De la jueza que se negó a bajar la pena a 'La Manada' al juez de referencia de Feijóo: radiografía del nuevo CGPJ

Tras cinco años y medio de bloqueo, PSOE y PP han pactado finalmente la tan esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acuerdo, sellado este martes en la sala de prensa del edificio principal de la Comisión Europea bajo la atenta mirada de su vicepresidenta Vera Jourová, incluye una batería de medidas para reforzar la independencia del Poder Judicial, entre las que se encuentra el compromiso de estudiar una futura reforma legal del sistema de elección de vocales. Y, por supuesto, una lista de veinte nombres para pilotar el órgano de gobierno de los jueces durante los próximos cinco años. Aún falta por conocer, no obstante, quién será el encargado de presidir el CGPJ y, con ello, también el Tribunal Supremo durante el nuevo mandato.

El futuro Consejo General del Poder Judicial, integrado por 12 jueces y ocho juristas nombrados a partes iguales por Congreso y Senado, no será paritario: 12 vocales hombres frente a 8 mujeres. En la lista de vocales de extracción judicial hay magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia –en concreto, de los de Navarra y Cataluña–, de Audiencias Provinciales –en concreto, de la de Barcelona, Logroño, Cuenca o València– y de primera instancia. Y por el turno de juristas, fiscales, letrados y hasta el responsable algún órgano consultivo a nivel autonómico que el PP quiso en su momento colocar en el Constitucional.

Ligados al Alto Tribunal figuran Ángel Arozamena, José Antonio Montero y Ricardo Bodas. Los dos primeros proceden de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, una de las más castigadas por el bloqueo de nombramientos derivado de la resistencia de la formación conservadora a la hora de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Bodas, por su parte, ha estado vinculado a la Sala de lo Social, otra de las que tiene mayor número de puestos vacantes, hasta su jubilación hace un par de años. De ahí que, en este caso, se le designe vocal por el turno de juristas de reconocido prestigio.

En la lista de jueces que pasarán a formar parte del órgano constitucional figura también el nombre de Alejandro Abascal, procedente de la Audiencia Nacional. El magistrado ha ejercido como juez de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción nº6, el que ha liderado en los últimos años Manuel García-Castellón y por el que han pasado algunos de los casos más mediáticos –desde el caso Tsunami hasta Púnica o el caso Villarejo–. También ha sido responsable del Juzgado Central de Instrucción nº1. Y en la actualidad es juez de refuerzo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Abascal está vinculado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Navarra proceden, respectivamente, Carlos Hugo Preciado y Esther Erice. Ambos son de perfil progresista. El primero ejerce, desde el pasado año, como letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, al que llegó tras su paso por la Sala de lo Social del TSJC. La segunda se desempeña en la actualidad en la Sala de lo Civil y Penal del TSJN. Erice fue, de hecho, la magistrada que el pasado mes de septiembre rechazó que se rebajase la pena a Ángel Boza, uno de los condenados por la violación grupal en los Sanfermines de 2016, tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. En contra del criterio de sus compañeros, consideraba que el simple cálculo aritmético que se hacía no tenía en cuenta la gravedad de los hechos.

La lista incluye, procedentes de Audiencias Provinciales, a Gema Espinosa, José Carlos Orga, Esther Rojo y José Eduardo Martínez. La primera, esposa del instructor del procés, Pablo Llarena, y directora durante casi un lustro de la Escuela Judicial, es magistrada de la de Barcelona. En la de Logroño está, por su parte, el segundo, que hace cinco años figuraba como aspirante al Consejo General del Poder Judicial con el aval de la Asociación Profesional de la Magistratura. Rojo, vinculada también a la APM, es presidenta de la Audiencia Provincial de València. Un cargo que también ocupa, pero en la de Cuenca, Martínez Mediavilla.

La relación de vocales de extracción judicial la completan José María Fernández Seijo, José María Páez y Lucía Avilés. El primero, ligado a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, fue el magistrado de lo mercantil de Barcelona que hace poco más de una década planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los desahucios que derivó en una sentencia que determinó que la normativa hipotecaria era contraria a los intereses de los consumidores. Páez, que contó hace un lustro con el aval de la APM para acceder al CGPJ, es juez decano de Málaga. Y Avilés, por su parte, ejerce como magistrada en Mataró y es fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas.

Una apuesta del PP gallego para el turno de juristas

Por el turno de juristas, además de Ricardo Bodas, también entrará como vocal en el órgano de gobierno de los jueces José Luis Costa. Este magistrado era hasta hace no mucho la apuesta del PP de Alberto Núñez Feijóo para cubrir en el Tribunal Constitucional la silla vacía que dejó el magistrado Alfredo Montoya. Desde 2014 se desempeña como presidente del Consello Consultivo, un órgano al que accedió en 2008 a propuesta de los conservadores gallegos y que se encarga de emitir dictámenes sobre los proyectos de ley que la Xunta de Galicia somete a su consideración o sobre resoluciones de la Administración autonómica y sus universidades. Dictámenes que el Ejecutivo gallego viene usando para enfrentarse al Gobierno central.

En el listado de juristas figura también Bernardo Fernández, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias y exvicepresidente y exconsejero del Ejecutivo asturiano en la etapa del socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil. También la letrada del Tribunal Constitucional Argelia Queralt, el letrado de la Administración de Justicia de la Sala Tercera del Supremo Luis Martín o la letrada de Cortes y actual directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado, Isabel Revuelta, que a comienzos de siglo fue secretaria general técnica de un Ministerio de Defensa entonces liderado por Federico Trillo. Y también dos fiscales: Inés María Herreros, quien fuera presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, y Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria con el apoyo de la conservadora Asociación de Fiscales.

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El paquete cerrado por PSOE y PP este martes también cubre la silla que todavía quedaba vacía en el Tribunal Constitucional y que corresponde al Senado reponer. Para ese puesto se ha elegido finalmente a José María Macías. El abogado ha sido, hasta ahora, hombre fuerte del sector conservador en el Consejo General del Poder Judicial, al que accedió en 2015 en sustitución de Mercè Pigemon, quien dimitió después de que la cazaran llevando 9.500 euros de Andorra a España junto a su hermana. "[El Gobierno pretende] desactivar el sistema democrático y a través de ello impulsar un cambio de régimen", llegó a decir en un coloquio en mayo de 2021.

Macías ingresó en la carrera judicial en 1990, ejerciendo fundamentalmente en lo contencioso-administrativo. Entre 2002 y 2003, en la era de Jordi Pujol, ocupó el cargo de director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña. Y un par de años después pidió la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía. Se incorporó como socio en el prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, donde ejercía cuando dio el salto al Poder Judicial. Y al que, en la actualidad, sigue vinculado.

Su nombre aparece vinculado de alguna manera a la Fundación Faes, el think tank del PP. Así, la memoria del 2005 le menciona como uno de los "asistentes" al Ciclo de Seminarios 'La Reforma del Estatuto de Cataluña', en concreto a las ponencias Salas de Gobierno/Consejos Territoriales de Justicia: modelo de Estado y modelo de Justicia y El futuro de los Tribunales Superiores de Justicia, así como otro seminario o encuentro bajo el nombre El futuro de la organización de Justicia en el marco de las reformas estatutarias. Y la de 2010 le recoge como uno de los "asistentes" a unas jornadas celebradas en mayo con el título Acceso a la Carrera Judicial, que tenían como coordinador al Constitucional Enrique Arnaldo, como ponente al magistrado Pablo Llarena y como asistentes, entre otros, al exministro Federico Trillo.