"Se acogen a conceptos de dignidad y tonterías": la empresa de los 'pisos nicho' se burla de los ayuntamientos

Primero aterrizaron en Barcelona y, ahora, pretenden hacerlo en Madrid. Y eso a pesar de que los ayuntamientos de las dos ciudades se han opuesto firmemente a ellos porque, según aseguran, no se ajustan a la normativa. Se trata de los pisos nicho que comercializa la empresa Haibu 4.0 que, en japonés, significa colmena. Esa es ya toda una declaración de intenciones. Son habitáculos de 1,2 metros de alto por 2,2 metros de largo que se ofertan como viviendas a bajo coste y que forman parte de un espacio común compuesto por baño, cocina y sala de estar. Un sistema residencial que incluye, por un precio de entre 215 y 315 euros, suministros básicos de agua, electricidad, limpieza, internet y mantenimiento. Una solución, sostiene Marc Olivé, gerente de la compañía, que permite que la gente ahorre y que luego "dé el salto" a otro lugar para vivir. Sin embargo, alrededor de la idea surgió una gran indignación social e institucional. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya precintó las obras que se estaban haciendo en un local de Sants-Montjuïc para construir estos pisos nicho. Y seguirá haciéndolo si detecta nuevas instalaciones, según afirma. Fuentes del área de Desarrollo Urbano del de Madrid, por su parte, dicen que no se permitirá ninguna "tipología de vivienda que no cumpla los requisitos de confort y habitabilidad". 

El propio líder del Ejecutivo municipal madrileño, José Luis Martínez-Almeida, insistió el pasado martes en su oposición a la implantación de estos habitáculos en la ciudad. "Ya hemos dejado clara cuál es nuestra postura, y que no dude la empresa de que llegaremos al final en el cumplimiento de la ordenanza", advirtió. Por su parte, según aseguran a infoLibre desde el área de Desarrollo Urbano, la "tipología de habitar en una ciudad a través de unos nichos no cumple unas condiciones mínimas en materia de iluminación y ventilación y está bien claro". "Actuaremos desde la disciplina urbanística con contundencia. Orden de cese, precinto y multas. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía: que no se dejen embaucar por cantos de sirena sobre situaciones que a día de hoy son inviables en la ciudad de Madrid", añaden. Y sentencian: "No tienen ninguna licencia. Y la clandestinidad no es la mejor de las soluciones para hacer algo que venden que es legal". 

Olivé conoce estas advertencias, pero prefiere hacer oídos sordos. Los pisos, asegura desde el otro lado del teléfono, "se levantarán igual, aun sin licencia". Opina que eso es únicamente "un papel administrativo" y que, además, saben "que la gente quiere vivir" en esas casas. "Las personas están contentas", insiste durante la conversación. Así que levantarán los habitáculos cuando la oferta que proponen tenga suficientes "residentes", como los llama la empresa, dispuestos a vivir allí. 

Oferta no les falta. Según informa la propia empresa, la intención es levantar estos nichos en Vallecas (donde habitarán 60 personas), en Vicálvaro (entre 35 y 42), en Plaza Castilla (entre 40 y 70), en San Blas (donde habrá dos espacios, uno para 42 y otro para 50 "residentes"), en Puerta de Toledo (para 40 personas), en Avenida de América (para 140 personas) y en Pozuelo, San Bernardo y San Cristóbal (para 45 personas cada uno). Además, pretenden construir lo que han bautizado como "grandes colmenas": una estará en Vallecas y podrá albergar, dicen, a 240 "residentes", y la otra estará en San Cristóbal y podrá acoger, dicen también, a 480 personas. "No decimos en qué calles están", dice Olivé. Cuando se le pregunta el porqué, sostiene que es para evitar situaciones que, según dice, han sufrido en Barcelona. "Allí hemos hemos tenido ataques muy heavies y así protegemos a los residentes. Porque una cosa es que venga el Ayuntamiento con una pegatina y precinte y otra es que vengan 30 perroflautas a destrozar la casa o a hacer pintadas", explica. 

Imagen del proyecto de las colmenas en Vallecas. | HAIBU 4.0

Las levantarán cuando hayan podido colgar el cartel de "completo". Y, tal y como insiste, lo harán aunque no tengan la licencia, a pesar de que admiten que eso no se ajusta a la normativa. De hecho, Olivé reconoce que hay muchos casos en los que el "papel administrativo" no llegará nunca. "Sabemos que en algunos casos no nos van a dar la licencia, por los motivos que quieran inventarse", dice. Sin embargo, está convencido de que en Madrid sí se hará. Concretamente, en las "grandes colmenas" que quieren construir en Vallecas y en San Cristóbal. "Ahí nos tienen que dar la licencia porque es un suelo donde se puede edificar", asegura. Pero el problema es que desatiende que la cuestión no es que se pueda o no edificicar, sino qué se edifica. 

Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), subraya que este "negocio especulativo" podría contravenir el Código Técnico de la Edificación. "Es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir todos los edificios en relación a los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y salubridad", explica. "Entiendo que este tipo de infravivienda no parece ser compatible con estas exigencias legales y, además, que contraviene toda la normativa internacional de Naciones Unidas que garantiza condiciones de habitabilidad dignas en las viviendas", denuncia.

Pero eso, según Olivé, no son más que "patrañas". Los ayuntamientos "se acogen a conceptos de dignidad, humanidad y tonterías que no hay por dónde cogerlas", asegura. Son, añade con convencimiento, "cantinelas" y "rollos" inventados. 

El precedente de Barcelona

El Ayuntamiento de Madrid ha dejado claro que no permitirá la instalación de estos habitáculos en la ciudad, pero antes ya lo hizo el de Barcelona, la primera ciudad donde comenzó a operar Haibu 4.0. "Desde el primer momento hemos sido firmes y rotundos sobre este tema. En Barcelona no hay cabida para aberraciones como esta", señalan fuentes municipales a infoLibre. "El derecho a la vivienda digna es intocable, no se juega con él", señalan. "Aparte de que es una propuesta inmoral, no se adecua a ningún tipo de legislación vigente. El Decreto de Habitabilidad de la Generalitat, por ejemplo, marca unos mínimos de superficie por habitación y persona (5 metros cuadrados) que no se respetarían de ninguna manera", critican las mismas fuentes. Por eso, argumentan, han sido "contundentes". Y lo seguirán siendo, dicen. "Queremos ser claros. Hemos avisado muchas veces que no dejaríamos sacar adelante este proyecto en Barcelona por muchos motivos. Es un proyecto indigno, inmoral y peligroso que no garantiza de ninguna manera la seguridad de las personas. Seremos estrictos para que este proyecto no salga adelante en Barcelona", insisten desde el Ayuntamiento.

Imagen de uno de los habitáculos de Haibu 4.0. | Haibu 4.0

Tal fue la lucha que la propia alcaldesa, Ada Colau, amenazó el pasado mes de marzo con una sanción de hasta 900.000 a la empresa si no revelaba la ubicación de las instalaciones que, como explica el Ayuntamiento, vulneran la normativa municipal. Según publicó El Periódico, el requerimiento firmado por Javier Burón, gerente de Vivienda, aludía a incumplimientos de Olivé por carecer de licencias correspondientes de uso del suelo y por ceder el uso de "viviendas que no cumplen con las condiciones básicas de calidad relativas a la seguridad" o que "no pueden obtener la cédula de habitabilidad". 

Sin embargo, después de que el Ayuntamiento precintara el local de Sants-Montjïc, en la calle Constitució, fue Haibu la que decidió demandar al Ejecutivo municipal. Éste, tal y como aseguró la compañía en un comunicado, había llevado a cabo acciones de "acoso, calumnias, acusaciones falsas y una campaña de desprestigio constante" contra el proyecto. En la demanda presentada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona, a la que ha tenido acceso este diario, la empresa alude a que la paralización de las obras constituyó una "actuación incorrecta" que constituía, "en realidad, una desviación de poder, una vía de hecho disimulada con una apariencia de legalidad que pretende impedir, por razones ideológicas, unas obras absolutamente legales". 

Así que la compañía solicitó la nulidad de la resolución que había llevado a parar las obras.

Y como la empresa ha comenzado una batalla judicial contra el Ayuntamiento, Olivé dice que no pueden "dar ninguna pista del número de casas ni de residentes" que tienen. Entonces, ¿se sigue operando en Barcelona, aunque no se desvele la ubicación de los habitáculos y a pesar de la falta de licencia? "Yo no te digo nada", responde el gerente de la empresa, riéndose.

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"Si se precinta, les llevamos a otra casa"

El Ayuntamiento de Barcelona ya denunció que no conocen la ubicación de estos nichos. De hacerlo, aseguran fuentes municipales, se procedería inmediatamente a su precinto. Y en esos casos, ¿qué ocurre con las personas? "Les llevamos a otra casa nuestra", responde Olivé. Pero si tiene las mismas condiciones que la que se cerró, ¿qué tipo de seguridad se garantiza a los "residentes"? "El Ayuntamiento no va tan rápido y el precinto no es instantáneo", responde. De todos modos, Olivé termina la conversación desafiando a los ayuntamientos: antes de cerrar los habitáculos, dice, "tendrán que encontrar esa nueva casa". 

Jacinto lo tiene claro. Hay que luchar contra este tipo de "negocios especulativos". "Desde la PAH tenemos una postura rotundamente en contra de la proliferación de este tipo de negocios especulativos que pasan por construir infravivienda y pone de manifiesto la falta de vivienda asequible que hay en nuestro país", sostiene.