Los jueces progresistas buscan forzar la renovación del CGPJ con una dimisión en bloque que nadie quiere
El ala progresista de la judicatura redobla la presión sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para intentar que se ponga fin de una vez por todas a un bloqueo sin precedentes del órgano constitucional. Tras cinco años en funciones, y sin que se atisbe nada parecido a un acuerdo para la renovación en el corto espacio de tiempo, tanto Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) creen que ha llegado el momento de que el presidente, Vicente Guilarte, y los vocales del gobierno de los jueces dejen sus cargos para facilitar la ansiada designación de un nuevo Poder Judicial. Una exigencia de dimisión en bloque que, sin embargo, sigue sin ser acogida en el seno del CGPJ. "No tiene ninguna posibilidad", señala uno de los vocales.
Durante este lustro con el mandato caducado, el Consejo General del Poder Judicial ha ido mermando poco a poco. Como todos, arrancó mandato con 21 miembros –una veintena de vocales más el presidente–. Pero tras el fallecimiento de Victoria Cinto, la dimisión de Concepción Sáez, las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo y el abandono de Carlos Lesmes como presidente por el bloqueo de la renovación, el órgano de gobierno de los jueces ha quedado reducido a 16 integrantes. Una cifra que, no obstante, le permite seguir funcionando con relativa normalidad. Al fin y al cabo, los Plenos pueden celebrarse cuando haya, como mínimo, once miembros del CGPJ sentados en la mesa –10 vocales y el presidente–.
Para que este órgano del Poder Judicial entrase en situación de parálisis por la falta de quorum tendría que producirse la dimisión en bloque de, al menos, media docena de miembros el gobierno de los jueces. Justo el número de vocales que tiene en estos momentos el llamado bloque progresista de la institución –si se incluye en este grupo a Enrique Lucas, nombrado a propuesta del PNV y que a veces se ha desmarcado del resto–. El pasado mes de marzo, el exdiputado socialista y vocal Álvaro Cuesta intentó agitar una renuncia colectiva dentro de su grupo aprovechando la dimisión de Sáez por la "insostenible" situación de la institución. Pero la maniobra fue rechazada por sus compañeros. Y todo quedó en agua de borrajas.
Edmundo Rodríguez, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, cree necesario ese paso para evitar que "se cronifique" lo que se considera una "situación inaceptable". Pero ni en el llamado bloque progresista, ni mucho menos a nivel general en el órgano de gobierno de los jueces, hay intención alguna de protagonizar una dimisión en bloque pese al nudo gordiano: "No hay posibilidad de que prospere algo similar, es un clásico de verano que no va a ningún sitio". Algunas voces rechazan una maniobra de este tipo porque consideran que provocaría un vacío de "poder institucional inaceptable". Otras sostienen que una salida de estas características solo perjudicaría a los jueces y, además, no garantizaría la renovación del órgano constitucional.
Sobre esta última cuestión, algunas fuentes consultadas sostienen que la parálisis del Pleno no implica el colapso. El Consejo General del Poder Judicial seguiría funcionando a través de la Comisión Permanente, igual que la Diputación Permanente se queda de guardia en las Cortes hasta que se constituyen unas nuevas. Sobre esto existen precedentes. En marzo de 1996, el órgano de gobierno de los jueces se quedó sin el número de miembros necesarios para celebrar plenos tras la dimisión de seis de sus vocales –cuatro designados a propuesta del PSOE y dos a propuesta de IU y el PP, respectivamente–. Y hasta su renovación definitiva a finales de julio, los asuntos de trámite y urgencia se abordaron a través de la Comisión Permanente.
La idea de una renuncia masiva tampoco gusta al resto de asociaciones judiciales. "Sería una irresponsabilidad", considera Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente. En la misma línea se pronuncia Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria: "Los perjuicios que existen de crédito institucional se multiplicarían". Ambos, además, recuerdan que el CGPJ es mucho más que los nombramientos en la cúpula judicial. Entre otras cuestiones, se encarga de la inspección y vigilancia de juzgados y tribunales, de acordar los refuerzos, de la Escuela Judicial, del régimen disciplinario y de la tramitación de bajas y permisos. "Un mal funcionamiento, por lo tanto, perjudica a los jueces a nivel laboral", recuerda Oliva.
