La guerra de la ultraderecha en Perú contra periodistas de investigación y jueces que Hermann Tertsch jalea
Es un homenaje del que podría haber prescindido. El periodista peruano Gustavo Gorriti, junto a Wael al-Dahdouh, jefe de la oficina de Aljazeera en Gaza, Carmen Joukhadar, corresponsal de Al Jazeera en Líbano, y el bloguero Ruan Xiaohuan, alias Program Think, encarcelado en China, ha sido propuesto por Reporteros sin Fronteras (RSF) para el “premio al valor” de la 32ª edición del Premio de la Libertad de Prensa, que se entregará el 3 de diciembre.
“Su trabajo ha conducido a la apertura de investigaciones penales y al derrocamiento de presidentes”, afirma RSF. Gustavo Gorriti es “atacado cada poco por campañas de difamación y desinformación”, y “también intimidado por procedimientos judiciales”. “A pesar de la presión, lucha por no revelar sus fuentes”.
Desde febrero, Gustavo Gorriti, de 76 años, fundador del portal de investigación IDL-Reporteros, de la ONG Instituto de Defensa legal de Lima (IDL), es objeto de una campaña de acoso judicial y mediático sin precedentes. El 3 de febrero, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori (fallecido el pasado septiembre), cuyo partido, Fuerza Popular, ha formado parte de los sucesivos gobiernos de la presidenta Dina Boluarte, ha exigido que se “investigue a fondo” la relación de Gustavo Gorriti con los dos fiscales anticorrupción peruanos José Domingo Pérez y Rafael Vela.
Keiko Fujimori, a la espera de juicio por corrupción en el caso “Cócteles”, que se inició en julio y en prisión provisional desde hace 16 meses, presentó el 20 de febrero una querella de Fuerza Popular por “organización criminal, corrupción y tráfico de influencias” contra el periodista y siete altos magistrados, entre ellos el equipo de la fiscalía especial encargada de las ramificaciones en Perú de la investigación “Lava Jato” (lavado exprés, en portugués). Se trata de la investigación que sacó a la luz los pagos secretos realizados por el grupo brasileño de obras públicas Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La denuncia fujimorista se basa en las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, destituida como fiscal de la Nación, quien, bajo la condición de arrepentido (“colaborador eficaz”), acusó, sin pruebas tangibles, a los jueces del caso Lava Jato de haber “entregado información confidencial” al periodista “a cambio de apoyo mediático”, y a Gustavo Gorriti de “dirigir las investigaciones”.
Una contraofensiva general
“Abrir una investigación por apoyo mediático a los fiscales anticorrupción no tiene sentido. Esto no tiene más que un objetivo: la censura”, comentó Juan Carlos Ruiz, uno de los abogados de IDL. Pero, contra todo pronóstico, a finales de marzo se abrió una investigación preliminar contra Gustavo Gorriti y los magistrados José Domingo Pérez y Rafael Vela por parte del fiscal Alcides Chinchay, especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos. A falta de datos concretos, una de las primeras peticiones del juez fue “toda la información sobre los teléfonos utilizados durante cinco años por el periodista, entre enero de 2016 y abril de 2021”.
La iniciativa fue acogida inmediatamente con satisfacción por el eurodiputado español Hermann Tertsch, representante en América Latina del partido ultraderechista español Vox, impulsada por el Foro de Madrid creado en 2021 en torno a los líderes más prometedores del continente a ojos de la ultraderecha (como el chileno José Antonio Kast, nostálgico de Pinochet, el argentino Javier Milei y Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño) con el apoyo incondicional de los Fujimori, padre e hija, en Perú.
“Hay mucha esperanza en Perú de que las instituciones resistan por fin los ataques de los siniestros grupos de interés de la izquierda caviar de Gorriti y su tropa”, escribió Hermann Tertsch en la red social X, un mes después de su visita a Lima. El representante de Vox pidió “el fin de la impunidad de los conspiradores”. Atribuyendo a Gustavo Gorriti el papel de “orquestador [...] de una red de fundaciones y lobbies woke extranjeros”, el eurodiputado expresó su indignación por el hecho de que el fiscal haya dado al periodista un plazo para entregar su teléfono “en el que habría pruebas para enviarlo a prisión durante mucho tiempo”.
“El fiscal quería que le entregáramos la información de mis teléfonos, y mi respuesta fue no”, explica Gustavo Gorriti, contactado por Mediapart. “De ninguna manera voy a hacerlo. Sería faltar a mi deber de proteger a mis fuentes. Voy a hacer todo lo posible para que no se utilice ninguna información”.
El periodista ha presentado varios recursos y el 3 de septiembre acudió al Tribunal Constitucional para hacer valer su derecho al secreto de las fuentes. En la audiencia, el fiscal Chinchay argumentó que no quería verificar las fuentes del periodista, sino comprobar sus movimientos “por geolocalización”, sobre todo para determinar si había podido reunirse con los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en su domicilio.
El Centro para la Libertad de Expresión, creado por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), envió un dictamen jurídico al juez constitucional, subrayando que la apertura de una investigación penal contra el periodista constituía una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Se trata de una contraofensiva general, a largo plazo, de la extrema derecha y las fuerzas de la corrupción”, continúa el periodista. “El objetivo es desacreditar a los periodistas de investigación, a mí en particular, y a los fiscales especializados en corrupción, especialmente a los que llevaron la investigación del caso 'Lava Jato' en Perú, para cambiar el relato y hacer aparecer a los implicados como víctimas de una serie de calumnias fabricadas por conspiradores”.
