Una agencia privada de colocación autorizada por Empleo lleva seis meses sin pagar a sus trabajadores

Las políticas de empleo son imprescindibles para recortar las cifras récord de paro en España. Y la escasa eficacia de los servicios públicos para orientar, recualificar y, finalmente, encontrar trabajo a los desempleados hace obligatorio el recurso a las agencias de colocación privadas. Ése ha sido el argumento del Gobierno para poner en marcha la “colaboración público-privada” en este campo: ya ha convocado –también lo están haciendo las comunidades autónomas– dos concursos para repartir los parados entre una lista de 80 agencias de colocación autorizadas. Al tiempo, el Ministerio de Empleo ha reducido a la mitad las partidas destinadas a la modernización del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y despedido a 3.000 orientadores laborales. Lo hizo en 2012, el año en que España superó el 25% de paro por primera vez en su historia.

Pero el nuevo sistema empieza con fallos. Una de esas agencias de colocación autorizadas por el ministerio, adjudicataria también de cuatro lotes de los concursos convocados por Castilla y León y Canarias, lleva seis meses sin pagar a sus orientadores laborales. Se trata de 14 profesionales contratados por la Fundación Sócrates para atender las Unidades de Orientación del Servicio Andaluz de Empleo en Chiclana y Jerez (Cádiz) y Huelva. La Junta de Andalucía también ha dejado este servicio a los desempleados en manos de empresas privadas, a las que subvenciona a través del programa Andalucía Orienta.

Los orientadores han presentado ya una demanda por impago de salarios, que se verá en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación andaluz el próximo 6 de agosto. Es el paso previo a la demanda judicial si no hay acuerdo. Fundación Sócrates fue una de las empresas a las que el Servicio Andaluz de Empleo concedió subvenciones para gestionar el programa de orientación profesional en 2015. En concreto, 226.805,95 euros para encargarse de las tres unidades de orientación durante seis meses: de enero a julio de este año. La fundación firmó contratos de obra y servicio con 14 orientadores, todos con experiencia de hasta 20 años. El sueldo, poco más de 900 euros al mes, “uno de los más bajos de Andalucía”, donde estos profesionales pueden cobrar hasta 1.300 euros, según explican los propios trabajadores, organizados en un grupo de Facebook para denunciar su situación.

En estos seis meses, y pese a que no han cobrado siquiera la primera nómina, no han dejado de trabajar ni un solo día. Por el contrario, han atendido a un millar de demandantes de empleo, lo que equivale a “más de 7.000 horas de atención directa, sin contabilizar las sesiones grupales de orientación”, apuntan.

Los plafones de luz del local de Jerez de la Fundación Sócrates, con cucarachas.

El motivo para no haber abonado los sueldos que Justo del Río, el gerente de la fundación, esgrime antes sus trabajadores y ha corroborado luego a infoLibre es el impago de la subvención por la Junta de Andalucía. “Fundación Sócrates no justificó la subvención que se le concedió del programa Andalucía Orienta para 2014, lo que nos impide liberar ninguna ayuda posterior”, explica por su parte un portavoz de la Consejería de Empleo. La empresa, añade, tiene pendiente de justificar el 25% de los 169.154 euros otorgados para atender a parados en Chiclana y en Jerez de la Frontera el año pasado.

Del Río responde que ha “justificado todo” y que, en cualquier caso, Empleo no debería haber aprobado la subvención para este ejercicio si tenía algo pendiente del anterior. “Nos sentimos engañados y estafados por la Junta”, protesta. También se siente en manos de una institución que es “juez y parte” en el conflicto.

Un entorno de trabajo desolador

Entretanto, el gerente de la Fundación Sócrates dice haber pedido un crédito a dos entidades bancarias, que de momento ninguna le ha concedido, para pagar las nóminas. Los trabajadores, sin embargo, no le creen. “No tiene un plan B”, lamentan fuentes de los orientadores. También describen un entorno de trabajo desolador. Según denuncian, la fundación no paga desde diciembre de 2014 el alquiler de los locales donde se atiende a los parados. “El propietario del local de Jerez están enseñándolo, tanto para alquilarlo como para venderlo, a posibles interesados”, indican. También adeuda la fundación los recibos de dos meses de luz y teléfono. Así que se les cortó el servicio de internet durante 15 días, en los que no pudieron atender al público “ni abrir la sala de autorientación”. El empresario ni siquiera aportó material: “Lo hemos tenido que comprar todo nosotros, desde los bolígrafos hasta los folios”.

Incluso de la limpieza de las instalaciones –locales de 300 metros cuadrados, con dos salas grandes para grupos y otras dependencias– tuvieron que hacerse cargo los orientadores laborales. Hasta los aseos, “que son públicos”, desinfectaron. Lo que no acabó con las cucarachas, “permanentemente” instaladas en el local de Jerez, “sito en los bajos de un edificio antiguo”. “Hemos tenido que matar cucarachas todos los días”, denuncian. De modo que el hecho de carecer de personal administrativo y, por tanto, de haber tenido que atender el teléfono, recibir a los parados o comunicarse con el Servicio Andaluz de Empleo, les resulta un mal menor. También se han encargado de poner en marcha y mantener los ordenadores, “desfasados, de hasta 10 años de antigüedad”.

Justo del Río reconoce que tiene “dificultades”,  pero asegura que no ha “engañado” ni “obligado” a nadie a hacer nada que no entrara en sus competencias. “Tengo contratada una empresa para la limpieza”, señala. Y responde que la falta de material ha sido sólo “puntual”.

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Venta de cursos para pagarse el sueldo

Por el contrario, los orientadores le acusan de haberles propuesto vender por las tardes cursos de formación a empresas, “visitándolas y concertando acuerdos”, para así “pagarse la parte final del programa Andalucía Orienta”. Es decir, les ofreció trabajar como comerciales “sin ningún tipo de cobertura contractual”. Se negaron todos. Del Río lo desmiente. “Fue una opción que se barajó, pero como era incompatible con su trabajo, se desechó”, precisa, “y se planteó sólo a los administrativos, no a los orientadores”. Igualmente niega que haya pretendido incluir una mutua de enfermedades profesionales con cargo a los trabajadores. “No es cierto, y en todo caso la mutua la pagaría la empresa, no ellos”, contrapone.

La Consejería de Empleo andaluza, finalmente, dice que está revisando la documentación que le ha remitido la Fundación Sócrates sobre la ayuda pendiente de justificar. Pero se desentiende de la suerte de los 14 orientadores laborales. “La relación contractual de la empresa con sus trabajadores no es responsabilidad de la Junta de Andalucía”, resume el portavoz de Empleo. Pese a que su logo figura en la puerta de las tres unidades de orientación y éstas llevan seis meses atendiendo, sin cobrar, a los parados que la consejería les envía en busca de nuevas oportunidades laborales.