El jefe de Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, aseguró el pasado noviembre en Madrid que los planes de pensiones privados españoles no cumplen casi ninguna de las 10 recomendaciones que hace ese organismo internacional, integrado por los 35 países más ricos del mundo, sobre los sistemas de previsión social complementarios. La OCDE es un firme partidario de las reformas de las pensiones públicas aplicadas en España en 2011 y 2013, así como de estimular este tipo de mecanismos privados para “mitigar los riesgos asociados a los futuros cambios del sistema público”. También defiende los sistemas de capitalización, así como los de empresa obligatorios.
Según los cálculos de Inverco, la patronal de los fondos y planes de pensiones, el volumen de inversión en planes privados de pensiones en España es del 9,5% del PIB, frente a una media de la UE –sin Grecia ni Luxemburgo– del 36%. Pero el panorama es muy diverso: mientras en los Países Bajos escala hasta el 181,8% del PIB y en Reino Unido hasta el 95,3%, en Suecia es menor que en España, con sólo un 8,6%, y en Alemania baja hasta el 6,8% del PIB. En los dos primeros países citados, los planes de pensiones privados son obligatorios.
¿Cuáles son los fallos de los sistemas privados españoles, según la OCDE?
1. no hay un DISEÑO COHERENTE
“En España existe un desequilibrio estadístico entre lo que cotizamos y lo que recibimos como pensión cuando nos jubilamos”, asegura José Luis Manrique, director de Estudios y Estadísticas de Inverco. Según sus cálculos, cuando están activos los trabajadores pagan de media un tercio de lo que luego perciben al retirarse, puesto que cada vez viven más años. Por eso la OCDE –e Inverco– prefieren los sistemas de "aportación definida" –los privados– a los de "prestación definida" –el público–. En los primeros el trabajador sabe lo que aporta, pero no lo que recibirá cuando se jubile, mientras que en los segundos está definida la cantidad que se percibirá.
El profesor del IESE Javier Díaz Jiménez cree que esa falta de coherencia también se extiende a la ausencia de un diseño conjunto de los sistemas público y privado. “Alguien debería decir a los ciudadanos claramente quién va a pagar las pensiones: los bancos o nuestros nietos a través de la deuda pública”, en lugar de esperar a que emita un dictamen la comisión del Pacto de Toledo, advierte. “No es operativo, está permanentemente bloqueado”, lamenta, “es impensable que Podemos y el ala derecha del PP se pongan de acuerdo”.
En cambio, apunta como solución que se cree una comisión de expertos que prepare una “reforma integral” de las pensiones. Una comisión de sólo cinco miembros, “no de 12 como la que formó el Gobierno del PP para la reforma de 2013, a los que les dijeron ‘hacednos una propuesta para bajar las pensiones sin que cante mucho”, recuerda Díaz Jiménez. “Y bajar las pensiones es una canallada: no se puede no respetar los derechos adquiridos de los pensionistas, que son los más vulnerables”, continúa. Por el contrario, a su juicio los políticos deben limitarse a decidir “cuánta contributividad, cuánta solidaridad y cuánta prosperidad” quieren para el sistema, y dejar el trabajo técnico para los técnicos.
2. AHORRO inSUFICIENTE
“Los españoles no tienen disciplina de ahorro”, asegura José Luis Manrique. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los españoles es del 5% de su renta disponible bruta –salarios, rentas del capital y de la propiedad, prestaciones sociales…–, mientras que en la zona euro la media alcanza el 12%. El Banco de España sitúa la tasa de ahorro de los hogares españoles en mínimos históricos desde 2010 por culpa de la caída de las rentas. Además, España es un “país de propietarios”, destaca el último Observatorio del Ahorro y la Inversión elaborado por la gestora Bestinver y el IESE: el 80,4% de los españoles posee una vivienda en propiedad. Si se ahorra, es para comprar casa. Mientras los españoles con una segunda vivienda aumentaron un 9,7% entre 2002 y 2014, los que poseen algún tipo de producto financiero se han reducido un 4,1% en ese mismo periodo. Porque con la crisis, llegó el aumento del paro y el desplome de los salarios: según la Encuesta Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España, el 26,1% de los hogares tenían en 2014 un plan de pensiones o un seguro de vida, tres puntos menos que en 2005, en plena fase apogeo económico.
