11.000 penados están en lista de espera para cumplir trabajos sociales

El hijo del torero Ortega Cano, José Fernando, fue condenado a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) el pasado abril por conducir sin carné. Hector Barberá, piloto de motos GP, también cuenta en sus antecedentes penales con una condena de seis meses, conmutable por trabajos sociales, por haber agredido a su novia. Son sólo dos nombres, aunque con brillo de papel cuché, entre los casi 100.000 ciudadanos a quienes se impone cada año este tipo de penas que se pretenden ejemplares. Las mismas que está cumpliendo Silvio Berlusconi en Italia o cumplieron en su día Naomi Campbell por pegar a su asistenta o Winona Ryder por robar en unos grandes almacenes.

En España los trabajos en beneficio de la comunidad no existieron hasta la reforma del Código Penal de 1995. Y se quedaron en figura casi anecdótica de castigo hasta que se endurecieron las penas por delitos de tráfico en diciembre de 2007. Tres años después estas sentencias se habían multiplicado por 20: de 10.916 pasaron a 209.570 en 2010.

Su éxito, en un país sin tradición en penas alternativas a la cárcel ni medios para ejecutarlas, desbordó a los servicios sociales penitenciarios, juzgados de vigilancia penitenciaria e incluso a las prisiones. En 2007 sólo había 5.755 plazas para que los TBC cumplieran sus penas. En 2012, el último año del que Instituciones Penitenciarias ofrece cifras, se habían multiplicado por cinco: 29.697 plazas.

Para crearlas, Instituciones Penitenciarias tuvo también que multiplicar los convenios con ayuntamientos, ONG y otras instituciones. Son ellas las que proveen de puestos donde los TBC pueden limpiar, cuidar jardines, ayudar en comedores sociales o bibliotecas, prestar apoyo a discapacitados o enfermos… El catálogo de plazas, en cualquier caso, se mostró tan insuficiente en los primeros años que la lista de espera para cumplir estas penas llegó a alcanzar el 50%, según denunciaban entonces los sindicatos de Prisiones. La consecuencia: muchas condenas corrían el riesgo de prescribir. Si son inferiores a 30 días, prescriben al cabo de un año. Además, el penado debía dar su consentimiento al plan de ejecución que le propone el juzgado. Se trata de que cumpla el castigo fuera de su horario laboral y de la manera y en el lugar donde menos interfiera con sus circunstancias familiares o profesionales. Y eso puede suponer un problema añadido que retrase la ejecución de la pena. “Son los peligros de haber creado una pena a la carta”, se queja el presidente del sindicato de prisiones Acaip, José Ramón López.

A la cárcel

Finalmente, la crisis, con los recortes presupuestarios por un lado y el aumento del paro por otro, hizo a ayuntamientos y ONG más reticentes a la hora de suministrar estas plazas no remuneradas.

Así que el Ministerio del Interior puso en marcha un plan de choque: las TBC podrían cumplirse en las cárceles. Es decir, una medida pensada para evitar la prisión iba a ser ejecutada… en el interior de un recinto penitenciario. Los sindicatos de Prisiones pusieron el grito en el cielo. Los funcionarios temían problemas de seguridad, se les hacía responsables de civiles que no son reclusos, no había trabajos para ellos en las zonas donde se les permitía el acceso, protestaron.

A cada cárcel se le asignó un número de TBC equivalente al 10% de su población reclusa. “Son un vehículo de información del exterior”, advierte José Ramón López. Según explica, los propios directores de las cárceles han terminado negociando convenios con ayuntamientos u ONG locales para que los TBC cumplan con ellos las penas, en lugar de en sus instalaciones. El caso es que, cinco años después de ponerse en marcha la medida, son ya pocos los condenados a este tipo de penas que las cumplen en prisión. “A lo mejor, cuatro o cinco a la semana”, precisa Francisco Llamazares, de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Y muchos de ellos pasan buena parte de su tiempo mano sobre mano esperando que el funcionario encuentre una tarea que le pueda encargar: barrer, pintar una valla, mover los carros de ropa, etcétera.

