Ayuso sortea el veto legal a las empresas sin plan de igualdad y otorga 2,4 millones a una exedil del PP

La adjudicación de un contrato de 2,39 millones a Ariete Seguridad SA, triunfadora en múltiples licitaciones de la Comunidad de Madrid respecto a labores de vigilancia y capitaneada por quien hasta 2017 fue primera teniente de alcalde por el PP en Alcorcón (170.000 habitantes), Silvia Cruz, ha abierto la puerta de las dudas sobre hasta qué punto cumple el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la prohibición de contratar a empresas que carezcan de un plan de igualdad entre hombres y mujeres. El contrato para la vigilancia durante dos años de instalaciones deportivas adscritas a la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura acabó formalizándose el 19 de diciembre pese a que en aquel momento –y aún hoy– Ariete Seguridad carecía de un plan de igualdad. El titular de la Dirección General de Deportes es Alberto Tomé. Tal como hace constar en su cuenta personal de Linkedin, Tomé ocupó el cargo de coordinador del grupo municipal del PP en Alcorcón entre julio de 2015 y septiembre de 2016.

En septiembre de 2023, Ariete Seguridad inscribió en el Registro de Convenios (Regcon), de acceso público, un plan de igualdad. Lo hizo días antes de que el Tribunal Administrativo de Madrid le asestara una bofetada legal por no disponer de tal documento. A instancias de otro licitador, el tribunal anuló la adjudicación provisional que en favor de Ariete se había dictado en agosto y obligó a la Consejería de Cultura a dar marcha atrás para repetir la tramitación del expediente. Ariete trató en efecto de inscribir un plan de igualdad pero al final, y a instancias de UGT, hubo de comprometerse por escrito a desistir de su tramitación y a abordar con los sindicatos la negociación para aprobar uno ajustado a la ley, dado que el primero lo había pactado solo con un sindicato minoritario.

Pese a la existencia de tal compromiso oficial, plasmado en un acta de la Fundación SIMA –el órgano de mediación extrajudicial donde patronal y sindicatos comparten asiento bajo la tutela del Ministerio de Trabajo– y a la obligación de inscribir el plan en el Regcon, la Consejería de Cultura formalizó el 19 de diciembre el contrato que, ahora ya de manera definitiva, le había adjudicado a Ariete Seguridad el 17 de octubre. Seis días después del 17 de octubre, se produjo el acuerdo del SIMA, fruto de una petición formulada por UGT el día 9 de ese mismo mes.

Tal como figura en el acta del acuerdo de SIMA, la empresa se comprometía “a solicitar en Regcon la suspensión de la tramitación de la inscripción del Plan de Igualdad presentado el 13 de septiembre de 2023 y con número de registro 013373”. Este miércoles, infoLibre verificó en el citado registro público que aún no ha finalizado la tramitación del plan de igualdad de Ariete Seguridad, cuya negociación había de comenzar el 14 de noviembre y prolongarse como mucho un “máximo de tres meses”. “La negociación –expone Ángel García, secretario del sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de GT Madrid– está a punto de acabar y espero que se firme pronto el acuerdo para el plan de igualdad de Ariete”.

La empresa no ha respondido a las preguntas escritas que, por indicación de quien atendió la llamada telefónica, le hizo llegar infoLibre sobre este caso.

Un real decreto nítido y taxativo

Apenas una semana antes de que el contrato para la vigilancia de instalaciones deportivas quedase formalizado  –la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) tuvo lugar el pasado 5 de enero–, el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid compareció ante la Asamblea regional para responder a preguntas sobre aquella adjudicación.

Alberto Tomé –y así figura en el Diario de Sesiones del 11 de diciembre– sostuvo que inscribir el plan de igualdad en el Regcon no es obligatorio. Y que para admitir a una empresa con más de 50 trabajadores –las obligadas por ley a disponer del plan de igualdad– en una licitación pública basta con que esta incluya en su “declaración responsable” que cumple todo lo marcado por la ley. “La normativa de contratos –dijo– no establece la obligación de inscripción de dicho plan en el Regcon”. Tomé omitió que un Real Decreto de 2020 impone de forma nítida y taxativa su inscripción en el citado registro de convenios.

infoLibre envió a la Consejería de Cultura de Madrid no solo copia del acta del acuerdo del Sima sino también el artículo del citado Real Decreto [el 11, que puedes pinchando aquí ] que obliga a inscribir los planes de igualdad y un párrafo de la resolución por la que, en relación a otro concurso, el Tribunal Administrativo ya había obligado también en septiembre a la Comunidad de Madrid a dar marcha atrás y exigir de nuevo a los licitadores disponer de un plan de igualdad… del que carecían Ariete Seguridad y otra mercantil aspirante a asumir la vigilancia de un centro también dependiente de la Consejería de Cultura.

