Los representantes de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela están de celebración. No es para menos: desde que se hizo público el plan del Gobierno del PP de subrogar el Teatro de la Zarzuela al Teatro Real, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF denunciaron lo que veían como una "privatización". No era solo, a su entender, que los casi 500 empleados de ambos centros vieran peligrar sus condiciones laborales, cuando no sus puestos de trabajo, sino que el Ministerio de Cultura cedía una de sus unidades de producción más relevantes a una fundación que, aunque formara parte del sector público, funcionaba de manera independiente y, en lo laboral, como una empresa privada. Tres meses después, tras la mayor huelga de los teatros públicos españoles en una década, y cuando no parecía haber vuelta atrás, el proyecto se cancela definitivamente.
El nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, parece haber entrado con buen pie en su nuevo puesto. La anulación de la absorción hecha pública el martes por la tarde no solo le ha ahorrado las nuevas movilizaciones ya anunciadas por los sindicatos —que ya suspendieron el estreno de la zarzuela Policías y ladrones en abril— si la idea seguía adelante, sino que ha abierto la puerta a la negociación de problemas enquistados en el Ministerio de Cultura desde hace años. Sindicatos y Gobierno anunciaban, junto con la cancelación de la fusión, una mesa de trabajo que reúna a las distintas unidades de producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y a los representantes de los trabajadores para "mejorar la gestión" del instituto.
La situación no era agradable para el recién llegado. El proceso de sucesión o subrogación de empresa suponía que los 155 trabajadores de Zarzuela (según datos del Ministerio de 2017) dejaban de trabajar para la administración (lo que podía suponer un conflicto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública) y que Cultura perdía los medios de producción del teatro, que pasarían a formar parte del Real. Pero también suponía tener enfrente a los sindicatos, a Podemos, que ya se manifestó en contra del proyecto, o a Ciudadanos, que pese a no oponerse a él frontalmente sí criticó la celeridad del proceso. También al sector de la cultura, que demostró su apoyo a los trabajadores de la Zarzuela a través de un manifiesto firmado por 700 creadores entre los que se encontraban figuras del mundo de la lírica como Ainhoa Arteta, Teresa Berganza y Ramón Tebar o nombres como los de Ana Belén, Rosa Montero o Pilar Bardem.
"José Guirao ha adoptado esta decisión", precisaba el comunicado del Ministerio de Cultura hecho público el martes, "tras analizar las incertidumbres jurídicas, técnicas y operativas que implicaba la fusión propuesta, sobre todo en relación con la subrogación de los trabajadores". Los representantes sindicales aplauden la decisión sin reserva. "Le damos un voto de confianza al ministro, que nos ha demostrado que sabe escuchar", concede Javier Figueroa, secretario general de UGT en el Ministerio de Cultura. "El ministro ha recibido esto con otro talante, de otra manera. Hemos visto que el tema laboral le preocupa y la mesa de trabajo será otra cosa", añade Jesús Álvarez, su homólogo en CCOO. Este último se dice incluso "ilusionado" ante la posibilidad de cambio que abre la mesa y que puede cambiar el funcionamiento de unidades como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Danza o el Ballet Nacional de España, además de la Zarzuela.
Negociación frente a la "rigidez"
El Gobierno del PP aseguraba en abril que la absorción respondía "a la estrategia de impulsar la zarzuela", pero el exministro Íñigo Méndez de Vigo no dudaba en mencionar también una cierta "rigidez" del INAEM. "No es que el INAEM gestione mal la Zarzuela, pero hay una rigidez que no permite flexibilidad en su gestión. (...) Detectamos que puede seguir creciendo si no está sujeto a las rigideces que impone la Administración", decía su secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo. "Dicen que somos poco flexibles. Pero lo que ocurre es que la gente tiene sus derechos", protestaba entonces una representante de Comisiones Obreras. Hoy el tono es más suave. El Ministerio no habla de rigidez o flexibilidad, sino de adaptar la gestión del INAEM "a la naturaleza de sus actividades y potenciar su labor de difusión nacional e internacional de las artes escénicas y musicales". Los sindicatos no se cierran: "No es que el INAEM sea rígido", dice Álvarez, "sino que la Administración suele serlo. Hay que negociar y estamos dispuestos". "Vamos a hablarlo", secunda Figueroa, "aunque manteniendo siempre los derechos de los trabajadores. Eso es voluntad política".
