En nuestro país se entiende que es un servicio público aquél que en manos institucionales se presta a la población “cuando lo necesita” con un horario de ventanilla. En educación ese “cuando lo necesita” lo decide la Administración del Estado o del Gobierno, nunca las familias receptoras del servicio.
Las familias españolas usuarias de las dotaciones destinadas a la educación pública parece que no precisan de este servicio los días no laborables, ni durante las vacaciones, ni fuera del horario establecido, arbitrariamente acomodado a los caprichos de la administración del servicio, ignorando las necesidades de dichas familias y más particularmente las de los menores de dieciséis años. Tenemos un profesorado capaz de elaborar los contenidos de las distintas materias que se deben impartir en cada curso de los niveles educativos de que consta nuestro sistema de instrucción pública, siguiendo las directrices que señalan las leyes que confecciona el Congreso de los Diputados; un horario escolar y unas instalaciones. El llamado horario extraescolar recoge oficiosa y libremente un totum revolutum de materias y actividades aleatoriamente programadas por sus responsables según su leal entender, las disponibilidades del centro, las necesidades más evidentes y los medios “privados” de que se dispone según el nivel económico de los usuarios.
La administración educativa siempre ha hecho dejación de su responsabilidad en la racionalización y financiación de este tramo horario arbitrariamente ignorado cuando no desdeñosamente contemplado, pese a ser de vital importancia para las familias trabajadoras, víctimas de los horarios laborales incompatibles con las necesidades de padres, madres e hijos; y para el alumnado escolar que sólo en dicho horario podrá tomar contacto con materias y experiencias importantísimas, trascendentales, que de otro modo probablemente jamás estarán a su alcance. Demasiados profesores de primaria y secundaria se aburren en las aulas impartiendo clases, que debieran correr a cargo de auxiliares, en lugar de experimentar y mejorar las sesiones, analizar pormenorizadamente la información de las tutorías y elaborar estrategias personalizadas para los alumnos junto con los equipos multidisciplinares de cada centro, planificando y coordinando la tarea integradora de la educación del alumnado de su colegio o instituto, incluyendo, naturalmente las que se imparten en horario extraescolar. El desperdicio de recursos públicos por falta de coherencia y coordinación es inasumible para una sociedad desarrollada.
Los recursos de carácter público que existen en cualquier población media: pistas de atletismo, gimnasios, polideportivos, piscinas, bibliotecas, casas de la cultura, museos, salas de exposición, salas multiusos, sendas de interés ecológico…, vegetan somnolientos a la espera de que se les integre de manera natural en la formación técnica y humanística para la que fueron concebidos. Es en este ambiente de abulia y despilfarro, en donde los recursos abundan dispersos y desaprovechados, las competencias del profesorado se infrautilizan y se menosprecian, en donde los puestos de trabajo son insuficientes para ofrecer un servicio óptimo que esté a la altura de las necesidades de una sociedad eficiente, moderna y puesta al servicio de la ciudadanía.
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El día que, desde las administraciones con competencias en el ámbito de la educación pública, se asuman los trescientos sesenta y cinco días del año como calendario para prestar integralmente servicios lectivos y no lectivos, en los que permanezcan abiertas las instalaciones y con programas educativos, formativos, lúdicos, deportivos y de toda índole, podremos hablar de un servicio público puesto a la disposición de las necesidades de la infancia, la juventud y las familias españolas. Entretanto las madres y padres españoles seguirán sufriendo las emergencias que les ocasionan las carencias de servicio originadas por los períodos vacacionales y festivos del peculiar calendario escolar, exclusivamente lectivo, ignorando a sabiendas que la educación se compone de algo más que la instrucción en conocimientos y habilidades contemplados en los programas y el calendario lectivo. La educación integral mencionada en los proyectos que editan las respectivas administraciones involucradas en la tarea educativa es una entelequia que no responde a la realidad del parcial e incompleto servicio que se presta a la ciudadanía española.
¿Sabrá el señor Wert, flamante y polémico ministro español de Educación de qué estamos hablando?, ¿lo sabrán en las Consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas?, ¿persistirán en el engaño que se perpetra hasta la fecha de pretender el objetivo de la educación integral ofreciendo un servicio insuficiente, parcial y que ignora las necesidades educativas que la población manifiesta y a la que asiste el derecho a ver dignamente atendidas? Lo veremos palmariamente el próximo día festivo, el próximo puente, el próximo período vacacional cuando las familias deban recurrir a canguros profesionales o a los abuelos o a como su capacidad les dé a entender para cuadrar las jornadas laborales de los adultos con las necesidades de los hijos de cualquier edad, mientras los centros educativos y sus instalaciones permanecen cerrados, sin servicio público.
Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre
En nuestro país se entiende que es un servicio público aquél que en manos institucionales se presta a la población “cuando lo necesita” con un horario de ventanilla. En educación ese “cuando lo necesita” lo decide la Administración del Estado o del Gobierno, nunca las familias receptoras del servicio.