La dana amenaza con saturar aún más unos juzgados ya sobrecargados

Catarroja fue uno de los municipios más castigados por la dana. La riada se comió buena parte de esta localidad de casi 30.000 habitantes atravesada por la rambla del Poyo. Incluyendo, por supuesto, su sede judicial, que ocho días después sigue impracticable. Las dependencias han quedado inaccesibles, el sótano se ha inundado –habrá que ver la afectación que esto ha tenido sobre los expedientes que aún puedan estar en papel– y ha sufrido desperfectos en el material informático y mobiliario.

De ahí que sus cinco Juzgados de Primera Instancia e Instrucción hayan tenido que ser trasladados a la Ciudad de la Justicia de Valencia. Y de ahí que se hayan suspendido actuaciones y plazos procesales hasta nuevo aviso en un partido judicial que cubre parte de los pueblos que se encuentran en la zona cero de la catástrofe –como Alfafar, Benetúser o Massanasa– y que sólo el año pasado ingresó más de 9.600 asuntos. Un nivel de litigiosidad que la dana amenaza con disparar.

El área castigada por las inundaciones, que han dejado ya más de dos centenares de fallecidos, está conformada decenas de municipios. Y eso engloba a varios partidos judiciales. Las riadas se han cebado con localidades que cubre el de Torrent –Alaquás, Aldaia, Paiporta y Picanya– o el de Requena –Chiva, Cheste y Utiel, entre otros–, que unidos al de Catarroja son los más perjudicados. Juzgados, apuntan fuentes en la zona de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), "muy castigados por la sobrecarga de trabajo" que están asumiendo todas aquellas cuestiones relativas a la catástrofe natural.

"Trabajan de forma incansable", apunta Laura Morell, magistrada de la Asociación Profesional de la Magistratura. Durante la última semana, los jueces de la zona han estado centrados en el levantamiento de cadáveres, comparecencias de familiares de fallecidos, autorización de autopsias o documentación para proceder a enterramientos o incineraciones. Y, al mismo tiempo, han tenido que hacerse también cargo de los detenidos por actos de pillaje o altercados.

Desde que comenzaran las riadas, cuarenta y ocho personas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº3 de Torrent, que ha dictado una treintena de órdenes de prisión preventiva por robo con fuerza con agravantes y que también se ha hecho cargo de la investigación por los incidentes durante la visita oficial a Paiporta. Mientras, por el de Catarroja han pasado siete arrestados por hurtos en bares, supermercados y tiendas.

Mayor saturación en unos juzgados ya saturados

Una carga de trabajo que se suma a la que ya se venía arrastrando. "Todo esto va a provocar una mayor saturación en unos juzgados que ya de por sí estaban saturados", explica Morell. El partido judicial de Catarroja cerró el segundo trimestre de este año –último periodo con datos disponibles– con 4.485 asuntos en trámite, mientras que el de Torrent lo hizo con 8.423 y el de Requena con 5.492.

Procedimientos que deberán seguir tramitándose. "Se va a conseguir sacar todo, pero habrá retraso", vaticina Morell, que recuerda que a lo largo de la última semana se han suspendido "gran cantidad de juicios" que todavía no se sabe cuándo se van a poder recolocar en unas agendas que, dice, se mueven "a un año u año y medio vista".

Una montaña de asuntos que crecerá con el más que previsible aumento de litigiosidad derivado de la dana. Algo que impactará "en todos los órdenes jurisdiccionales". Se da por hecho, por ejemplo, que habrá empresas que solicitarán concurso de acreedores en los juzgados de lo mercantil. "No todos los empresarios volverán a levantar la persiana. La provincia tiene un tejido empresarial de pymes bastante importante", desliza la magistrada de la APM.

Según datos de la Cámara de Comercio de Valencia, los municipios afectados acogen cerca de 49.000 empresas que dan empleo a más de 260.000 personas. Y se calcula que más de medio millar de locales en los que se sitúan pequeños comercios han resultado muy afectados

El Gobierno ya ha puesto en marcha un escudo dana. El mismo incluye líneas de ayuda para empresas. Y también para los particulares, con fondos destinados a la reparación de viviendas o el cambio de muebles, electrodomésticos o enseres. Es en este ámbito donde también puede experimentarse un incremento de la litigiosidad: "Si hay problema con los seguros, se iniciaran procedimientos civiles".

Unas inundaciones que también podrán tener su reflejo en el orden social, con impugnaciones de despidos o ERTEs –hay que recordar, en este sentido, que el Ministerio de Trabajo ha activado un escudo laboral– o con demandas relacionadas con incapacidades o accidentes laborales –mucha gente a la que sorprendió la riada iba o volvía del trabajo–. Y también, aunque en menor medida, en lo contencioso-administrativo: "Imagina viviendas que el ayuntamiento vaya declarar en situación de ruina y sus propietarios se resistan y lo impugnan".

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Con todo esto sobre la mesa, la magistrada hace un llamamiento a la "responsabilidad y la solidaridad" ante una justicia que puede empezar a ir "aún más lenta". Además, pide a las administraciones que se muevan de manera decidida. "Es necesario restaurar rápidamente la sede de Catarroja. Un juzgado en el pueblo da tranquilidad", apunta. En este sentido, la consellera de Justicia de la Generalitat, Salomé Pradas, pidió este lunes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la "creación de líneas de financiación" para acometer las reformas y rehabilitación necesarias en las sedes judiciales afectadas por el temporal.

El real decreto que constituye el armazón jurídico del escudo dana incluye medidas en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, para que los ciudadanos puedan certificar tras la riada la ubicación de los bienes inmuebles, cuyas notas de localización emitirán gratis los registradores.

Además, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado nombrar tres jueces sustitutos –que irán acompañados de tres letrados judiciales– para reforzar al menos durante seis meses los juzgados de Torrent, Requena y Catarroja. Y el Ministerio de Justicia se ha comprometido con la Conselleria de Justicia a valorar la puesta en marcha a futuro de un plan de choque para reforzar los juzgados si hay acumulación de retrasos.