Aunque Ministerio y sindicatos no han acordado aún los puntos a tratar en el grupo de trabajo —"La segunda reunión fueron 10 minutos, pero sí dijimos que nos pondríamos a trabajar inmediatamente", dice Figueroa— estos últimos apuntan a los que consideran los asuntos principales. "El anterior Gobierno nos fue cerrando puertas y poniendo siempre por delante la intervención previa de Hacienda", critica el responsable de CCOO. Esto llegó a producir, según explica el representante de UGT, que los pagos del equipo artístico —que no están en nómina, sino que tienen contratos por obra— se retrasaran hasta dos meses y medio. Los actores de La cocina, dirigido por Sergio Peris Mencheta ya lo denunciaron en 2016, pero no fueron los primeros en hacerlo. Sobre el enfrentamiento entre Hacienda y el INAEM, decía Guirao en una entrevista para EFE: "Voy a intentar que el ministerio de Hacienda entienda nuestra problemática. Mi experiencia con Hacienda es que, si tú explicas y justificas las cosas, es razonable".
Esto también ha causado fricciones con los responsables de las unidades de producción. Antonio Moral, antiguo director del Centro Nacional para la Difusión Musical (CNDM), denunció a su salida el pasado abril: : "En Cultura no manda el ministro del ramo, manda Hacienda". Pero los sindicatos señalan también que debería haber un control más exhaustivo del gasto. "No puedes tener libertad absoluta en el gasto porque este es el dinero de todos", lanza Álvarez. Figueroa también critica ciertos descontroles en el gasto: "Nosotros hemos visto, en plena crisis, gastos de 3.000 euros en pelucas de pelo natural o de 60.000 euros en un espejo. Eso no puede ser". El Tribunal de Cuentas denunciaba a principios de año cifras desorbitadas en los costes de algunas producciones.
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Pero también se ha criticado, dentro del INAEM, la supuesta inflexibilidad de los convenios. Los directores de varios centros artísticos denunciaban en mayo de 2017 que aspectos como la imposibilidad de sumar más de 60 horas extras al año impedía que se realizaran giras. Jesús Álvarez se enciende: "A lo mejor lo que hay que pensar es que no se puede producir con horas extra. Igual es que tenemos a una plantilla demasiado corta. ¿Por qué no giran las unidades del INAEM? ¿De verdad se puede culpar a los trabajadores que agotan sus horas extra, o a quienes no quieren contratar más?". En 2016, el propio Ministerio tuvo que poner coto a lo que se había convertido en una práctica habitual: ceder a empresas privadas las obras hechas en coproducción a cambio de una cantidad irrisoria para que pudieran girar. "Los centros nacionales son de toda España, no solo de Madrid", añade Álvarez, "y esto tiene que ser una prioridad".
En sus demandas, los sindicatos se enfrenten también a ciertas contradicciones. Reconocen, por ejemplo, que las unidades del INAEM tienen naturalezas distintas (el Centro Dramático Nacional mantiene dos teatros en Madrid, la Compañía Nacional de Danza funciona más como ensemble), pero a la vez denuncian las "discrepancias desde el punto de vista sindical" que se producen entre ellas. Pero hoy los representantes de los trabajadores están de buen humor. El miércoles anuncian su victoria a los empleados en una asamblea que se prevé festiva. "Estamos dispuestos a hablar de todo, siempre que se haga desde una gestión pública", dice con buen ánimo el secretario de CCOO. El ministro también debe de estar contento. Al menos, hasta que se sienten a la mesa.
Los representantes de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela están de celebración. No es para menos: desde que se hizo público el plan del Gobierno del PP de subrogar el Teatro de la Zarzuela al Teatro Real, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF denunciaron lo que veían como una "privatización". No era solo, a su entender, que los casi 500 empleados de ambos centros vieran peligrar sus condiciones laborales, cuando no sus puestos de trabajo, sino que el Ministerio de Cultura cedía una de sus unidades de producción más relevantes a una fundación que, aunque formara parte del sector público, funcionaba de manera independiente y, en lo laboral, como una empresa privada. Tres meses después, tras la mayor huelga de los teatros públicos españoles en una década, y cuando no parecía haber vuelta atrás, el proyecto se cancela definitivamente.