El oligopolio del recibo de la luz

El asunto de abaratar el recibo de la luz es un problema muy complejo, nos dicen tertulianos y voceros de la derecha. Más directos son las compañías energéticas contra el anuncio del Gobierno de implementar medidas que reduzcan los precios abusivos de la electricidad y el gas: que se cambie el recibo sin poner en riesgo sus ganancias. Hablando claro: que se quiten los impuestos para que ellos sigan ganado a manos llenas. Más o menos, lo que viene diciendo la derecha con Casado a la cabeza, lo que ilustra la capacidad que tienen como estadistas que piensan en el bien común: mejor detraer de los presupuestos dinero de las partidas sociales y servicios públicos, que meter en cintura a empresas que están esquilmando al país sin nocturnidad y con alevosía. Nada que no hayan hecho cuando han gobernado.

Ahora amenazan con apagar las nucleares, si el Gobierno sigue adelante con las medias que ha anunciado para rebajar el recibo de la luz. Si tenemos en cuenta que es una energía que supone un coste elevadísimo para el Estado: en su construcción, mantenimiento, seguridad y residuos, por no hablar de riesgo medioambiental y para la salud de la población, a lo mejor nos están haciendo un favor, y no digamos si ese dinero, que se cifra en miles de millones de euros, se emplea en el desarrollo de las energías renovables. Les estaremos muy agradecidos.

Pero mientras tanto, como actualmente no se puede prescindir de esta energía, si tenemos en cuenta que en 2020 el 22% de la electricidad que consumimos se produjo en las centrales nucleares, lo que tiene que hacer el Gobierno es echar mano del artículo 128 de la Constitución y acabar con la amenaza y las tonterías de Casado cuando habla de expropiación, digo yo, ya que es un defensor acérrimo de la Carta Magna:

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

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A buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo digo también por aquello de la dificultad de tener una empresa pública de energía que nos quieren transmitir algunos miembros del Gobierno. Quizá, si se leyeran la Constitución, unos y otros…

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José Manuel González de la Cuesta es socio de infoLibre