La imposible continuidad de Muface
Mientras los conciertos de asistencia sanitaria fueron un negocio rentable para las aseguradoras, nadie habló de crisis en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del estado (MUFACE).
Hoy, y desde que se aprobó el concierto vigente 2022-2024, la crisis de Muface ocupa muchas páginas y espacios de los medios de comunicación, sobre todo de los de ideología conservadora, culpando al actual gobierno de la situación.
La crisis consiste en que a partir del concierto actual, las aseguradoras han comenzado a perder dinero. Según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (fundación IDIS) de septiembre de 2024, las pérdidas de las tres aseguradoras que han concertado con Muface (Adeslas, Asisa y DKW) se acerca a las 200 millones de euros. Adeslas, por su parte, afirma haber perdido 250 millones de euros en el presente concierto, afirmación avalada, según la aseguradora, por una auditoría de la consultora Deloitte, que no se ha hecho pública.
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, de quien depende Muface, ha manifestado que en la consulta preliminar al mercado para formular sus propuestas a las aseguradoras, éstas no han detallado el origen y las causas de las pérdidas alegadas.
Un colectivo cada vez más envejecido
Los jubilados de Muface en 2010 eran un total de 203.016 y en 2023 son 405.558, con el consiguiente aumento de costes que conlleva la atención a personas de mayor edad progresiva.
De acuerdo a los Datos de la Memoria de Muface de 2023, los mutualistas y beneficiarios mayores de 65 años son 424.664, lo que equivale al 28% del total de mutualistas y beneficiarios que son 1.537.701 personas (hombres y mujeres, incluidos los 488.000 atendidos por el Servicio Nacional de Salud (SNS).
La esperanza de vida en España en 2024 es de 84,12 años, lo que quiere decir que muchas de las personas del colectivo indicado permanecerán en Muface durante un número considerable de años.
Si tenemos en cuenta los datos aportados por el informe del Ministerio de Sanidad “Muface, del seguro privado al SNS”, el número de personas mutualistas y beneficiarios atendidas por las aseguradoras es de 1.007.322, en octubre de 2024.De ese total, 321.335 personas son mayores de 65 años, es decir el 31,9%. Si a ese colectivo de edad añadimos los mayores de 55 años, el porcentaje sube al 49,76% del total del colectivo.
La crisis de Muface es una crisis de financiación cada vez más costosa, a costa del erario público, sin que ningún gobierno desde 1986, fecha de la publicación de la Ley General de Sanidad, haya tomado medida alguna para paliarla. Hay que recordar que el artículo 3.2 de dicha ley indica que “la asistencia sanitaria pública se extenderá a todos los españoles. La asistencia sanitaria pública se realizará en condiciones de igualdad efectiva”.
La desigualdad entre los funcionarios de Muface, acogidos a los conciertos privados, y los ciudadanos en general se hace más evidente con la subida de las primas que se va a producir en el concierto 2025-2027
La desigualdad entre los funcionarios de Muface, acogidos a los conciertos privados, y los ciudadanos en general se hace más evidente con la subida de las primas que se va a producir en el concierto 2025-2027 y que inexorablemente se tendrá que seguir produciendo en conciertos posteriores, si no se toman medidas para el traspaso progresivo y ordenado de los mutualistas de Muface al SNS.
La última propuesta del Gobierno
La última propuesta del Gobierno a las aseguradoras se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, número de expediente 1GF/2025, publicado el 23 de diciembre de 2024, propuesta a la que las aseguradoras tienen de plazo hasta el 15 de enero para contestar (plazo que ha sido prorrogado).
El dato más revelador e innovador de la oferta gubernamental consiste en un aumento significativo de las cuantías, de las primas a pagar a las aseguradoras en función de los grupos de edad. De esta forma, por los mutualistas y beneficiarios de más de 74 años, Muface pagará a las aseguradoras una prima mensual de 260,93 euros mensuales, (3131 euros anuales) en 2025; 267,65 euros mensuales (3212 euros anuales) en 2026, y 272,11 euros mensuales (3265 euros anuales en 2027).
