El desafío de garantizar el acceso a la vivienda es complicado. Como medida para abordarlo, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, que comanda José Luis Martínez-Almeida, quiere comprar casas, para sumarlas a su “patrimonio público”. Los pisos a vender tienen que estar vacíos, en buen estado de conservación, tener un mínimo de un dormitorio, estar ubicadas sobre rasante y, si la vivienda no dispone de ascensor, ser hasta un tercero, como requisitos básicos. Pero además, los inmuebles deberán ser exteriores, haber pasado la inspección técnica, cumplir las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estar al día con las cuotas de la comunidad y tener dados de alta los suministros de luz, agua y gas.
Desde el ayuntamiento madrileño afirman estar abiertos a adquirir tanto viviendas de segunda mano como de nueva construcción, siempre que reúnan las condiciones escanciadas y no sean unifamiliares. Y lo harán a “precios de mercado” en “todos los distritos” de la capital. Han elaborado un mapa con el valor máximo del metro cuadrado que están dispuestos a abonar, armado en función de las distintas zonas de la ciudad, para que sirva de referencia a los interesados, que tienen que hacer una oferta de compra a la empresa municipal. De acuerdo a esa guía, el valor máximo que ha fijado el consistorio por metro cuadrado construido es de 3.163 euros para el distrito de Hortaleza, 5.017 para el barrio de Salamanca, 2.270 para la Latina, 4.862 euros para el área de Chamberí o de 1.773 en el caso de Puente de Vallecas, por ejemplo. Unos precios que no serían exactamente de mercado, si se comparan con los recogidos en los portales inmobiliarios. En la página web de uno de ellos, Fotocasa, se refleja que, actualizada la información a este agosto, el coste medio por metro cuadrado sería de 4.763 euros en Hortaleza, es decir, 1.600 más de los que la EMVS pretende pagar; y de 9.114 en el distrito de Salamanca, 4.097 más. Si se pone la lupa en Latina, la diferencia entre ambas cuantías es de 634 euros, al marcar el portal inmobiliario 2.904 euros; una distancia que crece hasta los 2.578 euros para Chamberí y que es más pequeña, de 430 euros, si la barriada es Puente de Vallecas.
"Es insuficiente"
Para financiar este plan, el departamento de Políticas de Vivienda del consistorio de la capital ha transferido seis millones de euros a la EMVS, según la información difundida por esta. Desde 2019, el Ayuntamiento ha incorporado a su parque “13 pisos comprados en el mercado secundario", con los que el total asciende "a 246”.
El investigador de la University College of London Eduardo González de Molina apunta que la iniciativa que ahora se mueve incluso en redes sociales “no es nueva”. “Ya se hizo en el mandato anterior, con resultados pobres”, desliza, aunque añade que no le “parece mal”, al ser “una herramienta más que tiene el sector público en la solución del problema de la vivienda”. Si bien, al tratarse de la adquisición de “viviendas sueltas, y no de edificios enteros”, no evitará “compras especulativas”, avisa.
Cree, asimismo, que “es un mecanismo muy insuficiente, respecto a la otra gran fórmula de compra, que se aplica en comunidades como Cataluña, País Vasco o Valencia: el derecho de tanteo y retracto”. A su juicio, en Madrid “debería haber una norma autonómica que le ceda a los ayuntamientos y a la propia comunidad ese derecho de compra preferente que permite impedir que fondos como Blackstone puedan hacerse con un edificio completo y destinarlo luego a pisos turísticos”. ¿Cómo? “Una vez que comprador y vendedor pactan un precio, tienen que ir al notario. Este congela la operación durante un mes y le traslada la información a la administración, que puede decidir si se queda el inmueble”, explica. “Esto sí sirve para combatir la especulación y es más eficaz”, remarca González de Molina.
Otro punto débil de la campaña de Almeida, a su entender, es que “le dedican muy poco presupuesto para la magnitud de la ciudad”. En la actualidad pueblan Madrid más de 3,3 millones de habitantes. En ese punto, indica que en Barcelona, con una población de 1,6 millones de personas, se han comprado en ocho años, entre 2015 y 2022, 1.600 viviendas, a lo que se han destinado 190 millones de euros. Y continúan moviendo ficha. El Ayuntamiento de la ciudad condal se hará con un bloque de pisos situado en la Dreta del Eixample, de 23 viviendas, de las que 21 se habían derivado al mercado de uso turístico o alquiler de temporada. “Eso se logra gracias al derecho de tanteo y retracto. Con el mecanismo de Almeida, no se conseguiría”, remata el investigador.
Una medida "cosmética"
A Alejandra Jacinto, abogada de CAES, el plan puesto en marcha por la empresa municipal madrileña le parece “pura propaganda para aparentar que les preocupa la vivienda, pero nada más”. Aunque se destinaran los 10 millones que constan en los pliegos vinculados a ésta, que ha consultado, “en el mejor de los escenarios se podrían comprar 30 viviendas, a precio real de mercado. Aumentar el pírrico parque público en esa cantidad en una ciudad como Madrid es una medida cosmética, que no va a resolver en nada el problema”, mantiene.
Comparte con González de Molina que a priori no es previsible que sea un plan con resultados muy fecundos. En opinión de Jacinto, responde a querer “obtener un titular” para “poder decir que hacen cosas”, más que a procurar “resolver el problema habitacional crónico que tiene Madrid”. “Si de verdad tuvieran intenciones de hacer esto último -engarza- se pondrían a declarar zonas tensionadas para regular los precios del alquiler y a revertir la venta que le hicieron a Blackstone en 2013 de 1.800 viviendas públicas”, lanza.
Insiste en que en la capital existe “un problema principal crónico que tiene que ver con el uso especulativo y con la concepción de la vivienda que tiene este ayuntamiento” y que no se solucionará con políticas “que recuerdan mucho a poner macetas en los balcones para combatir el cambio climático. Pura propaganda”, reitera para concluir.
Según la EMVS, Madrid cuenta con un “patrimonio de viviendas públicas, actualmente cifrado en más de 8.500, en todos los distritos” de la capital. Habrá que ver cuántas son capaces de agregar con esta oferta de compra.
El desafío de garantizar el acceso a la vivienda es complicado. Como medida para abordarlo, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, que comanda José Luis Martínez-Almeida, quiere comprar casas, para sumarlas a su “patrimonio público”. Los pisos a vender tienen que estar vacíos, en buen estado de conservación, tener un mínimo de un dormitorio, estar ubicadas sobre rasante y, si la vivienda no dispone de ascensor, ser hasta un tercero, como requisitos básicos. Pero además, los inmuebles deberán ser exteriores, haber pasado la inspección técnica, cumplir las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estar al día con las cuotas de la comunidad y tener dados de alta los suministros de luz, agua y gas.