Para Gustavo Gorriti, que vivió los días oscuros de la dictadura fujimorista –fue secuestrado por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en abril de 1992–, la actual campaña es de un nivel superior a las orquestadas en su tiempo por Alberto Fujimori y su mano derecha Vladimiro Montesinos, que eran expertos en manipulación.
Han construido un verdadero edificio, una pirámide de calumnias
El periodista señala un “conjunto de medios”, “vinculados entre sí en cada una de las ofensivas”. “Las supuestas revelaciones comienzan en Willax Televisión [dirigida por el financiero Erasmo Wong, pivote de las relaciones de la extrema derecha peruana con Vox y uno de cuyos hermanos, Edgardo Wong, firmó el acta constitutiva del Foro de Madrid, lanzado por Hermann Tertsch - ndr] y son replicadas por los periódicos Expresso, La Razón, Noticias del País, y luego una serie de comentaristas supuestamente imparciales expresan su indignación por las revelaciones, que en un 99% son calumnias.” Esas sucesivas campañas “duran unos días, una semana, dos semanas...”, y “cuando se agotan, se lanzan otras, basadas en un punto que haya quedado en el aire en la anterior”.
En el último episodio, el ex asesor del fiscal, Jaime Villanueva, afirmó que en abril de 2019 Gustavo Gorriti le ofreció abrir una botella de vino para celebrar el suicidio de Alan García, presidente entre 2006 y 2011, quien se disparó en la cabeza cuando la policía acudía a detenerlo por el caso “Lava Jato”. Una “mentira” entre otras muchas, dijo el periodista, que se declaró conmocionado por la muerte.
“Han construido un verdadero edificio, una pirámide de calumnias”, dice Gustavo Gorriti. “Y lograron que algunos medios de periodismo supuestamente estándar, como El Comercio, reprodujeran algunas de las acusaciones extremas, lo que dio pie a los grupos corruptos de la fiscalía para abrir investigaciones hostiles”.
Aunque también ocupan titulares en la prensa fujimorista, los fiscales anticorrupción José Domingo Pérez y Rafael Vela siguen a cargo de las secuelas del caso “Lava Jato” en Perú.
En concreto, han cerrado las investigaciones sobre el ex presidente de izquierdas (2001-2006) Alejandro Toledo, entregado por Estados Unidos en 2023 tras seis años prófugo, y condenado en octubre a veinte años y seis meses de prisión, tras una acusación de José Domingo Pérez. El fiscal detalló los cargos contra Toledo, quien recibió 35 millones de dólares del grupo Odebrecht a cambio de que se le adjudicara la construcción de tramos de la Carretera Interoceánica Sur, que une la costa pacífica peruana con la costa atlántica brasileña.
Pero, al mismo tiempo, el fiscal Alcides Chinchay se comprometió a verificar la integridad de los dos magistrados involucrados en la investigación contra Alan García, y a interrogar a dos de los principales arrepentidos del caso Lava Jato, Miguel Atala, exdirector de PetroPerú, y Luis Nava, uno de los asesores presidenciales de García.
En el caso de García, Odebrecht había pagado por tres contratos: la continuación de la construcción de la carretera interoceánica, el proyecto Olmos para irrigar el lado Pacífico de la sierra con un río amazónico, y la Línea 1 del metro aéreo de Lima. Los millones para García habían sido dirigidos a Miguel Atala y luego entregados al asesor presidencial, según han admitido ambos.
“Las acciones del fiscal Alcides Chinchay forman parte de una campaña para denigrar a los miembros del grupo especial [Lava Jato]”, comentó el juez Rafael Vela. “Esta nueva ofensiva se produce en un momento crítico, ya que varios procesos, entre ellos el del Metro de Lima que involucra a ex funcionarios del gobierno [de García], están llegando a su fin”. Los fujimoristas, como los ex allegados a Alan García, esperan extraer de las investigaciones de Chinchay nuevos argumentos para impugnar los procesos y alimentar su defensa.
“El objetivo es destruir por completo las investigaciones ‘Lava Jato’ y ‘Lava Juez’”, advierte Gustavo Gorriti en el diario La República.
Lava Juez es otro caso más, iniciado en 2018 por IDL-Reporteros a partir de escuchas telefónicas que revelan una red mafiosa entre altos magistrados. Uno de ellos, César Hinostroza, magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo, sospechoso de encabezar una red de corrupción conocida como Cuellos blancos del puerto (de Callao), que negociaba indultos y despidos, se esconde ahora en Bélgica. Sin embargo, ha acudido ahora a los tribunales para obtener la entrega de los archivos de audio de IDL-Reporteros y para impugnar el proceso. Y el 25 de octubre, el juez del Supremo Juan Carlos Checkley ordenó a la Fiscalía recuperar las escuchas de la web de investigación e interrogar a Gustavo Gorriti para que revele sus fuentes.
“Ya se nos ha dado traslado formal para que entreguemos información a la Justicia en los casos Lava Juez y Cuellos Blancos, y la Fiscalía ha registrado nuestras oficinas”, dice Gustavo Gorriti, “pero nos hemos defendido y opuesto a cualquier entrega, y lo hemos dicho con toda seriedad. Eso es lo que le voy a decir al juez Checkley”.
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Según el periodista, la coalición gobernante “ha extendido su poder sobre las instituciones de control”, y “las dos únicas instituciones capaces de enfrentarse al clan de los corruptos”, la judicatura y la fiscalía, se encuentran en una situación frágil. “Hay magistrados que se oponen y que se van a oponer, pero hay otros que están dispuestos a transigir”, comenta Gustavo Gorriti.
Traducción de Miguel López