Para los mayores de 65 años y hasta los 74, las primas anuales son de 2.034 euros anuales en 2025; 2.086 en 2026 y 2.120 en 2027.
En cambio, para los mutualistas y beneficiarios situados en el grupo de edad entre 15 y 44 años, las primas serán de 514 euros anuales en 2025; de 527 euros anuales en 2026 y de 536 euros anuales en 2027 .
Para atender a la financiación de este coste, la oferta gubernamental se concreta en 4327 millones de euros (1280 millones en 2025;1489 en 2026 y 1558 en 2027), lo que al parecer deja insatisfechas a las aseguradoras, que solicitan un incremento del 40% en relación con el periodo 2022-2024, lo que significaría un coste total de 4929 millones de euros. (Adeslas solicita un 47%)
¿Está justificado que el mantenimiento del privilegio de un colectivo funcionarial produzca recortes en otras partidas necesarias del presupuesto del Estado? En mi opinión, no
Trasvase gradual y ordenado
Es oportuno preguntarse, ante esta situación, si está justificado que el Estado asuma tal incremento continuado de costes, que será —hay que recordarlo— a costa del erario público, es decir teniendo que disminuir otras partidas necesarias. ¿En Sanidad Pública, en Educación, en Servicios Sociales?
¿Está justificado que el mantenimiento del privilegio de un colectivo funcionarial produzca recortes en otras partidas necesarias del presupuesto del Estado? En mi opinión, no. Si no se han hecho las cosas bien hasta ahora, es el momento de hacerlo; hacerlas bien significa el traspaso ordenado y progresivo del colectivo de Muface y de todo el mutualismo administrativo a la sanidad pública.
Hay que recordar que, además del artículo 3.2 de la ley general de sanidad antes citada, el artículo 17 de la Ley General de Seguridad Social de los Funcionarios, ley 4/200, señala que los conciertos para la asistencia sanitaria de los funcionarios se establecerán preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. Se ha hecho todo lo contrario, se han hecho preferentemente con instituciones privadas. Un derecho no puede fundamentarse en el incumplimiento de las leyes. En este caso se ha incumplido la ley general de sanidad y la ley general de seguridad social de los funcionarios.
El informe del Ministerio de Sanidad, antes citado, califica la demanda de las aseguradoras de insostenible a corto y medio plazo por la dinámica de envejecimiento del colectivo mutualista y de inequitativa porque conlleva incrementos porcentuales que serían impensables en el ámbito de la provisión pública directa.
La Fundación IDIS ha calculado que el traspaso de los mutualistas al sistema público obligará a éste a realizar inversiones anuales de 1.214 millones de euros; el coste de la asistencia sanitaria de Muface por aseguradoras es ya en 2025 superior a esa cifra.
El Ministerio de Sanidad ha previsto un plan de transición, en el caso de que las aseguradoras no acepten la propuesta gubernamental, cuidando la situación de los mutualistas inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad y atendiendo al número de traspasados en cada Comunidad Autónoma.
El informe citado, denostado por la prensa conservadora, ofrece soluciones razonables a un traspaso que puede adoptar diversas formas y calendarios negociados con todas las partes, además de las propuestas que se citan en el mismo.
Otra modalidad de traspaso, no prevista en el informe del Ministerio de Sanidad, puede ser un trasvase gradual por edades, comenzando con los mayores de 65 años, al que seguiría el de la franja de edad entre 60 y 64 años, que son los dos colectivos de mayor coste y más necesitados de atención. Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, las aseguradoras practican con este colectivo una selección de riesgos, lo que significa que en no pocos casos son transferidos a un tratamiento u operación en el sector público.
Muface no ha tenido justificación a partir de la ley general de sanidad de 1986, y en un contexto en el que el Estado ha dedicado ingentes recursos a una sanidad pública universal. Resulta paradójico que algunos de sus funcionarios puedan estar fuera de esa sanidad pública.
Una parte de la sanidad privada se sustenta en la existencia del mutualismo administrativo, es decir en los presupuestos públicos. No es función de la sanidad pública sostener a la sanidad privada, sin perjuicio de los convenios que se puedan mantener en condiciones de equidad.
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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.