"No me imaginaba que fuéramos a estar en el mismo punto que cuando lo publiqué". El periodista Isaías Lafuente, parte del equipo de La ventana en Cadena Ser, señala la nueva edición de su libro Esclavos por la patria. La editorial Planeta lo ha recuperado 16 años después de su primera edición, allá por 2002. Desde entonces, admite, se han producido avances en la recuperación de la memoria histórica, notablemente con la ley que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007. Pero con respecto al caso que ocupa su investigación, el Valle de los Caídos y los prisioneros republicanos obligados a levantar la faraónica tumba del dictador, poco se ha avanzado. De hecho, y pese a la agitación política en torno a la posible exhumación de Francisco Franco de su mausoleo, todo sigue igual. Ni una placa en memoria de los obreros forzosos, ni una referencia a los más de 12.000 cuerpos que fueron trasladados, sin permiso de sus familias, a la que es la mayor fosa común de España. O, en palabras de Lafuente, "un símbolo del desprecio a las víctimas labrado en la piedra".
La reedición "revisada y actualizada" del título recoge, por supuesto, el debate en torno al traslado de los restos del dictador. Incluye la resolución por la que el Congreso instaba en 2017 al Gobierno de Mariano Rajoy a exhumar al dictador, resume la conversación surgida en torno a la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez y rebate los argumentos de quienes ven en estos movimientos una forma de "reabrid heridas". Pero su estudio, construido a partir de otras investigaciones históricas, documentos y testimonios orales, iba a los cimientos del Valle, literalmente. A las manos de aquellos presos políticos que formaron parte, sin capacidad de decidir su suerte y casi sin coste, de esos destacamentos que contribuirían a construir la nueva España con la que soñaba el franquismo. Aún no se sabe cuántos fueron, dónde trabajaron o para quién. Y ese olvido, defiende Lafuente en el libro, da la medida de todo lo que queda aún por hacer.
Y, si queda mucho, la exhumación de Franco "cerraría la primera parte del debate" y cerraría "un error histórico que en un Estado democrático es una indecencia". El periodista es tajante: "El dictador no puede estar enterrado en un sitio preeminente junto a las víctimas. Y la Iglesia no debería haber consentido que un dictador que se saltó varios de los mandamientos de la religión católica esté enterrado en el altar mayor de una basílica cristiana". Pero Lafuente, una de las voces públicas que no ha dejado de defender la necesidad de sacar a Franco del Valle, cree que "esta es la buena". Lo único que quiebra su optimismo es que el Ejecutivo que ha emprendido el proceso es "un Gobierno débil" y que existe la posibilidad de que no acabe su legislatura.
No sería la primera interrupción que sufre un proceso que hasta ahora solo había sido esbozado. "El Gobierno de Zapatero lo intentó, pero cuando le llegó el informe, acababa de perder las elecciones", recuerda Lafuente. El documento, encargado a los expertos en mayo de 2011, sostenía que "el objetivo de resignificar" el monumento "solo será posible si los enterramientos se reservan únicamente, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil. El encargo estaba claro: que los restos de Franco y Primo de Rivera fueran trasladados al lugar donde designara la familia o al que fuera "considerado digno y más adecuado". El texto con el análisis y las recomendaciones llegó el 29 de noviembre de 2011, nueve días después de que el PP se impusiera en los comicios. Ni esta ni otras actuaciones se llevaron a cabo.
Pero el periodista retrocede un poco más en el tiempo, hasta los Gobiernos de Felipe González, donde ve la primera oportunidad perdida para reparar el error. "Su primer Gobierno llega unos meses después de que se intente un golpe de Estado en España, con lo cual tampoco era un buen momento", concede. "Pero es que luego Felipe González tuvo otras legislaturas, algunas de ellas con mayorías parlamentarias muy logradas, que le hubieran permitido hacerlo. Y yo creo que tenía que haberlo hecho". En ese sentido, el expresidente hizo caso al general Gutiérrez Mellado, que le pidió que esperara a que su generación hubiera muerto para "abrir un debate sobre lo que supuso la Guerra Civil. "Fue otro error", afea el periodista. "Pasados los años del riesgo, se podría haber hecho. Se habría montado revuelo, por supuesto, pero no habría pasado nada".
