de Álvaro García Ortiz es el que sigue: que hace una semana el Tribunal Supremo anuló el ascenso a fiscal de Sala –de la Militar– de Dolores Delgado, exministra de Justicia, antecesora de García como fiscal general y ahora fiscal de memoria democrática. Este jueves, fuentes del sector progresista del CGPJ formularon a preguntas de infoLibre un recordatorio sobre la contradicción en que incurren quienes no consideran idóneo a García porque el Supremo ha anulado una decisión suya. Contradicción –sostienen– porque cuando, en 2016, el Supremo anuló el nombramiento del nuevo presidente del TSJ de Murcia, nombramiento efectuado por la misma mayoría conservadora que hoy sigue dominando el órgano de gobierno de la judicatura, “a nadie se le ocurrió que eso significara que quienes habían optado por aquel magistrado no fueran idóneos para estar en el CGPJ”. En efecto, el Supremo anuló aquella elección al concluir que el CGPJ no había motivado por qué se había inclinado a su favor frente a otros candidatos. Con Carlos Lesmes al frente, el Consejo volvió luego a proponer al mismo juez para ese cargo y esta vez su plan salió adelante.

La sentencia sobre Dolores Delgado se percibe hoy como prólogo de la resolución dictada este jueves por la Sala de lo Contencioso del alto tribunal y que anula la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno. Fruto del mismo tribunal que la semana pasada trituró el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala en una resolución donde hablaba de “desviación de poder”, también esta vez uno de los que rubrica el fallo es el magistrado que aquel mismo día publicó un artículo donde acusaba a la izquierda de propiciar la guerra civil y calificaba de “apesebrados” al Tribunal Constitucional (TC) y a la Fiscalía General.

Ahora, lo que la sentencia aduce es que Magdalena Valerio no es una jurista “de reconocido prestigio”, requisito imprescindible para acceder al cargo. Cuando Valerio, entonces todavía candidata, compareció en octubre de 2022 ante la Comisión Constitucional del Congreso solo Vox y el PP discurrieron por el carril de la ausencia de prestigio. Vox votó en contra y el PP se abstuvo. En una intervención más suave de las ahora habituales, su portavoz, Edurne Uriarte, señaló incluso que “ese prestigio jurídico del que habla la ley orgánica puede ser labrado en el ejercicio de la tarea de presidenta del Consejo de Estado con una labor impecable al servicio de los objetivos fundamentales del Consejo, es decir, la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.

Uno de los jueces que atribuyen al fiscal general "desviación de poder" culpa a la izquierda de la guerra civil

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Para el Supremo, “la notoria y sobresaliente trayectoria de doña Magdalena Valerio Cordero –ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde, concejal, entre otras responsabilidades públicas– sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado”. Pero eso, sostiene el tribunal, “no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio”. “Su currículum vitae –prosigue el texto– muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido. Desde luego, nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma”.

Abstención por consanguineidad con el ponente

En la sentencia de la semana pasada, la que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala –la Militar–, el Supremo omitía toda referencia a datos concretos del currículum de Delgado. Dictada por la sección de la Sala de lo Contencioso que preside el magistrado Pablo Lucas, es la sentencia sobre la ahora fiscal de memoria democrática la invocada por la mayoría conservadora para cargar contra la renovación de Álvaro García en su puesto como fiscal general. En la votación del CGPJ hubo una abstención que, de no haberse producido, habría provocado un empate. Quien se abstuvo fue el vocal Enrique Lucas. Lo hizo porque es hermano del ya citado Pablo Lucas. Y pronunciarse –expone el CGPJ en su comunicado oficial– habría podido vulnerar la apariencia de imparcialidad.

El recurso contra Valerio lo interpuso la Fundación Hay Derecho, una de las entidades contrarias a la futura ley de amnistía para los independentistas catalanes y cuya intervención como parte ampara el Supremo en su sentencia en contra del criterio de la Abogacía del Estado. Con un patronato presidido por el notario Segismundo Álvarez, hijo del que fue alcalde de Madrid y luego ministro de UCD José Luis Álvarez, y con Miguel Primo de Rivera como vicepresidente, las riendas del equipo directivo de la fundación las maneja Elisa de la Nuez. Secretaria general de Red.es entre 2001, bajo el Gobierno de José María Aznar, y 2006, ya en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, De la Nuez cofundó luego una compañía –iClaves– que prestó servicios para Red.es tras ganar varios concursos. Años más tarde se convirtió en la ideóloga de Ciudadanos bajo la batuta de Albert Rivera, hoy profesor en el centro universitario Cardenal Cisneros, propiedad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En su web, Hay Derecho recoge firmas para un breve manifiesto contra la amnistía que finaliza así: “¡Firma ahora para que no manipulen el Estado de derecho!”.