Los libros de texto como paradigma de la batalla educativa

A finales de agosto, la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (Anele) emitió un comunicado que sonó como un suspiro de alivio: "Los libros de texto para el curso 2015-2016 han llegado a tiempo al inicio del curso a pesar del clima de incertidumbre sobre el proceso de implantación de la LOMCE".

Anele presentaba su Informe de Evolución de los Precios de los Libros de Texto, constatando que han experimentado "una ligera subida del 1,05% de media, a pesar de que ha sido necesario realizar grandes inversiones y reforzar los equipos editoriales para adaptar los manuales a los nuevos currículos en tiempo récord". Todo ello, en un contexto de reducción de tiradas como consecuencia del menor gasto en libros de texto y del repunte de los precios del papel.

Los editores admitían que la "reducción e incluso desaparición" de las ayudas públicas podían incidir en un incremento del gasto familiar, si bien el gasto medio por alumno en lo que va de legislatura ha pasado de 111,12 euros en 2011 a 91,62 euros en 2014, casi 20 menos. Y si analizamos la venta de ejemplares por alumno, ha bajado de 7,13 en 2008 a 4,94 en 2014.

El "ufff" de los editores culminaba una larga serie de desencuentros políticos y educativos que habían desembocado en un verano movidito.

Echemos la vista atrás… no se asusten, no mucho.

Resumen (muy resumido) de lo ocurrido

Al año siguiente de su acceso al poder, es decir, en 2012 y so pretexto de imposibilidad económica, el gobierno del Partido Popular redujo estrepitosamente las ayudas para libros y material escolar, una partida considerable del presupuesto de familias con hijos en edad escolar.

A ese apretarse el cinturón en este y otros aspectos de la vida educativa, que muchos tenían por ideológico y que desde el poder se justificaba aludiendo a razones presupuestarias, siguió la voluntad gubernamental de sacar adelante una nueva ley educativa, cosa que hizo en solitario.

Tal fue el enfado que, como se recordará, en julio de 2013, un día después de que el pleno del Congreso rechazara las once enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma educativa que promovía el ministro de Educación, José Ignacio Wert, todos los grupos de la oposición (excepto UPyD y Foro Asturias) se comprometieron por escrito a derogar la ley cuando llegaran al gobierno.

Unos meses después, en noviembre, el Congreso aprobó la llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con los únicos votos a favor del PP. Una ley a la que muchos vaticinaban una vida muy corta, que se implantaría en dos etapas (el curso 2014-2015 en Primaria y Formación Profesional Básica, el curso 2015-2016 en Secundaria, Bachillerato y FP de grado medio y superior), y cuyos primeros meses de singladura transcurrieron cargados de problemas.

Un botón de muestra: en mayo de 2014 el Consejo Escolar del Estado, en el que participan familias, profesores, alumnos, sindicatos y patronales educativas, aprobó una iniciativa en la que exigían al Ministerio de Educación que garantizara libros de texto y material escolar gratis.

El panorama se enrareció aún más cuando, tras las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, las nuevas mayorías autonómicas anunciaron medidas para frenar la implantación de la ley en base a las competencias que en materia educativa tienen las Comunidades Autónomas.

Para entonces, el frente de los libros era uno de los más polémicos. El 19 de junio, ANELE manifestó su preocupación con las declaraciones a favor de derogar la normativa del PP surgidas tras las elecciones locales, recordó que sus asociados habían hecho un esfuerzo inversor de cerca de 200 millones de euros para elaborar los libros de texto y materiales adaptados a la reforma educativa, y amenazó con "interponer las acciones legales oportunas frente a toda actuación" dirigida a "paralizar" su implantación.

Pocos días después llegó la reacción de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). Su argumentación: la LOMCE no invalida los libros de texto, y deben reutilizarse.

En un comunicado, la confederación tachaba de "inaceptable que algunos editores den instrucciones a las comunidades autónomas sobre sus competencias en educación llegando a recordarles que 'lo único que compete' a las comunidades es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación 'dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno'". Esta situación, decía, está ocasionando graves perjuicios a los bancos de libros gestionados por las AMPAS que han sido creados sin expectativas de negocio y dentro de la lucha por el derecho a recibir una educación gratuita reconocida en nuestra Constitución pero continuamente ignorada por parte de las diferentes administraciones públicas.

Así las cosas, el 1 de julio, CEAPA exigió "la devolución a las familias de la compra de libros y material curricular por parte de los centros educativos, por obligarles a realizarla".

Un agosto movidito

Y llegó agosto. Y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo saber primero que en los presupuestos el presupuesto para Educación subiría un 9,3%, con 363 millones para la LOMCE, y el ministro anunció después que había conseguido arañar 24 millones de euros para destinar a unas 240.000 familias.

Nada de lo cual calmó los ánimos de quienes se oponen a la ley.

El día 11, Castilla-La Mancha eliminó requisitos para libros de texto gratis en cursos de la LOMCE.

El 25, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, propuso que los libros de texto sean gratuitos.

El 31, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en la Asamblea Regional de Murcia instando al Gobierno autonómico a que, con carácter de urgencia, presente un Programa de Gratuidad de Libros de Texto para la educación obligatoria.

Sin embargo, ese mismo día la Junta de Castilla y León descartó la posibilidad de que los libros de texto desgraven, como sí ocurre en otras comunidades que han introducido nuevas deducciones para la compra de libros, material escolar o la enseñanza de idiomas que pueden alcanzar hasta 900 euros.

El 1 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y su conseller de Educación, Vicent Marzà, anunciaron un plan para garantizar la gratuidad de los libros de texto para los escolares.

Y mientras tanto, en nuestro país y lejos de él…

A expensas de lo que ocurra con la aplicación de la ley Wert, de lo que haga Méndez de Vigo, al que todos reconocen su carácter dialogante, y de lo que suceda en las elecciones generales, dos estudios (quizá interesados, dados sus impulsores, pero en cualquier caso interesantes) nos permiten comprobar hasta qué punto los compradores de libros se buscan la vida, independientemente de quién legisle y cómo lo haga.

Un estudio realizado por Segundamano y Milanuncios detectó que la compra de libros de texto de segunda mano permite un ahorro del 45%.

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Una encuesta realizada por Amazon recogió que un 38,8% de las familias españolas adquiere on line (alguna vez o de manera habitual) los libros de texto de cara a la vuelta al cole. Sus motivos: la comodidad y el precio.

Por no hablar de la evolución digital, que lo cambiará todo. Pero mientras llega el futuro, aquí seguimos con una ley educativa que no genera consensos y a la que algunos han puesto fecha de caducidad, y peleando por el sistema de gestión de los libros de texto.

No parece aventurado decir que el alivio de los editores es temporal. La comunidad educativa seguirá estando revuelta. Ellos siguen en la batalla, mientras el impulsor del cambio legislativo de la discordia contempla el paisaje desde su recién estrenada y muy polémica atalaya parisina.