Y cuando se ahorra, se ahorra poco. Manrique y Díaz Jiménez coinciden en que se debería empezar a reservar dinero desde el primer día en que se comienza a trabajar y hacerlo con aportaciones sostenidas, todos los años, aunque sean pequeñas. Por eso ven con buenos ojos que se creen planes obligatorios o casi obligatorios en las empresas, una opción que está discutiendo el Pacto de Toledo. Una de las recomendaciones aprobadas por esa comisión parlamentaria insta a la patronal y los sindicatos a poner en marcha este tipo de fórmulas “en el marco de la negociación colectiva”. Pero son muy pocos los trabajadores en España con planes ocupacionales: el 10,7% de la población activa. De los 9,62 millones de partícipes en planes de pensiones privados, sólo dos millones lo son de un plan de empleo proporcionado por su empresa, y otros 61.993 gestionado por una asociación o sindicato. Suman un 21,4% de los partícipes, según los datos estadísticos de Inverco. En Alemania el 57% de la población activa está cubierta con planes de pensiones de empresa, de acuerdo con los datos de la OCDE relativos a 2016. En Bélgica, el 59,6%.
José Luis Manrique lamenta que este tipo de planes no se hayan incorporado “como un beneficio social más” en los convenios colectivos. Por lo general, sólo las grandes empresas o los sectores con mejores salarios los incluyen. Preguntado por los planes de empleo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, los calificó de “interesantes”, pero los vinculó a la subida de los salarios: “Es imposible desarrollar este sistema con sueldos de 800 euros”.
3. INCENTIVOS AL AHORRO, ¿regresivos o insuficientes?
“El primer incentivo debería saber que te digan qué pensión vas a tener”, mantiene Javier Díaz Jiménez. La culpa, dice, de que “los mileuristas no ahorren es de la creencia de que tendrán una pensión suficiente cuando se jubilen”, no sólo de los bajos sueldos. El salario más habitual en España, según la última Encuesta de Estructura Salarial, asciende a 16.497 euros brutos al año. Por el contrario, tacha de “mala idea” los incentivos fiscales, porque “destruyen la capacidad recaudatoria del IRPF” pero, sobre todo, porque son “brutalmente regresivos” y no funcionan. De acuerdo con los cálculos incluidos en el libro ¿Cobraremos la pensión?, del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, mientras que más de la mitad de la población sólo consigue deducirse unos 300 euros en el IRPF por sus planes de pensiones, los más ricos logran un ahorro fiscal superior a los 4.000 euros. “Los pobres que, además, viven menos, están subvencionando así los planes de los más ricos”, critica Díaz Jiménez.
En cambio, José Luis Manrique no sólo defiende los incentivos sino que los considera insuficientes. Por ejemplo, cree que una bonificación de un punto en las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas estimularía la creación de planes de pensiones ocupacionales. Y si fueran obligatorios, se evitaría que, además de pocos partícipes, éstos sean de edades avanzadas. Según los datos de Inverco, la edad media de quien posee un plan de pensiones es de 50 años.
4. sin PLANES DE PENSIONES DE BAJO COSTE
Las comisiones se comen buena parte de la rentabilidad de los planes privados. Según la OCDE, sus costes de administración son los más elevados de todos los países miembros de la organización. En 2014 el Gobierno del PP las recortó del 2,5% al 1,5%, y en 2017 del 1,5% al 1,25%. De forma que la comisión máxima de gestión de los fondos de renta fija se ha reducido hasta el 0,85% en el caso de los fondos de renta fija mixta –hasta el 1,3%– y hasta el 1,5% la del resto. Las comisiones depositarias disminuyeron del 0,25% al 0,2%. La previsión era que estas rebajas permitieran elevar la rentabilidad neta de los planes en unos 67 millones de euros anuales. Sólo por las comisiones las gestoras de fondos de pensiones cobraron hasta el pasado noviembre 2.500 millones de euros, 300 millones más que en el mismo periodo de 2017, según un informe del asesor financiero Feelcapital.
Para Manrique y Díaz Jiménez, las comisiones son otro motivo más para impulsar los planes de empleo: son mucho más bajas. Más aún si son administrados por la propia Seguridad Social, resalta además el profesor del IESE, al modo en que lo hacen Suecia, Reino Unida o los Países Bajos. Es una de las propuestas que ha presentado Ciudadanos en la comisión del Pacto de Toledo: que el Estado asuma la titularidad de un fondo al que hagan sus aportaciones los trabajadores.
5. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN POR DEFECTO
Como elegir un plan de pensiones no es una decisión fácil si no se tienen conocimientos financieros. La OCDE y los dos expertos consultados por infoLibre recomiendan que el Estado o los bancos establezcan un “plan por defecto”, según el perfil de riesgo de cada trabajador, para que éste lo suscriba sin necesidad de acudir a un asesor financiero. “Pero para eso tiene que haber una oferta suficiente de productos financieros”, aclara el director de Estudios de Inverco.
6. INVERSIÓN Y CICLO DE VIDA
José Luis Manrique asegura que la estrategia de inversión donde se tiene en cuenta el ciclo de vida sí existe en España, aunque sólo desde hace poco tiempo. Es aquélla en que la cartera de inversión se amolda a la edad del partícipe: más riesgo, y por tanto más renta variable, hasta los 40 o 45 años, y más renta fija en edades próximas a la jubilación. En España, el 61,6% de la inversión en planes de pensiones privadas está colocado en letras y obligaciones del Tesoro, la opción más segura, y sólo el 13,6% en renta variable, revelan las estadísticas de la OCDE.
