La “contienda atronadora” es más ruido que parálisis: cinco acuerdos entre PSOE y PP en la España de 2024

“Un pacto de convivencia se protege dialogando: ese diálogo, con altura y generosidad, que debe siempre nutrir la definición de la voluntad común y la acción del Estado. Por eso es necesario que la contienda política, legítima, pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa: una demanda de serenidad. Serenidad en la esfera pública y en la vida diaria, para afrontar los proyectos colectivos o individuales y familiares, para prosperar, para cuidar y proteger a quienes más lo necesitan”.

Este párrafo del discurso del rey del pasado martes se ha llevado todos los titulares de la prensa desde esa noche. Una llamada de atención hacia los partidos políticos por parte de Felipe VI en un tiempo de fuertes decibelios en las Cortes Generales. Unas palabras que han hecho suyas los dos grandes partidos durante estas horas, aunque no se han dado por aludidos directamente.

El mensaje del rey clamaba por los grandes acuerdos, aunque también evidenciaba una crítica directa al sistema político. Algo que también hizo al hablar de la dana y subrayar la “falta de coordinación” entre administraciones. Aunque la legislatura esté llena de ruido y de reproches, durante este año el Gobierno y sus socios han logrado sacar adelante hasta 25 iniciativas legislativas en el Parlamento (diez reales decretos ley, diez proyectos de ley y cinco proposiciones de ley).

La tercera modificación de la Constitución

Y entre esa “contienda atronadora” también ha habido tiempo para varios grandes acuerdos de país en los que han participado tanto el PSOE como el Partido Popular de manera conjunta. Precisamente el rey sancionó el pasado 15 de febrero la histórica reforma de la Constitución para modificar el artículo 49 y eliminar la palabra “disminuidos”. Se trata del primer cambio en la Carta Magna de tipo social, quedando así redactado el apartado: "Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio".

El punto segundo recoge: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

La reforma fue aprobada primero por el Congreso con el voto a favor de todos los diputados a excepción de los de Vox, que dijeron que no querían participar en la imagen de “falso coseno” ni apoyar una reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Senado dio el visto bueno definitivo en una emotiva sesión plenaria el 25 de enero, con el sí mayoritario a excepción de tres ‘noes’ de representantes de la ultraderecha.

El ansiado acuerdo del CGPJ

Este 2024 también trajo uno de los acuerdos más esperados en la política española: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces llevaba bloqueado por el Partido Popular desde hacía cinco años y tanto Pablo Casado como Alberto Núñez Feijóo llegaron a poner decenas de excusas para no firmar en el último momento un acuerdo con Pedro Sánchez.

El pacto requirió de la intermediación de la Comisión Europea, un requisito puesto encima de la mesa por parte de Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno. La foto final llegó el 25 de junio y estuvo protagonizada en Bruselas por parte del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la atenta mirada de Věra Jourová, entonces vicepresidenta de la Comisión Europea.

Es el primer pacto de Estado que alcanzaron Sánchez y Feijóo, que incluyó la tramitación de una proposición de ley para reforzar la independencia del poder judicial, la renovación del Consejo General con una lista pactada entre los dos partidos y el nombramiento de José María Macías para el puesto vacante en el Tribunal Constitucional. La renovación del CGPJ salió adelante en las Cortes con los votos de los dos grandes partidos y fuertes críticas de los socios de investidura y de Vox a la vez.

La unanimidad de la ley ELA

El pasado 23 de octubre en el Senado también se vivió un día de gran acuerdo con la aprobación definitiva por parte de la Cámara Alta de la ley ELA. “Aquí escucho muchos días insultos y faltas continuas de respeto, pero hoy somos una única voz, y eso es algo maravilloso”, celebró aquella jornada el parlamentario socialista diagnosticado de ELA Juan Ramón Amores, que dijo que se podía ir a dormir “tranquilo”. “Hoy demostramos que la política se pone al servicio de las personas”, subrayó también la portavoz del Partido Popular, Alicia García. Previamente en el Congreso la norma recabó a favor todos los votos a favor emitidos.

La norma es un importantísimo paso adelante ya que incluye el reconocimiento de la discapacidad, la atención continuada 24 horas, la formación de cuidadores, ayudas a electrodependientes y a consumidores vulnerables, un plan estatal de atención sociosanitaria, apoyo a la investigación y protección de la Seguridad Social a los cuidadores.

Las ayudas de la dana: todos menos Vox

Las ayudas a los afectados por la dana también ha concitado, a pesar del clima político, el apoyo mayoritario del Congreso. El tercer decreto fue aprobado la semana pasada por parte de la Cámara Baja con el apoyo de todos los grupos a excepción de los parlamentarios de Vox. Este último paquete supone 2.274 millones de euros, que se unen a los 14.000 millones de euros movilizados en los anteriores dos decretos.

La norma contiene el programa Plan Reinicia Auto+, para la adquisición de distintos tipos de vehículos nuevos y seminuevos que puedan sustituir a aquellos que fueron destruidos durante la catástrofe. Este plan tendrá una dotación inicial de 465 millones de euros y permitirá que los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo reciban una ayuda directa de hasta 10.000 euros. Asimismo, se abre un nuevo tramo en la línea de avales del ICO de hasta 240 millones de euros para autónomos y empresas industriales o mercantiles para garantizar una financiación adecuada. En materia de empleo se introducen algunas modificaciones en el ordenamiento jurídico laboral para proteger a los trabajadores ante fenómenos atmosféricos como la dana. Por ejemplo, se reconoce un permiso retribuido de hasta cuatro días por imposibilidad de acudir al centro de trabajo por limitaciones al desplazamiento o riesgo grave e inminente, así como el derecho del Comité de Empresa a ser informado de las medidas en caso de activación de alertas por catástrofes.

La vigencia del Acuerdo de Doñana

Discurso de Navidad 2024 del rey Felipe VI

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Fue a finales del año pasado cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y la entonces vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmaron el conocido como Acuerdo de Doñana, después de tensiones entre las administraciones y hasta un fuerte tirón de orejas por parte de la Comisión Europea.

Pero en este 2024 se ha convertido en el ejemplo de cómo conservar un pacto entre colores políticos diferentes y mantenerlo a lo largo del tiempo, e incluso más allá de sus protagonistas. En febrero Moreno y Ribera cerraron en el sevillano Palacio de San Telmo la polémica sobre el uso de suelos forestales y cultivos en el entorno de Doñana después del cambio acordado entre administraciones y destacaron la vigencia del pacto que habían alcanzado tres meses antes.

El pasado sábado Moreno se reunió ya con Sara Aagesen, sustituta de Ribera en la Vicepresidencia tercera tras su salto a la Comisión Europea. De esta cita salió la publicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de las bases para la realización de proyectos para la mejora ambiental por parte de agricultores en el entorno de Doñana, a los que se destinan 11,5 millones de euros, con una aportación complementaria que realizará la Junta de Andalucía.