“En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa, la ampliación del régimen de excepción por 30 días más”, publicó el presidente Nayib Bukele en Twitter cerca de la medianoche del pasado sábado, 23 de abril. Quería un “permiso” para prorrogar la suspensión de las libertades en El Salvador, donde proclamó el Estado de Excepción el 27 de marzo en su lucha contra las pandillas o maras que asuelan sus ciudades y tras detener a varios miles de personas. La contundencia de la actuación policial, suspendidos los más básicos derechos, pone en peligro la democracia.
La terrible invasión y destrucción de Ucrania por las tropas de Vladimir Putin puede ocultar el deterioro de la democracia en el mundo. Pero el retroceso prosigue y las votaciones cada cuatro o cinco años no garantizan que haya un régimen democratico en un país. Tras un sangriento sábado en el que fueron asesinadas más de sesenta personas, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 27 de marzo el Estado de excepción durante 30 días. Se suspendían las libertades básicas civiles que garantiza la Constitución, se relajaron las condiciones para realizar arrestos, se restringían reuniones y se permitía al Gobierno la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos. Al día siguiente fueron detenidas 4.000 personas, según un jefe policial, de las maras. El mismo Nayib Bukele decía en un tuit: “1.400 pandilleros capturados en solo 3 días. Y no, no saldrán libres. Esto con solo 48 horas de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN. Seguimos…”
En este pequeño país unas 70.000 personas pertenecen a las peligrosas maras y 16.000 están en la cárcel. Con la normativa impuesta por Bukele, los detenidos, se compruebe o no que hayan delinquido, pueden llegar a ser condenados a 30 años de prisión, a 40 o 45 si son “cabecillas” mientras un pandillero de doce años podría pasarse en la cárcel dos lustros. Y la situación en Perú es explosiva. El 4 de marzo el presidente Pedro Castillo decretó el Estado de Emergencia. Hubo manifestaciones con varios muertos.
También se tambalea la democracia en Bolivia y Uruguay [La denominada Ley de Urgente Consideración (LUC)], con casi 500 artículos, limitará las libertades democráticas al acortar la discusión parlamentaria en temas de seguridad pública, relaciones laborales, vivienda, educación, servicios de inteligencia del Estado…], además de Brasil, Nicaragua, Venezuela. Como señalaba a The New York Times la delegada para América Latina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, “el libreto autoritario y populista no tiene ideología. De derecha o de izquierda es igual de alarmante, es el mismo libreto a pesar de partir de posiciones ideológicas opuestas. Hay distintos intentos por menoscabarla”.
Fernando Granda es socio de infoLibre
“En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa, la ampliación del régimen de excepción por 30 días más”, publicó el presidente Nayib Bukele en Twitter cerca de la medianoche del pasado sábado, 23 de abril. Quería un “permiso” para prorrogar la suspensión de las libertades en El Salvador, donde proclamó el Estado de Excepción el 27 de marzo en su lucha contra las pandillas o maras que asuelan sus ciudades y tras detener a varios miles de personas. La contundencia de la actuación policial, suspendidos los más básicos derechos, pone en peligro la democracia.