"Si no quieres taza, taza y media". Habla el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y lo hace en relación al acuerdo del Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5% en 2024 hasta los 1.134 euros en 14 pagas. Un alza que se aplicará con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y que beneficiará a alrededor de 2,5 millones de personas, según las previsiones del Gobierno.
Los empresarios fueron los primeros en poner encima de la mesa una propuesta de elevación para este año de entorno al 3,5%, en línea con los incrementos reflejados en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), pero han acabado descabalgándose del pacto, pese a que los sindicatos estaban dispuestos a firmar un 4% para sellar una alianza tripartita, según fuentes de la negociación. La patronal no está anclada en el "no", pero tampoco es la primera vez que rechaza los incrementos del salario mínimo. Ya lo hicieron en 2018, 2021 y 2022, aunque sí respaldaron que en 2020 pasara de los 900 a los 950 euros mensuales.
En relación a la última crecida del SMI, desde CEOE y Cepyme han deslizado que confían en que “no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación”, lo que añadiría “un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo”. De momento, el remonte del 5% es un 1,45% más que la inflación media del pasado ejercicio 2023, el 3,55%, lo que, de mantenerse los próximos meses, permitiría a muchos ganar poder adquisitivo. En esta ocasión han apuntado a la inflación. Antes lo hicieron a otras cuestiones para oponerse a la mejora del SMI por temer a sus consecuencias en la economía.
Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se llevó a cabo la mayor mejora registrada en un año del SMI, un 22,3%, pasando de los casi 734 euros hasta los 900 al mes. Fue censurada por los empresarios, que pronosticaron una debacle del empleo, pero nunca llegó. Estudios del Banco de España y de la AIReF sitúan el impacto negativo entre los 28.000 y los 172.000 puestos de trabajo en 2019, un ejercicio en el que el empleo equivalente a tiempo completo creció un 2,3%, a la luz de información de la Contabilidad Nacional, lo que se tradujo en una creación neta de empleo ligeramente por encima de los 400.000 ocupados. Luego, en septiembre de 2021, se aumentó el SMI hasta los 965 euros al mes sin la participación de los empresarios, que también se opusieron al crecimiento hasta los 1.000.
En aquella ocasión se agarraron para hacerlo a la “incertidumbre” que se cernía sobre la economía. Aseguraron entonces que no se iban a recuperar “los niveles de negocio precrisis hasta 2023”, en un escenario en el que las empresas tenían que soportar elevados costes y de caída de la productividad. Unos vaticinios que tampoco se cumplieron. Es más, la economía española recuperó lo perdido por la pandemia antes de lo esperado y se expandió hasta el 6,4% en 2021 y hasta el 5,8% en 2022, según el INE. Más tarde, en enero de 2023, se escaló el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, pese a que la CEOE no acudió ni a la reunión. Lo que sí han mantenido en el tiempo es la acusación contra el Gobierno de obviar dos de sus reivindicaciones: no querer abordar la situación de los agricultores, quienes, a su juicio, “no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI”; ni la de revisar los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración para que “se vieran incrementados al compás de los costes”, lo que se conoce como indexación.
Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, no cree que el ascenso del SMI sea inflacionista. “Hay espacio en las empresas para asimilarlo sin conllevar aumento de precios y lo hay porque lo ha generado la caída de los de la energía y los de las materias primas”, defiende. “El discurso catastrofista e infundado -engarza- son bulos o ideas zombis que nos han contado, pero la realidad ha demostrado que la subida del SMI para lo que sirve es para conseguir movilizar muchas reservas que tienen las empresas aparcadas en la economía financiera hacia la real, aumentando el flujo circular de la renta, el consumo, la actividad económica, la creación de empleo…”. Considera que la política impulsada por el Ejecutivo “está funcionado” como demuestra el que “estemos alcanzando récords en afiliación o de empleo estable y de calidad, pese a los mensajes apocalípticos de la patronal, que luego los datos empíricos desmienten”, remata.
Para Sánchez también es un avance sólido. El presidente ha puesto el acento en que el SMI habrá agrandado “un 54% desde 2018” y su potencial como “herramienta para combatir la pobreza laboral y para la igualdad salarial".