La batalla en el seno del Poder Judicial
La asociación judicial de corte progresista, que no es la primera vez que pide una renuncia en masa, es dura en su comunicado. Así, señala que quienes permanecen como vocales del órgano "contribuyen decisivamente" al mantenimiento de una situación que choca frontalmente con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Personas que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico, prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno", resalta el colectivo. Y sentencia: "Con su proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos que se encuentra en franca descomposición".
La nota difundida en pleno quinto aniversario de esta anomalía democrática carga también contra el "servilismo a opciones partidistas" que mancha "la imagen de imparcialidad de la judicatura". Y contra el proceder del "grupo mayoritario". Así, recuerdan el pronunciamiento que el denominado bloque conservador forzó sobre la amnistía cuando ni siquiera se conocía la literalidad de la proposición de ley. O la estrategia dilatoria que empleó en el caso de la renovación del Tribunal Constitucional. O el pronunciamiento "con su cargo caducado y en funciones" en contra de la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, un rechazo que nunca antes se había producido en la actual etapa democrática.
Esta última cuestión es la que ha provocado el enésimo enfrentamiento entre bloques dentro del CGPJ. Frente al pronunciamiento mayoritario, que decidió considerar como "no idóneo" al fiscal por la "utilización espuria de las importantes potestades" que se le confirieron, el grupo progresista ha emitido un voto particular, al que se ha adherido el presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces, en el que consideran que sus compañeros se extralimitaron. "Debería haberse limitado a la verificación de su idoneidad en los términos expuestos", sostienen los vocales, quienes recuerdan que el examen del CGPJ siempre ha estado acotado "al cumplimiento de los requisitos y méritos legalmente establecidos", sin entrar a analizar de manera amplia la "trayectoria profesional".
En este sentido, sacan a colación el Pleno del 27 de octubre de 2016 que valoró la designación de José Manuel Maza como fiscal general del Estado. "Se abordó el alcance del informe sobre la idoneidad del candidato y fue desestimada la posición de los vocales que propugnaban un examen amplio sobre la trayectoria profesional y méritos de la persona propuesta, siendo que los referidos vocales emitieron un voto particular sosteniendo su postura", recuerdan los vocales en su escrito.
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Pese a las perturbaciones que está situación de interinidad está provocando en el sistema judicial –actualmente casi un tercio de las vacantes en el Supremo están sin cubrir–, sigue sin atisbarse en el horizonte cercano un acuerdo político que permita desbloquear de una vez por todas un bloqueo sin precedentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto este lunes a hacer un llamamiento al principal partido de la oposición para que facilite la renovación. Pero en el PP no parecen dispuestos a dar ese paso si no se reforma antes el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que aquellos de procedencia judicial sean elegidos por sus compañeros: "De Pedro Sánchez no nos fiamos un pelo".
"Uno tiene la sensación de que seguimos siendo objeto de un debate, ajeno al interés de la carrera judicial, donde los agentes del sistema tratan de obtener un rédito político de la renovación/no renovación", se lamentaba este fin de semana el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte. Lo hacía en un artículo en el diario El País en el que ponía sobre la mesa algunas propuestas para que a los partidos les deje de resultar atractivo colonizar este órgano. Así, plantea que los presidentes de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y sus salas sean elegidos por sus propios miembros, como se hace con los jueces decanos. Y que de los nombramientos para el Supremo se encargue un tribunal, dependiente del CGPJ, del que formen parte magistrados de la Sala en la que se quiere cubrir un puesto, catedráticos, abogados del Estado...
"Los partidos quieren controlarlo justamente por esos nombramientos discrecionales", apunta Portillo. Por tanto, no le suena mal la música que escucha. Le gusta la idea de que los cargos discrecionales con funciones gubiernativas sean elegidos democráticamente entre los jueces. Y no le parece mal que se reduzca la discrecionalidad en lo que se refiere a las designaciones para el Supremo. Ahora bien, considera que aún sería necesario perfilar esa propuesta del tribunal de expertos: "¿Quién va a elegir a esos profesionales?". También a Oliva le gusta lo que oye. "Todo lo que sea baremar de forma objetiva nos parece buena idea", desliza. Y concluye: "Puede ayudar a la hora de restar interés político en el CGPJ. Ahora bien, yo creo que va a ser muy difícil que lo acepten los partidos".
