Empieza con el Tamayazo y termina con Villarejo. El periodista Alfonso Pérez Medina, primero como periodista de la agencia Europa Press y ahora como responsable de Tribunales en La Sexta, ha contemplado el auge y caída de algunos de los corruptos más célebres de la historia española reciente, pero también la labor de sus abogados, la de fiscales y jueces, la de los medios, la de los actores secundarios que se mueven entre bambalinas. En su libro No lo sé, no recuerdo, no me consta (Arpa, 7 de julio en librerías), repasa algunos de los casos más sonados, tratando de no verlos como fichas sueltas sino como un puzle. En este capítulo, del que publicamos un extracto, señala los puntos oscuros de los negocios del rey emérito.
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No hay caso más significativo de codicia que el de Juan Carlos I, el hombre ascendido a los altares civiles durante los años ochenta como forjador de la Transición y bastión de la democracia frente a los golpistas que quisieron volver al franquismo en 1981. El rey se volvió intocable durante los años noventa, con su imagen vinculada a la modernización de España y al éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla; y conservó el respeto de la mayoría de los españoles durante los primeros dos mil, cuando se le condecoró popularmente con el título del Campechano. Sin embargo, en el tramo final de su reinado, acabó destronado por sus escándalos personales y de corrupción, que le llevaron a ser expulsado del Palacio de La Zarzuela por su propio hijo. El rey Felipe VI prefirió heredar el trono a su patrimonio, y condenó a su padre al rechazo por parte del mismo pueblo que durante lustros le agasajó. La historia de Juan Carlos de Borbón, relegado a la triste figura de rey emérito, es la de alguien que gozó de la impunidad durante muchos años, los que España tardó en despertarse del sueño de la burbuja. Fue entonces cuando sus ciudadanos, con la resaca de la crisis, dejaron de tolerar comportamientos frente a los que, en otra época, habían mirado para otro lado.
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Según los cálculos que realizó el diario estadounidense The New York Times en 2012, la labor desarrollada por el monarca durante tres décadas como «conseguidor de acuerdos» y «embajador económico de su nación» proporcionó a la Familia Real española una fortuna secreta que, en aquel momento, rondaba los 2.300 millones de dólares, en torno a 2.000 millones de euros. Aunque los más monárquicos apuntan que esas estimaciones incluyen propiedades como el Palacio Real, que pertenecen a Patrimonio Nacional, lo cierto es que el último salario del monarca antes de abdicar, en 2014, ascendió a 292.752 euros. Desde ese año hasta 2019, su sueldo se mantuvo ligeramente por debajo de los 200.000 euros. Es decir, que, en el mejor de los casos, los ingresos salariales de Juan Carlos I desde 1975 se situarían en torno a los diez millones de euros. La diferencia hasta 2.000 es enorme.
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Las actividades supuestamente irregulares de Juan Carlos I nunca estuvieron en el foco de los medios ni tampoco en el de los tribunales. Ni siquiera cuando, en 2018, el caso Tándem —que investiga las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo— sacó a la luz una grabación en la que la empresaria y princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, también conocida como Corinna Larsen, antigua amante del monarca, confesaba que el emérito había cobrado cien millones de dólares por intermediar en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas del AVE a La Meca diez años antes. El juez Diego de Egea, con el aval de los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, concluyó que los indicios aportados por Corinna Larsen en dicha conversación eran «notoriamente insuficientes» para iniciar una investigación judicial, destacando que todos los hechos se habían producido antes de que el rey abdicara y perdiera la inviolabilidad que la Constitución le otorga como jefe del Estado. Pese a la gravedad del asunto, lo más probable es que el emérito no tenga que responder ante la Justicia por el mencionado privilegio de la inviolabilidad, del que disfrutó hasta el 19 de junio de 2014, día en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió su abdicación en favor de su hijo. Un mes después, el Congreso reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para recoger el aforamiento de los reyes eméritos y los príncipes de Asturias ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una sala encargada también de investigar —y, en su caso, juzgar— a las autoridades del Estado, a los miembros del Gobierno y a los parlamentarios nacionales. La reforma dejaba claro que todos los actos realizados por el rey o la reina durante el tiempo en el que ostenten la jefatura del Estado, «cualquiera que fuera su naturaleza», están «amparados por la inviolabilidad». Y, por tanto, «exentos de responsabilidad». El aforamiento se explicaba «por la dignidad de la figura de quien ha sido Rey de España, así como el tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado».
Aprovechando el archivo de la causa española, reducida a unas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre los directivos de las empresas que supuestamente habían pagado la comisión del AVE a La Meca, el fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa ordenó durante el verano de ese año 2018 el registro de la empresa Rhône Gestion, «especializada en la gestión de fortunas y activos». Tomó declaración a dos personas clave: su fundador, Arturo Gianfranco Fasana, y el abogado especializado en derecho bancario y financiero Dante Canónica. La investigación suiza revela que Juan Carlos actuaba como el auténtico rey de las comisiones: intenta dilucidar si cobró de las empresas españolas que construyeron el AVE, y si, a la par, también recibió otra comisión de la monarquía saudí por obtener una rebaja en el precio. Comisiones a dos manos, todo un hito.