Dos de sus vicepresidentas y ministras, la de Trabajo y Hacienda, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, respectivamente, han destacado la iniciativa, con alusión a los empresarios. Díaz ha lamentado “mucho” la “actitud de la patronal española”, que, a su entender, “ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país a llegar a un acuerdo". Por su parte, Montero ha admitido que le "hubiera gustado que la CEOE fuera parte" del pacto. Como a los sindicatos.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, piensa que un acuerdo tripartito “hubiera sido muy bueno, sobre todo, por el clima tan crispado que tiene la sociedad española”. “Hubiéramos trasladado un mensaje de responsabilidad, certidumbre y cierto sosiego desde el diálogo social”. Mari Cruz Vicente, la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO sostiene, de su lado, que “la importancia de tener acuerdos tripartitos es que es bueno en sí mismo y demuestra que todas las partes que tenemos que ver en el ámbito de las relaciones laborales tomaremos una medida”.
¿Tendrá alguna consecuencia que los empresarios se hayan borrado del pacto? “Es verdad que, si la patronal se suma, la aplicación práctica es mucho más fácil”, indica Luján, pero matiza que “una vez que se apruebe el decreto, no podrá no aplicar la ley y, si se resisten, habrá que denunciar en los tribunales o ante la Inspección de Trabajo”, avisa. “Si uno no puede ir a más de 120 kilómetros por la carretera, te gustará más o menos, pero si vas a 130, te multan”, compara. En la misma línea, Vicente asevera que el "no" de la CEOE “en este caso no tiene mayor trascendencia porque el SMI se regula por un decreto y es ley, por tanto, de obligado cumplimiento para las empresas del país, sin excepción, tanto las que no estén afectadas por un convenio colectivo, que son a las que mayoritariamente incumbe el SMI; como las que en sus convenios tengan alguna categoría que con esta subida se sitúe por debajo del salario mínimo”. “A efectos prácticos -cierra-, no tiene ninguna incidencia, el Gobierno tiene la obligación legal de decretar el SMI para el año con o sin acuerdo”. En resumen, el concierto con los agentes sociales no es preceptivo.
El PP sí se ha puesto del lado de los empresarios. El coordinador del área económica, Juan Bravo, ha cargado contra el acuerdo entre Ejecutivo y sindicatos ya que producirá "desestabilización, sobre todo, en las pequeñas empresas". "No se debe imponer lo que se ha de cobrar a aquellos que lo deben pagar", ha lanzado Bravo.
Los colectivos y perfiles más favorecidos
Al margen de las críticas, el escalamiento del SMI favorecerá en especial a algunos colectivos sociales. Lujan incluye “al sector del campo, empleadas del hogar, gente del sector servicios, trabajadores vinculados a contratas de la administración pública”. Para Vicente, el alza del 5% repercutirá, sobre todo, en “ aquellos que no tienen un convenio colectivo de referencia, los jóvenes y las mujeres que trabajan en sectores más desregulados o poco organizados con salarios bajos en algunas categorías”. “El acuerdo afectará de forma importante a en torno a un millón de mujeres y contribuirá a reducir la brecha salarial de género”, cierra. Su sindicato, CCOO, calcula que el 12,7% de las mujeres a jornada completa se han beneficiado del SMI y el 20,5% de la población joven hasta los 24 años. La incidencia relativa ha sido superior a la media entre los asalariados temporales (15,4%) y en agricultura (33%), otros servicios (28%) y comercio y hostelería (14,7%).
Desde Sumar aportan un análisis territorial. Por comunidades autónomas, la incidencia del salario mínimo es apreciablemente mayor en Extremadura (21,7%), Canarias (21,5%), Murcia (20,1%) y Andalucía (18,8%). Y considerablemente más baja en Navarra (6,9%), Baleares (7,5%) y País Vasco (7,6%). El perfil más común de perceptor del SMI es una mujer de 25 a 55 años que trabaja en el sector servicios con un contrato indefinido y vive en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña.
"Si no quieres taza, taza y media". Habla el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y lo hace en relación al acuerdo del Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5% en 2024 hasta los 1.134 euros en 14 pagas. Un alza que se aplicará con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y que beneficiará a alrededor de 2,5 millones de personas, según las previsiones del Gobierno.