Los enemigos no somos los vecinos sino los especuladores

El 5 de mayo de 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid proclamaba un cambio normativo para lograr reducir al máximo la concesión de licencias urbanísticas en la región y permitir reactivar la economía ante los efectos del covid-19. “Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas excepto las estatales y las vamos a sustituir por declaraciones responsables. De esta manera, estas licencias que se otorgaban en 12 meses se pueden hacer de inmediato para que tanto los ayuntamientos como particulares no estén perdiendo el dinero ni el tiempo”, declaró en una entrevista radiofónica.

Esa cruzada de neoliberalismo económico tuvo varios resultados. El primero, un efecto llamada sobre los especuladores a la caza de ocasiones, que ya en 2018 veían como buen negocio unas denominadas residencias para estudiantes que tuvieron mucho auge. 

El Ayuntamiento de Madrid dice que “la realidad es que los pisos turísticos empezaron como economía colaborativa, pero se ha pervertido esta idea para convertirse en un negocio y se ha desvirtuado su espíritu inicial”. Es discutible su comienzo como economía colaborativa, en todo caso, hace tiempo que derivaron al negocio especulativo. La ausencia de un apropiado control, añadida al egoísmo e irresponsabilidad han generado, como era previsible, el abuso y picaresca en personajes más inclinados a la especulación que a la economía sostenible. Hay que revisar el fallo en los fundamentos de actuación.

Este gobierno municipal, como cualquier otro, no tiene derecho a que su ideología guíe y conduzca su política municipal sin complejos y sin atención a principios superiores. El derecho a utilizar una ideología queda limitado por otras obligaciones de orden superior: las correspondientes a la misión de los ayuntamientos, que es la atención y el servicio a los vecinos. Las obligaciones de esa misión pasan por encima de ideologías, gustos y opiniones.

Si la política municipal se condujera de acuerdo a su misión, se tendría muy en cuenta que el servicio a los vecinos tiene prioridad cuando hay que elegir entre una política de fomento y facilitación del negocio turístico, y una política de protección de los derechos de los propietarios/vecinos, empezando por el derecho constitucional a tener una vivienda digna. Hace poco lo recordó el TS con la sentencia del 30/11/2020. 

Consecuentemente, se respetaría y se haría desarrollar esa misión fundamental de servicio a los vecinos por los medios e instrumentos de la administración municipal, constituyendo el objetivo final de ellos: el servicio a los ciudadanos bajo la dirección y supervisión del ayuntamiento, pero es patente que no es así. Veamos: el artículo 40 de la ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid (OAAE) establece la obligación de que las entidades colaboradoras obtengan la autorización del órgano municipal competente del Ayuntamiento para sus actividades, por lo que los vecinos no tenemos por qué permitir que nos toreen los servicios municipales alegando que no pueden hacer nada en los conflictos y que vayamos a la Agencia de Actividades (cosa que me ha sucedido). 

Es el Ayuntamiento quien debe vigilar que la Agencia de Actividades respete nuestros derechos y es el Ayuntamiento quien debe responder ante nosotros y lidiar con la Agencia si es necesario. No funciona así y los vecinos, en este caso yo y mis copropietarios en una casa de Juan Alvarez Mendizábal, tenemos que oír de los pocos funcionarios que nos escuchan: “No puedo hacer nada, no es mi problema, es competencia de la Agencia de Actividades”.

La trama creada y el sistema de funcionamiento que ha emergido permiten que nadie se sienta obligado a atender al vecino/propietario que reclame sus derechos perjudicados por los responsables de un piso turístico. Cobertura tramposa perfecta si no fuera porque existe la ley, las órdenes municipales y la conciencia. No hay nadie para ayudar porque no se quiere ayudar al haber optado por la dedicación a fomentar actividades económicas de mayor interés y provecho económico y de imagen. Se prefiere la imagen de modernidad y de activación de la economía a una imagen “asistencial”.

La Agencia de Actividades no fue creada para ayudar a los vecinos sino para eliminar “los cuellos de botella” en la concesión de autorizaciones, inspecciones y control, no para defender los derechos de los propietarios ni para ponerse en contra de sus clientes.

Cuento, como ejemplo, lo que hizo la Agencia de Actividades en Juan Alvarez Mendizábal, 15. Realizó su única visita de inspección el 15/02/2021 y a raíz de ella, la Agencia cerró y archivó un expediente a la SL propietaria del piso del conflicto, sin una válida justificación material y formal. Esta actuación fue debidamente protestada y se abrió otro en su lugar. La excusa de la Agencia para archivar el expediente en la primera oportunidad que tuvo fue “no haber encontrado actividad” (por actividad entendían que hubiera gente ocupando el piso, las obras, para la Agencia, no eran actividad). En junio ya había un anuncio de venta en Idealista del flamante local reformado y con obras acabadas, anuncio que envié a diferentes Areas y Servicios del Ayuntamiento y a la Agencia de Actividades para que vieran el prodigio de unas obras que se habían hecho solas, sin “actividad” ni responsabilidad humana.

Los polvos del 5 de Mayo de 2020 se han convertido en los lodos actuales. La opción tomada entonces y los cambios consiguientes han conducido a una situación en la que Socimis y fondos buitres, dedicados a la especulación y ridiculizadores de la economía sostenible, han incrementado su influencia y poder sobre el mercado del hospedaje en viviendas en Madrid, hasta el punto de que el Ayuntamiento paraliza expedientes abiertos por funcionarios que cumplieron su obligación pero que ya no están en esos puestos de trabajo.

El resultado final de esta “reactivación económica” es tremendo: ninguna contribución social o económica (porque los impuestos no se pagan en España sino en Luxemburgo u otros países de conveniencia fiscal), pingües beneficios para los especuladores y una explotación del negocio hasta exprimirlo. Cuando se vayan, dejarán desastres personales y urbanísticos: vecinos de toda la vida expulsados de su casa y barrio ahuyentados por ruidos y molestias, ordenamiento urbanístico degradado, barrios convertidos en “parques temáticos”. Todo ello es fruto de un capitalismo salvaje y depredador que nada tiene que ver con el capitalismo inversor y creador de riqueza que construye y crea una economía sostenible, edificando hoteles o residencias.

Ante este desastre, el Ayuntamiento tiene buena palabras contradichas por los hechos. En Juan Alvarez Mendizábal, 15. Nueve meses después de que el delegado del Area de Urbanismo dijera en la Comisión de Desarrollo Urbano del 23/02/21 “quiero dejar claro que desde que ostento la dirección y gestión del Area de Desarrollo Urbano, este Equipo de Gobierno ha cumplido y hecho cumplir el Plan Especial de Hospedaje al estar plenamente vigente desde su entrada en vigor”. Muy bien dicho, pero los hechos lo desmienten y solicito que ordene a los servicios competentes que corrijan esa situación cuanto antes. No esperemos a la riada de especuladores y pongamos ya los diques preventivos, porque vendrán a explotar lo anunciado en este artículo de Idealista: "La riqueza inmobiliaria de los hogares está en máximos de una década y el mercado da por hecho que seguirá creciendo en los próximos meses".

Jesús Zandueta es socio de Infolibre

El 5 de mayo de 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid proclamaba un cambio normativo para lograr reducir al máximo la concesión de licencias urbanísticas en la región y permitir reactivar la economía ante los efectos del covid-19. “Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas excepto las estatales y las vamos a sustituir por declaraciones responsables. De esta manera, estas licencias que se otorgaban en 12 meses se pueden hacer de inmediato para que tanto los ayuntamientos como particulares no estén perdiendo el dinero ni el tiempo”, declaró en una entrevista radiofónica.