En el citado párrafo de aquella resolución de mayo [puedes leerla pinchando aquí] aparece lo que sigue: “La justificación de disponer efectivamente del Plan de Igualdad […] se verifica con la inscripción del mismo en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos (Regcon), pues esta inscripción es obligatoria en virtud de los artículos 45 y 46.6 de la Ley Orgánica […] para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, y en el artículo 11.1 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre”. “Esta inscripción –remata el párrafo– la pueden comprobar los servicios correspondientes del órgano de contratación, pues el Regcon es público.

¿Basta con una declaración que nadie comprueba?

Pese a la literalidad de lo transcrito en las líneas de arriba, los interlocutores de la Consejería de Cultura se aferraron a que, como dijo el director general en sede parlamentaria, no hay obligación legal: “La inscripción en el Regcon es obligatoria para la propia empresa a nivel laboral pero no para la contratación administrativa, ya que en este nivel, la administración exige que la empresa aporte una declaración en la que indique que cuenta con un Plan de Igualdad si su plantilla es de 50 o más trabajadores”.

La inscripción en el Registro –insiste el Ejecutivo–, el método más valioso para comprobar la situación de una empresa sobre los planes de igualdad, “no es obligatoria para ser adjudicatario de un contrato, ya que es suficiente haberla solicitado o incluso disponer del plan, así lo establecen las resoluciones del tribunal de contratación”. Al aferrarse a la declaración de responsabilidad que han de aportar los candidatos a un contrato público en Madrid deja en el aire una pregunta todavía pendiente: ¿y qué ocurre si la empresa falsea los datos en esa declaración?

La Consejería no respondió a la pregunta de si en el expediente para la vigilancia de instalaciones deportivas participó en algún trámite el director general de Deportes, que entre 2015 y 2016 compartió estancia en el Ayuntamiento de Alcorcón con la administradora única de Ariete Seguridad.

El documento cuya existencia ignoraba la oposición

El documento del Sima era totalmente desconocido para la oposición. Ni Más Madrid –solicitante de la comparecencia de Alberto Tomé en diciembre– ni el PSOE lo mencionaron por tanto en aquella sesión. Sencillamente, ignoraban lo sucedido y así lo han asegurado a infoLibre fuentes de ambas formaciones. ¿Conocía la Mesa de Contratación de aquel concurso que Ariete Seguridad se había quedado, definitivamente, sin plan de igualdad al comprometerse a solicitar “la suspensión de la tramitación de la inscripción del Plan de Igualdad”? Esa pregunta tampoco obtuvo respuesta oficial. La mesa está conformada por funcionarios de la Comunidad.

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En opinión del portavoz del PSOE en la comisión de vigilancia de contratos, Daniel Rubio, el caso del contrato de vigilancia de instalaciones deportivas “nos lleva a una preocupación real y pública, más que tangible, sobre muchos de los concursos públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, de reciente adjudicación”. Exactamente, desde que el 1 de enero de 2023 entró en vigor la modificación legal que obliga a todas las empresas con más de 50 empleados –Ariete cuenta con alrededor de mil– a tener un plan de igualdad.  

En conversación telefónica con infoLibre, Rubio subraya que el caso de la Consejería de Cultura contrasta con cómo la de Sanidad excluyó de un concurso multimillonario –vigilancia y seguridad de centros sanitarios de atención especializada– excluyó a la UTE Ariete-Emysi porque la segunda no aportó un plan de igualdad.

Emysi es otra rama del grupo que encabeza Ariete Seguridad y del que constan como propietarios los padres de la exconcejal Silvia Cruz. En febrero de 2022, y según los datos del portal de contratación, Ariete ya sumaba casi 24 millones en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid obtenidas a lo largo de un trienio. Entre ellas, y concedidas a dedo al igual que las relacionadas con otros 11 hospitales, figuran las de vigilancia del Isabel Zendal, el macrocentro sanitario presentado por Isabel Díaz Ayuso como icono de su política sanitaria durante la pandemia. En total y en números redondos, ascendían a 7,5 millones los contratos adjudicados a la mercantil desde 2019 mediante procedimientos “negociados sin publicidad” o de “emergencia”.