Libertad para algunos, ruina de muchos
La libertad económica por encima de cualquier otro derecho. La sacralización de la propiedad privada como eje de la actividad económica. Tales son los principios que el neoliberalismo no está dispuesto a cambiar.
Cuando se habla del problema de la vivienda, los mismos principios rigen el comportamiento de los gobiernos de derecha y ultraderecha. Controlar los alquileres es, por ejemplo, una medida que esos gobiernos no están dispuestos a aplicar, sin ni siquiera entrar a discutir los pros y contras de la misma.
La Constitución española reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, así como la libertad de empresa en el capítulo correspondiente a los derechos y deberes de los ciudadanos. El derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la CE) forma parte de la regulación constitucional sobre los principios rectores de la actividad social y económica. Para conseguir la efectividad de ese derecho, la Constitución obliga a los poderes públicos, es decir a todos los que tengan competencia en la materia, a “ promover las condiciones necesarias…regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Es evidente que el artículo citado no se cumple en España desde hace tiempo, si es que alguna vez se cumplió. Ello es así porque, en mi opinión, se han priorizado los derechos de propiedad y de libre empresa (convertida ésta en un derecho prioritario de libertad económica) frente a otros derechos ciudadanos. En esta materia como en otras de índole económica, han prevalecido los valores fundamentales del neoliberalismo incluso con gobiernos socialdemócratas y de izquierdas.
Libertad económica y libertades
La Constitución española no habla de libertad económica sino de la libertad como valor supremo del ordenamiento jurídico, junto a la justicia, la igualdad y el pluralismo político en su artículo primero. Si la libertad económica y el derecho de propiedad se imponen, en la práctica, como valores fundamentales, se está impidiendo el ejercicio de otros derechos ciudadanos y se está incumpliendo la Constitución. Cuando se producen conflictos en el ejercicio de los derechos o libertades es obligada la conciliación de intereses, la búsqueda de soluciones, no el predominio de uno de ellos.
En 1959, Isaiah Berlin, argumentaba que la libertad no es un bien abstracto sino que necesita de ser ponderado contra consideraciones rivales, y añadía :” Tanto la libertad como la igualdad están entre los principales objetivos perseguidos por los seres humanos a lo largo de los siglos, pero la libertad total para los lobos significa la muerte para los corderos, la libertad total del poderoso, del dotado, no es compatible con una existencia decente de los débiles y de los menos dotados. No es necesario subrayar, añadió años más tarde, la sangrienta historia del individualismo económico y la competencia capitalista sin restricciones”.
Era necesario subrayarlo en la época en la que estaba escribiendo Berlin, a lo largo de todo el siglo XX, y es necesario subrayar una vez más lo que dicen en la actualidad Naomi Oreskes y Erik Conway en su libro El gran Mito. Cómo las empresas nos enseñaron a aborrecer el gobierno y a amar el libre mercado, libro del que se ha tomado la cita de Berlin.
El mercado de la vivienda, en propiedad o en alquiler, no es un mercado donde rija la mano invisible que tanto les gusta a los neoliberales
El fundamentalismo económico del mercado, la libertad económica como principio han justificado el trabajo infantil, la ausencia de medidas de seguridad en el trabajo, los daños causados por la contaminación o el cambio climático, calificados por Milton Friedman como “efectos de vecindad”. De la misma forma, se justifica ahora los daños que producen en la sociedad y en las personas los, problemas de la vivienda, daños que para algunos serán también efectos de vecindad.
Los que así piensan olvidan lo que dijo Adam Smith, considerado el fundador del capitalismo : “Pero aquel ejercicio de la libertad natural de unos pocos individuos que podría poner en peligro la seguridad de toda la sociedad está y debería estarlo, restringido por las leyes de todos los gobiernos, de los más libres a los más despóticos” (Libro 2, capítulo 2 de la Riqueza de las Naciones, pasaje sobre la banca). Es decir, para Adam Smith las restricciones sobre la libertad están justificadas cuando las acciones de unos pocos individuos ponen en peligro al resto.
Las manos visibles del mercado
El mercado de la vivienda, en propiedad o en alquiler, no es un mercado donde rija la mano invisible que tanto les gusta a los neoliberales. Existen manos bien visibles que lo determinan y que lo han determinado siempre. Los intereses de grupos que han presionado a los gobiernos para que se liberalice el suelo a su manera —o no se construya vivienda social—, la acaparación de vivienda para lanzarla al mercado cuando convenga o los abusos de determinados caseros imponiendo precios y condiciones abusivas, constituyen manos visibles que conforman y alteran el mercado de la vivienda. Hay que citar una vez más a Adam Smith, que conocía bien la presión de los grupos de intereses para determinar los precios, y que dijo que “ es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios” (Libro I, capitulo 10, Parte segunda).
Son muy legítimos los derechos de los caseros a obtener una rentabilidad de su inversión y solicitar al gobierno seguridad jurídica, pero sería deseable que los representantes de esos caseros recordaran a los abusadores que están obteniendo beneficio a costa de personas que están haciendo un gran esfuerzo para vivir dignamente. Por otra parte, el riesgo de impago aumenta si los precios abusivos obligan a muchas personas a dedicar una parte importante de sus ingresos al alquiler de la vivienda.
El problema de la vivienda en España es tan grave que hasta el Banco de España se ha visto obligado a reconocer la necesidad de la intervención de los poderes públicos. Para un necesario pacto de Estado sobre la vivienda es obligado cumplir lo que la Constitución regula sobre esta materia. Desde luego, lo que la Constitución prohíbe es que la ganancia ilimitada de unos pocos ocasione la ruina de muchos, o dicho de otro modo, que la libertad económica de unos pocos signifique la ruina de muchos.
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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.