En marzo de 2020, el periódico ginebrino La Tribune de Genève reveló los primeros detalles de las pesquisas del fiscal, con una presunta donación de cien millones de dólares (65 millones de euros) que el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, entregó al emérito español el 8 de agosto de 2008 . El pago se realizó en una cuenta del banco suizo Mirabaud asociada a la Fundación Lucum, una estructura societaria que se había creado con un capital social de 10.000 dólares el 31 de julio anterior en Panamá, y en la que figuraban como responsables los investigados Fasana y Canónica. Según la versión que este último dio al fiscal Bertossa, Juan Carlos firmó con los gestores de su fortuna un nuevo reglamento de la fundación en marzo de 2011, según el cual «su hijo Felipe era el primer beneficiario en caso de muerte» . En un comunicado difundido el 15 de marzo de 2020 —un día después de que el Gobierno de Pedro Sánchez declarara el estado de alarma por la pandemia de la covid-19—, Felipe VI aseguró que nunca tuvo «conocimiento, participación o responsabilidad alguna» en la creación y funcionamiento de la Fundación Lucum. Y añadió que ya le había trasladado a su padre su deseo de «renunciar a la herencia que le pudiera corresponder».
El socio de Canónica, Arturo Gianfranco Fasana, es un viejo conocido de los investigadores españoles porque también era el gestor de la fortuna del líder de la red Gürtel, Francisco Correa, a través de la cuenta Soleado, en la que agrupaba a un centenar de clientes españoles. Mucho se ha hablado de esta cartera de clientes, pero lo cierto es que, años después, únicamente se sabe con certeza que entre ellos estaban el rey emérito y Don Vito. En 2009, el primer instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, libró una comisión rogatoria para que las fiscales Anticorrupción del caso, Concepción Sabadell y Miryam Segura, y funcionarios de la UDEF, acompañados de un fiscal suizo, recabaran documentación en la oficina de Fasana en Ginebra. Estuvieron en su despacho, donde guardaba la información sobre el rey Juan Carlos, pero solo pidieron la relativa al caso Gürtel. Durante nuestra charla le pregunto a Garzón por aquella ocasión en la que la Justicia española estuvo tan cerca de las cuentas ocultas del emérito:
—¿Cómo fue aquella diligencia?—Si no recuerdo mal, Gianfranco Fasana aparecía como uno de los brokers que estaban actuando en nombre de Francisco Correa y algunos más de los afectados. Yo acordé su imputación y cursé una comisión rogatoria, que el fiscal suizo aceptó. Y bloqueó alguna cuenta en la que parece ser que no solo había información sobre las tres personas afectadas, que eran Crespo, Correa y Bárcenas, sino que había más personas. El fiscal suizo, cuando habló conmigo, me dijo: «¿Bloqueo toda la cuenta?». Y yo le dije: «Toda la cuenta, de momento, sí, hasta que sepamos cómo va la investigación». Luego, cuando se ejecutó la comisión, se concretó en esos tres nombres. Los demás no se tuvieron en cuenta.—¿Los agentes que fueron llegaron a saber quiénes eran esos cien nombres?—Supongo que sí, pero a mí no me los dijeron. No lo sé. En una conversación informal tiempo después me dijeron que el fiscal suizo se había enfadado porque había bloqueado todo, de acuerdo con mi petición. Pero resulta que le dijeron que siguiera adelante con tres [titulares de cuentas]…—O sea, que se llegó a bloquear la cuenta entera. ¿Bloqueó usted la cuenta del rey Juan Carlos?—Pues no tengo ni puñetera idea. Yo pedí el bloqueo de la cuenta en la que hubiera datos contables, financieros, bancarios, de alguna de las personas que se mencionaban en la comisión rogatoria. Evidentemente, entre ellas no estaba el rey. Ahora, si en esa cuenta después había otros… Yo lo que dije fue que se bloqueara. Esa cuenta se depuró después y se dejaron bloqueadas únicamente las cuentas de las tres personas que aparecían en la investigación. Si era una cuenta ómnibus [cuenta de un mismo broker en la que figuran varios de sus clientes] o era una cuenta específica con muchos titulares o con titulares en clave, eso ya lo desconocía.
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La revelación de que el juez Garzón llegó a bloquear a comienzos de 2009 las cuentas que escondían la fortuna oculta de Juan Carlos I en Suiza —revelación inédita hasta ahora— da sentido a otros acontecimientos que se produjeron posteriormente. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas en mayo de ese año, dos meses después de que Garzón troceara el caso Gürtel y lo enviara al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y Madrid, a causa de la condición de aforados de algunos de los imputados. Circula la versión de que la detención estaba programada para unos meses antes, pero que se demoró para evitar que el gestor de las cuentas opacas de Juan Carlos I y Francisco Correa —así como de un centenar de millonarios españoles que nunca llegaron a ser identificados— tuviera que declarar ante Garzón. Lo que Fasana podía haber contado en esa comparecencia nunca lo sabremos.
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Empieza con el Tamayazo y termina con Villarejo. El periodista Alfonso Pérez Medina, primero como periodista de la agencia Europa Press y ahora como responsable de Tribunales en La Sexta, ha contemplado el auge y caída de algunos de los corruptos más célebres de la historia española reciente, pero también la labor de sus abogados, la de fiscales y jueces, la de los medios, la de los actores secundarios que se mueven entre bambalinas. En su libro No lo sé, no recuerdo, no me consta (Arpa, 7 de julio en librerías), repasa algunos de los casos más sonados, tratando de no verlos como fichas sueltas sino como un puzle. En este capítulo, del que publicamos un extracto, señala los puntos oscuros de los negocios del rey emérito.