Cinco jueces sin piedad

La película “Doce hombres sin piedad” nos enseñó que la oposición  de un miembro del jurado popular, reunido para decidir sobre un parricidio,  miembro (Henry Fonda) que argumentó muy bien sus dudas, logró cambiar las opiniones de los otros once que consideraban al hijo culpable de parricidio, para declararle finalmente inocente. 

Este título de la película le sirvió a Jesús Mosterín para escribir  el  artículo  “Ocho jueces sin piedad” (El País, 1/11/2016), en el que criticaba, con una durísima y excelente argumentación, la sentencia del Tribunal Constitucional nº 177, de 20 de octubre de 2016, que acordó la constitucionalidad de la tauromaquia como patrimonio cultural. La sentencia la votaron y firmaron ocho jueces (salvo dos, que emitieron un voto particular) de los diez que participaron en el Pleno. Dicha sentencia, emitida por un recurso de inconstitucionalidad de 50 senadores del Partido Popular,  declaró inconstitucional también el art. 1 de la Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña nº 28/2010, de 3 de agosto. En el artículo primero decía: ”se añade una letra, la f, al apartado 1 del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el decreto legislativo 2/2008, con el siguiente texto: “f) las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, salvo, las fiestas a que se refiere el apartado 2” (correbous). 

Como el Tribunal Constitucional no había dictado sentencia, entre medias, en el Congreso y el Senado se aprobó por la mayoría absoluta del Partido Popular, ya en el gobierno,  la Proposición de ley 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, cuya Proposición el Grupo Popular envió al TC, el cual unió al anterior recurso.

Con estos datos y leyes, el Tribunal Constitucional hormó, aormó o ahormó la sentencia que Mosterín criticó (si la horma es un utensilio de los zapateros para hacer zapatos, también se dice de los toreros, cuando por medio de la muleta se dispone al toro en suertes, cuadrarle y clavarle la espada).

Cinco han sido los jueces que, por unanimidad y sin piedad, han encausado al fiscal general del estado, Álvaro García Ortíz, finalmente por posible revelación de secretos, que no investigado ni  imputado. En la situación política actual da lo mismo. En la mañana de este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Cuca Gamarra, Juan Bravo o Elías Bendodo han empleado la palabra “imputado” al referirse  al Fiscal General del Estado. 

Susana Gisbert, que lleva 30 años con la toga de fiscal, en un artículo publicado en el digital El Plural, aclara los conceptos, las tergiversaciones y las malas intenciones y escribe que “el Tribunal Supremo daba luz verde a que se pudiera investigar al Fiscal General del Estado”, a pesar de que gran parte de la prensa lo haya afirmado, no se le ha imputado” (recuerda que fue el PP el que suprimió la palabra imputado por “investigado”, término más ambiguo). “Por darle un nombre, podríamos decir que el TS lo declara “investigable”.” Es en este punto, con la finura de Fiscal con treinta años de carrera, cuando critica el procedimiento seguido, “porque lo hace de un modo distinto al acostumbrado. En lugar de hacer una investigación posterior a la recepción de la querella en el órgano instructor que decidiera si hay indicios para ir adelante contra el aforado, que es el criterio que se estaba empleando, hace lo contrario. Tiremos p´adelante y luego Dios dirá”.

“El Tribunal Supremo abre la puerta a que se pueda investigar al Fiscal General del Estado, pero el Tribunal Supremo lo hace de un modo distinto al procedimiento acostumbrado”. Por tanto, el que tiene un problema muy gordo es el Tribunal Supremo. Desde que se presentó la querella, pasó por el juez instructor, llegó al Tribunal Supremo, la examinó, eliminó como delito la nota de prensa y se quedó con “la posible revelación de secretos”, hasta hoy, miércoles, que escribo, reina el silencio más absoluto en el  Tribunal Supremo. Ya sabemos que la justicia es lenta, pero este asunto supera con mucha ventaja a otros. Está en juego la inocencia del fiscal general del Estado que encarna ahora Álvaro García Ortíz, quien ha afirmado que “el Fiscal General del Estado no se dedica a filtrar correos”.  “Dos años, tres meses y ni un minuto de tregua para el fiscal del Estado”,  escribe Xosé Hermida en una relación pormenorizada ( El País, 20/10/24 ), en la que los jueces han intervenido en varias ocasiones. Como la unanimidad otra vez de cinco jueces, anulando el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Memoria Democrática.

Está en juego la inocencia del fiscal general del Estado que encarna ahora Álvaro García Ortiz

El enfrentamiento del Tribunal Supremo con la Fiscalía General es tan evidente, coartando la autonomía que García Ortiz reclama y ejerce, como parte del poder del Estado, que no toleran esa “desviación de poder” que creen ver en sus decisiones, la última el informe de la Fiscalía contra el recurso del Supremo contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional.

Como es la primera vez que se ha declarado investigable a un Fiscal General, pienso que los jueces del Supremo estaban convencidos de que su decisión iba a causar tanta conmoción en la opinión publicada, claro está, de la conservadora y de las ultraderechas que llevaría a García Ortiz a dimitir de su cargo, que caería como fruta madura, al socaire del “me gusta la fruta”. Por el contrario, se han encontrado con un García Ortiz fuerte, dispuesto a resistir, como la mejor forma de fortalecer la Institución que representa en lo alto.

Siempre, siempre me acuerdo, cuando escribo de los jueces, del Pleno que convocó el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Díaz Picazo, para anular la sentencia de una sección que había declarado que el Impuesto de AJD debía pagarlo el prestamista. Y lo logró por 15 votos a 13. Como del embrollo en que está metido el Tribunal Supremo le es muy complicado salir,  ¿se atreverá Manuel Marchena a convocar el Pleno de la Sala Segunda para decidir qué camino tomar con el Fiscal General? Termino con las  palabras,  dulces y amargas, de Susana Gisbert, que escribía a continuación de “Tiremos p’adelante y luego Dios dirá. Y, la verdad, ignoro lo que Dios pueda decir, si es que existe y quiere mojarse, pero yo me quedo de pasta de boniato. Y mi toga, ya gastada por más de treinta años de ejercicio, también” (como las sotanas de los curas y de los popes ortodoxos que tienen más mugre que una chimenea). Veremos.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.