El viacrucis judicial por la corrupción del que el PP se olvida para abonarse al ‘caso Koldo’
El caso Koldo, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones vinculado a varias adjudicaciones públicas para la compra de material sanitario en los meses más duros de la pandemia, se ha convertido en el talón de Aquiles del Gobierno en pleno arranque de la legislatura. En la oposición son conscientes de ello. Y por eso no han dudado en convertir desde el primer minuto esta causa judicial en el principal ariete político contra el PSOE. El PP tiene previsto iniciar esta semana una "larga ofensiva" parlamentaria e institucional con la corrupción como tema estrella para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Exactamente la misma lacra que persigue desde hace años a la formación conservadora y por la que vive de manera permanente un viacrucis judicial.
La Audiencia Provincial de Madrid acogerá en las próximas semanas el interrogatorio a quien fuese uno de los grandes símbolos del Partido Popular: Rodrigo Rato, el artífice del llamado "milagro económico español". El exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional se sienta por tercera vez en el banquillo –ya fue condenado por las tarjetas black y absuelto en el caso Bankia– acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Bajo la lupa, la fortuna en el exterior que el exmandatario habría ocultado al fisco. En su escrito de acusación, Anticorrupción hablaba de "incrementos patrimoniales no justificados" de 15,63 millones de euros entre 2005 y 2015.
No es el único exministro del Gobierno de José María Aznar que tiene cuentas pendientes con la justicia. A finales de marzo está previsto que se retome también en la Audiencia de Valencia el juicio contra Eduardo Zaplana, extitular de Trabajo y expresident de la Generalitat. Es el llamado caso Erial, centrado en el supuesto cobro de comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. Anticorrupción cifra en 20,6 millones de euros la fortuna que logró amasar la trama. El Ministerio Público solicita para Zaplana, que siempre ha negado los hechos, 19 años de cárcel por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.
Con la vista puesta en la justicia está también Francisco Camps. En su caso, se encuentra a la espera de sentencia tras una vista oral que concluyó en octubre. Esta causa, la última que persigue al exdirigente conservador, se centra en la adjudicación por parte del Ejecutivo valenciano a una de las empresas de la trama Gürtel, Orange Market, de la instalación de un stand en Fitur. En su momento, el instructor vio un "arsenal de indicios" como para afirmar que Camps "participó en el direccionamiento" de la adjudicación a favor de la firma a cambio de su "paciencia y resignación" ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP regional tenía con ella. En la recta final del juicio, Anticorrupción rebajó su petición de pena a un año de cárcel por tráfico de influencias en concurso con prevaricación.
No es, sin embargo, el único fleco que aún queda pendiente de Gürtel. Para finales de junio está previsto que comience también en la Audiencia Nacional el juicio oral por la pieza separada de esta macrocausa de corrupción relativa a las adjudicaciones supuestamente irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Y aún queda por fijarse fecha para la vista oral de la llamada pieza principal, relativa a la supuesta evasión fiscal y blanqueo de la trama corrupta. También a la espera está el primer juicio del caso Lezo. Se trata, en este caso, de la pieza centrada en la compra de la sociedad colombiana Inassa por el Canal de Isabel II. Tenía que haber arrancado la pasada primavera pero se suspendió por la huelga de funcionarios.
Acabada, y a la espera de que se señale fecha para que comience el proceso ante el tribunal, se encuentra también Kitchen, la operación parapolicial con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el PP que pudiesen estar en manos del extesorero Luis Bárcenas. En el horizonte tiene también la formación conservadora otras tantas piezas relativas al caso Púnica y Lezo, que cercan, entre otros, a los expresidentes madrileños Francisco Granados e Ignacio González y sobre las que aún debe fijarse día y hora para el comienzo de la vista oral.
El que ya tiene reservado un hueco en la apretada agenda judicial es el caso Campus de la Justicia. Esta causa, que acorrala a quien fuera exvicepresidente y exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, se centra en las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos alrededor del macroproyecto puesto en marcha por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para levantar numerosos edificios que debían albergar las instituciones y sedes judiciales de la región. Salvo cambios de última hora, la vista oral debería dar comienzo el próximo mes de marzo.
