Sólo 60 empleados se acogen a las bajas voluntarias del ERE en Tragsa

Sólo 60 trabajadores se han presentado al plan de bajas voluntarias del grupo público Tragsa, paso previo a la ejecución de los 1.336 despidos del Expediente de Regulación de Empleo1.336 despidos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está a punto de ejecutarse. El escaso éxito de la medida se debe a que la indemnización decidida por la empresa para estas bajas voluntarias es la misma que recibirán quienes sean despedidos: 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, el mínimo legal. De esos 60 empleados, 20 corresponden a la matriz y 40 a la filial, Tragsatec.

Las negociaciones con los sindicatos terminaron sin acuerdo el pasado noviembre. CCOO, UGT CGT y CSIF han denunciado el ERE en la Audiencia Nacional, pero las vistas no se celebrarán hasta el mes de marzo, incluso hasta el 18 de abril en el caso de la filial. Los sindicatos acusan al grupo público de “fraude de ley y abuso de derecho” en el ERE de Tragsatec –610 despidos–, y de ejecutar una medida “desproporcionada” en la matriz, Tragsa –726–. Juntos constituyen el mayor ERE presentado en una empresa pública hasta ahora.

Desde el anuncio de los despidos, los trabajadores han protestado encerrándose en las delegaciones de la empresa repartidas por toda España. Ahora se encuentran a la espera de que la empresa comience a notificar los despidos. El pasado 20 de diciembre terminó el plazo para que la plantilla se apuntara en el plan de bajas voluntarias, y el 10 de enero, a su vez, el plazo que se dio la empresa para comunicar si aceptaba las solicitudes o no. Fuentes sindicales explican que Tragsa se ha comprometido a respetar el periodo legal de preaviso de 15 días y que, a día de hoy, no han recibido comunicación alguna. En cualquier caso, el tiempo de ejecución que el ERE concede a la empresa se prolonga a todo el año 2014.

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Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas.

Tragsa ha tenido beneficios hasta el tercer trimestre de 2013, y prevé volver a cifras positivas de 4,5 millones este año tras perder 10 millones al cierre del último ejercicio. Según los resultados hasta septiembre de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la está integrada, Tragsa aportó su 14,8% de la cifra de negocio, la tercera que más contribuye tras Correos y Navantia. De los 4.221 millones que constituye la cartera de pedidos de la SEPI, 595 millones corresponden a Tragsa. Con una plantilla de 9.000 trabajadores, Tragsa presta a las administraciones públicas servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural de conservación y protección del medio natural y medioambiental. En principio. Porque también realiza proyectos de ingeniería o simplemente burocráticas, como la tramitación de becas para las universidades o de los expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al que acuden los trabajadores tras sufrir impagos por parte de empresas insolventes o quebradas.

Durante las negociaciones del ERE, los sindicatos propusieron rebajas salariales y que se ampliaran las suspensiones de contrato y reducciones de jornada a toda la plantilla. La empresa, por el contrario, limitaba estas medidas a colectivos muy determinados de trabajadores. Y se negaba a tocar los sueldos de los directivos del grupo, que los sindicatos han denunciado por su excesivo volumen. Más de 200, no se han cansado de repetir, cobran por encima del presidente del Gobierno, que por ley tiene un sueldo de 78.185 euros al año. El salario medio en la sede central del grupo en Madrid es de 109.000 euros anuales. Por contra, el 50% de la plantilla del grupo no cobra más de 20.000.