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El empresario Víctor de Aldama pide declarar en el 'caso Koldo' y el juez le cita el jueves

El empresario Víctor de Aldama, en una imagen de archivo.

El empresario Víctor de Aldama, en prisión por el llamado caso Hidrocarburos, ha pedido declarar voluntariamente ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, que ya le ha citado para este jueves. Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, De Aldama será interrogado este jueves por el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, ante el que ya compareció cuando fue detenido por el caso Koldo, y quedó en libertad con medidas cautelares, para ingresar después en prisión por otra causa.

Precisamente, De Aldama ha pedido declarar de forma voluntaria después de que la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera mantenerle en prisión provisional por su presunta implicación en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en relación a la cuentas que puede tener en el extranjero.

El juez instructor Santiago Pedraz acordó su ingreso en prisión sin fianza el mes pasado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en el marco del llamado caso hidrocarburos.

En la providencia por la que se le cita a petición propia en el caso Koldo, y a la que ha tenido acceso EFE, se convoca también a la Fiscalía y al resto de partes personadas a la comparecencia, que ha sido fijada a las 10.00 horas de este jueves. El encuentro coincide, además, con la ya prevista para la próxima semana de cinco socios de De Aldama a los que el juez llamó a declarar como investigados en relación con la trama de compra de mascarillas y con la introducción de test de Covid en aeropuertos de Canarias y Baleares.

Los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo, que han propiciado que se le abra una causa en el Supremo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, situaban a De Aldama en un "rol central" de la trama de compra de mascarillas que se investiga en el caso Koldo.

De Aldama, según la UCO, "personifica el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal -en este caso el Ministerio de Transportes- con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección". "En su condición de líder de su organización, ha articulado una compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional, la cual ha experimentado diversas mutaciones a lo largo del tiempo", añade el informe.

En el seno de Transportes, los investigadores han podido observar actuaciones de De Aldama como intermediario con otros países, principalmente Venezuela; el requerimiento para la entrada y circulación en España de personas extranjeras durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos en favor de terceros.

La UCO ha comprobado también que De Aldama, en calidad de consejero asesor de Air Europa, mantuvo un encuentro con Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García en la sede del Ministerio el 10 de junio de 2020. Para el órgano policial, el vínculo del empresario con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con la aerolínea española también "refuerza la posición privilegiada que tenía en este ministerio".

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La relación con Ábalos llegó a ser tan estrecha que además de colaborar en asuntos de la trascendencia del rescate a Air Europa, el empresario fue el encargado de pagar, a través de un testaferro, el alquiler del piso que Ábalos puso a disposición de su entonces pareja, una cifra que alcanzó los casi 89.000 euros. El exministro fue también agasajado con un chalet en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, que De Aldama adquirió en 2021 por más de medio millón de euros.

Según la UCO, Ábalos disfrutó de ese inmueble en contraprestación a las adjudicaciones de los contratos de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y a las gestiones de habilitación de la empresa de hidrocarburos Villafuel, cuyo propietario Claudio Rivas fue quien corrió "con los gastos derivados" del pago de la casa.

La Guardia Civil también aportó "un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama para lograr la infiltración de su organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", valiéndose de Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil también investigado y que estuvo destinado en la embajada de España en Caracas.

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