Aunque remontándose, remontándose, Lafuente señala que el "error" de enterrar al dictador en el Valle "tiene nombres y apellidos": los del rey emérito, Juan Carlos I. "Un rey que, en aquel momento, cuando ordena que se entierre allí el cuerpo de Franco, el 22 de noviembre del 75, no tenía ni la legitimidad monárquica, que correspondía a su padre, ni tenía la legitimidad democrática. Solo era el sucesor señalado por Franco". Al día siguiente, Juan Carlos de Borbón acompañaba al féretro a su mausoleo y presidía el entierro. Y el periodista tampoco deja pasar la postura templada del PP y Ciudadanos, que se abstuvieron en la propuesta de exhumar a Franco: "Es una posición que requiere muchas explicaciones. No sé, en pleno siglo XXI, qué significa que un partido democrático no apoye exhumar al dictador y enterrarlo de manera más discreta". Ve en esta maniobra una manera de pescar en los "caladeros de votos de la extrema derecha", pero advierte que "cuando un país toma decisiones que afectan a la dignidad democrática, no puede ir contando votos".
Pero con la posible salida del Valle de los restos del dictador no se acaba el problema que lleva aparejado el monumento y su construcción. "El propio PSOE y el informe que presentaron los expertos preveían una resignificación del monumento", recuerda Lafuente, que se dice sorprendido por las declaraciones de Pedro Sánchez, que tras una visita a Chile el pasado agosto renunció a establecer en Cuelgamuros un museo de la memoria. "La opinión del Gobierno es que el Valle no puede ser un lugar que se deba resignificar", decía el presidente socialista. "Es un absurdo", responde el autor de Esclavos por la patria, "porque ya sacar los restos de Franco significa que deja de ser la tumba de un dictador, y ya lo hemos resignificado". Él encuentra conveniente esta localización precisamente por su simbología, que da cuenta de la unión entre Estado franquista e Iglesia, de la inversión en un mausoleo faraónico en plena escasez y de la utilización de las víctimas, fallecidas o apresadas, en beneficio de la dictadura.
'¿Cómo conversar con un fascista?'
¿Y con Franco, qué hacemos? A la gran pregunta, Lafuente responde con una sonrisa. La solución a la "provocación" de la familia del dictador, que dijo en un principio no estar dispuesta a hacerse cargo de sus restos, está en la tumba de Carmen Polo en El Pardo, que el Gobierno ha ofrecido como posible localización para el cadáver. "Si enterró a la abuela en el cementerio del Pardo, puede enterrar y debería enterrar al abuelo para que descansen los dos juntos", asegura. ¿No se convertiría en un lugar de peregrinación para el fascismo, como ocurrió con la tumba de los padres de Hitler, fallecidos mucho antes de que comenzara la carrera política del líder nazi? "Es imposible que cuando trasladas a un dictador eso no se convierta en un lugar de peregrinación, pero al menos no será en un lugar tan simbólico".
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"No me imaginaba que fuéramos a estar en el mismo punto que cuando lo publiqué". El periodista Isaías Lafuente, parte del equipo de La ventana en Cadena Ser, señala la nueva edición de su libro Esclavos por la patria. La editorial Planeta lo ha recuperado 16 años después de su primera edición, allá por 2002. Desde entonces, admite, se han producido avances en la recuperación de la memoria histórica, notablemente con la ley que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007. Pero con respecto al caso que ocupa su investigación, el Valle de los Caídos y los prisioneros republicanos obligados a levantar la faraónica tumba del dictador, poco se ha avanzado. De hecho, y pese a la agitación política en torno a la posible exhumación de Francisco Franco de su mausoleo, todo sigue igual. Ni una placa en memoria de los obreros forzosos, ni una referencia a los más de 12.000 cuerpos que fueron trasladados, sin permiso de sus familias, a la que es la mayor fosa común de España. O, en palabras de Lafuente, "un símbolo del desprecio a las víctimas labrado en la piedra".