7. RENTAS VITALICIAS
La OCDE desaconseja cobrar lo acumulado en un plan de pensiones de una sola vez en forma de capital al jubilarse, y recomienda la transformación de ese dinero en una renta vitalicia, que en realidad es un seguro. De esa forma se pretende evitar que el dinero se acabe a edades muy avanzadas. Hasta ahora no han sido un producto con mucho éxito en España, pero la última reforma del IRPF introdujo ventajas fiscales –una exención total de la ganancia patrimonial si el capital, hasta un límite de 240.000 euros, se reinvierte en una renta vitalicia– que han disparado su volumen. Unespa, la patronal del seguro, cifra en 23.845 el número de personas mayores de 65 años que este año, hasta el mes de septiembre, transformaron un producto financiero o la venta de un inmueble, por ejemplo, en una renta vitalicia. Un 70,5% más que un año antes. El volumen de ahorro gestionado a través de esta figura asciende a 2.127 millones de euros.
8. FALTA COMPETENCIA EN EL SECTOR
El 80% de los planes de pensiones los gestionan los bancos en España. Las aseguradoras, por su parte, administran los planes de 3,5 millones de personas, con un patrimonio de 43.360 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Unespa. Javier Díez Jiménez recuerda que en España se trata de un mercado pequeño y, por tanto, poco competitivo, “con comisiones altas y retornos bajos”. “Como las aportaciones son pequeñas, los costes per cápita son muy elevados”, subraya. Con volúmenes mayores, éstos bajarían.
José Luis Manrique niega la mayor y sostiene que la competencia entre bancos y aseguradoras es “brutal”, como se comprueba cada mes de diciembre con las “agresivas” ofertas que hacen para que los clientes cambien el plan de pensiones de entidad. “Y dentro de poco podrá haber también planes europeos”, añade. El pasado 8 de noviembre el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Planes y Fondos de Pensiones para transponer la normativa europea sobre el sector, que entrará en vigor en 2019. Tampoco cree el responsable de Inverco en la falta de rentabilidad de los planes privados. Sin embargo, la encuesta del Observatorio del Ahorro y la Inversión revela que un 41% de los inversores preguntados cree que la rentabilidad de sus planes de pensiones es “mala o regular”.
Según la OCDE, España tiene una de las rentabilidades más bajas en planes de pensiones de toda la organización, un 1%, lejos de la media del 2,4% y a distancia galáctica del 8,1% de Irlanda o del 7,2% de Holanda. Lo repite cada año el estudio del profesor del IESE Pablo Fernández: sólo tres de los 335 planes con al menos 15 años de antigüedad superan la rentabilidad del ÍBEX 35, que en ese plazo tuvo unos rendimientos superiores al 5,24% anual.
9. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ADECUADA
¿En qué consisten los planes paneuropeos de pensiones privados que impulsa la UE?
José Luis Manrique desmienta que no se disponga en España de información estadística suficiente para gestionar el riesgo de longevidad –la probabilidad de que se vivan más años de los que están cubiertos por la pensión– como dice la OCDE. “Tenemos información adecuada sobre la esperanza de vida y tablas de mortalidad fiables”, apunta.
10. INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA EL TRABAJADOR
Muy al contrario, Manrique y Díaz Jiménez echan en falta iniciativas semejantes a la carta naranja que el Estado sueco envía a los ciudadanos con el cálculo actualizado de cuál va a ser su pensión. El Gobierno del PP estuvo a punto de comenzar su envío en 2014, pero no se atrevió a hacerlo, pese a que ya había adjudicado los contratos necesarios. En teoría, unos 5,3 millones de ciudadanos mayores de 50 años deberían haber recibido una proyección en euros constantes, calculada sobre 14 pagas, de cuánto iban a cobrar al jubilarse. Pero por motivos electorales la carta se quedó en el cajón y fue sustituida por un simulador en la página web de la Seguridad Social que sólo realiza una proyección a cinco años y en euros corrientes –sin contar la inflación–, por lo que las cantidades siempre son superiores a las que realmente se cobrarán.
El jefe de Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, aseguró el pasado noviembre en Madrid que los planes de pensiones privados españoles no cumplen casi ninguna de las 10 recomendaciones que hace ese organismo internacional, integrado por los 35 países más ricos del mundo, sobre los sistemas de previsión social complementarios. La OCDE es un firme partidario de las reformas de las pensiones públicas aplicadas en España en 2011 y 2013, así como de estimular este tipo de mecanismos privados para “mitigar los riesgos asociados a los futuros cambios del sistema público”. También defiende los sistemas de capitalización, así como los de empresa obligatorios.