El problema: archivos y reaperturas

A partir de 2010, cuando las condenas llegaron a su número máximo, la ley empezó a ofrecer alternativas para reducir la presión sobre el sistema judicial y penitenciario. A los condenados por delitos de tráfico se les permitió saldar la pena con una multa. También se puso en marcha para aquéllos con penas superiores a los 60 días participar en talleres de sensibilización en seguridad vial (Taseval). O en programas formativos sobre violencia de género para este tipo de agresores. La reforma del Código Penal que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, rebajará aún más el número de TBC al primar las multas como castigo.

“Los márgenes de incumplimiento se han reducido, también las prescripciones y la lista de espera”, explica el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Luis Fernández Arévalo. Aun así, a 30 de septiembre de 2013, una vez más la última estadística que ofrece Instituciones Penitenciarias con datos desglosados, las TBC pendientes ascendían a 10.720, un 14,2% de las 75.097 sentencias dictadas hasta esa fecha. En 2012 quedaron en lista de espera 8.290. En los 12 meses de 2013 los TBC alcanzaron la cifra de 93.724, a los que habría que sumar otros 8.523 correspondientes a Cataluña, la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. Interior no proporciona datos sobre las sentencias que quedaron sin cumplir al cerrar el año. Ni sobre cuántas prescriben. La estadística tampoco es clara sobre el número de las efectivamente ejecutadas, porque a éstas suma las que han sido archivadas.

La memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 asegura que a menudo los expedientes son “archivados sin que se haya cumplido la pena por causas achacables al propio penado”. Ocurre cuando éste no se presenta en el servicio penitenciario o donde debe cumplir el TBC, o lo interrumpe. Entonces, o bien se archiva el procedimiento o bien se vuelve a abrir. “Estas aperturas y reaperturas de los expedientes se repiten dos, tres y hasta cuatro veces, dando lugar a múltiples y nuevas gestiones de una misma sentencia”, revela el informe. De hecho, hasta el 30 de septiembre de 2013 el número de reaperturas alcanzaba las 14.784, el 20% de las sentencias recibidas.

Sin problemas en Madrid

“A diferencia de la creencia popular, estas penas se cumplen”, subraya la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 6 de Madrid, Gracia Rupérez. Su juzgado centraliza desde 2010 todos los TBC de Madrid, en coordinación con los tres Servicios de Gestión de Medidas y Penas Alternativas con que cuenta la comunidad autónoma: Navalcarnero, Alcalá de Henares y Madrid capital. “Sufren de falta de personal, como el resto de la administración penitenciaria, por los años que llevamos sin oferta de empleo público”, se queja Ángel Moreno, de CCOO. Y su carga de trabajo aumentará, teme el responsable sindical, con la extensión de las medidas de libertad vigilada que proyecta la citada reforma del Código Penal y que debe gestionar también estos Servicios de Medidas Alternativas.

A las manos de la juez Rupérez llegan ahora unas 4.000 de estas sentencias al año, unas 2.000 menos que antes de la reforma de 2010. Pero no padecen “retenciones importantes”, asegura. No tiene lista de espera ni prescripciones. Y las incidencias –el penado no acude al lugar donde debe cumplir la sentencia o falta algunos días, por ejemplo– apenas superan las 83 en un trimestre.

Según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias, el 47,5% de las condenas a TBC procede de delitos de tráfico; el 23,9%, de delitos de violencia de género, y el 28,5% restante corresponde a otros delitos, normalmente penas sustitutivas, el apartado que más ha crecido en los últimos años –un 25% en 2012–.

Ese año Interior concedió un total de 140.009 euros en subvenciones a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Cruz Roja y Cáritas a cambio de plazas donde los TBC puedan cumplir sus penas. La FEMP suministra 5.908 plazas a cambio de una subvención de sólo 6.000 euros este año, después de sufrir un considerable recorte: en 2011 alcanzaba los 93.420 euros. El tijeretazo ha sido del 93,5%. Pero la parte del león del coste de los TBC son los 855.586 euros anuales que paga Interior a la Seguridad Social por los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudieran sobrevenir a estos penados mientras cumplen sus condenas.

Instituciones Penitenciarias ha rehusado actualizar o explicar a infoLibre ninguna de estas cifras, pese a sus reiteradas solicitudes.