El amago de plante del PP contradice un historial de encuentros bilaterales sobre financiación y deuda

Las reuniones bilaterales entre el presidente del Gobierno central y los autonómicos no son una rara avis de la política española. Esas escenas de cierta intimidad, más o menos largas y más o menos cordiales, se han cultivado por todas las partes, al margen de las Conferencias de Presidentes. Lo que no es tan habitual es la posibilidad de un plante, como se baraja ahora, ante la opción de que Pedro Sánchez llame a los máximos dirigentes autonómicos para tratar cara a cara el que el Gobierno pueda aceptar “singularidades” y permitir que las autonomías “recauden y gestionen más gravámenes", tras la polvareda que ha suscitado el pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa en Cataluña. El objetivo es crear “un sistema de financiación más justo", que "exija la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos", en palabras de Sánchez. Por su parte, Feijóo reunió a sus barones para arrancarles el compromiso de tratar la financiación o la deuda autonómica "únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello".

Lo cierto es que una revisión detallada de las agendas públicas indica que esos encuentros bilaterales entre presidentes del Ejecutivo central y los de comunidades autónomas han sido habituales, y en ellos se ha hablado –a veces principalmente– de financiación.

Hubo esas citas a dos a las puertas de acordarse el sistema de financiación que germinó en uno de los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y sigue vigente. El entonces presidente estatal comenzó contactos a finales de diciembre de 2008 con los máximos representantes autonómicos, como el de la Generalitat, José Montilla, quien avisó de que el modelo de financiación para Cataluña tenía que cumplir el Estatut; o con el andaluz, Manuel Chaves, quien aprovechó para poner encima de la mesa la cuantificación de la llamada ''deuda histórica'', recogida en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de esa región, pero sin abonar.

Zapatero se vio igualmente con los populares Ramón Luis Valcárcel y Juan Vicente Herrera. El primero, por aquella época presidente de Murcia, pidió que se hiciera frente a la deuda de su comunidad por el incremento poblacional que había sufrido; y para el segundo, que gobernaba Castilla y León, lo importante era que se compensara a las comunidades que, aun teniendo una renta per cápita superior a la media, registraran una evolución demográfica por debajo del promedio. La presidenta madrileña, la también popular Esperanza Aguirre, reclamó que el criterio que más pesara en el reparto de los fondos nacionales fuera el de la población; y el socialista Marcelino Iglesias, presidente de Aragón, buscó que el sistema recogiera parámetros como el envejecimiento, la dispersión y la superficie.

En esa tanda de visitas presidenciales, el máximo dirigente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, llegó a demandar que el sistema de financiación tuviera en cuenta, por primera vez, el coste derivado del hecho diferencial de tener lengua propia. El gallego había tenido otra entrevista de trabajo previa meses antes con Zapatero, en la que se abordaron infraestructuras como la ampliación de la AP-9 y la llegada del AVE. 

El tren de alta velocidad protagonizó la reunión con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que tuvo lugar ya en 2010, dado que el encuentro se produjo tras la decisión del Ministerio de Fomento de suspender la colocación de la primera piedra del AVE a Cantabria. No era el primero ni sería el último en poner el foco en el ferrocarril.

Rajoy no las evitó

De su lado, Mariano Rajoy tampoco eludió los acercamientos a dos. A finales de julio de 2014, recibió por ejemplo al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, con quien, además de cuestiones económicas y financieras sin avance, abordaron la consulta de autodeterminación que Rajoy rechazó por ser ilegal y, por tanto, irrealizable.

Al año siguiente, en 2015, el popular inició encuentros con los presidentes autonómicos que auparon las elecciones del 24 de mayo (24M). Comenzó con la de Illes Balears, la socialista Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso. Para continuar con el de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, barón de su partido en esa etapa; y el de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canarias. 

Armengol no dudó en exponer al presidente los problemas de financiación que afectaban a su comunidad y le sacó el compromiso de que el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convocara la Comisión Mixta de Financiación entre las Illes Balears y el Ejecutivo, que llevaba cuatro años sin celebrarse. La presidenta balear quería llevar allí la posibilidad de un régimen especial para compensar los problemas de la situación insular.

Pedro Antonio Sánchez puso el acento en la sequía, el precio del agua desalada y la financiación insuficiente que, según él, padecía Murcia. Se fue de Moncloa con la promesa de Rajoy de prorrogar un año el decreto en la cuenca del Segura para hacer frente a la escasez de agua y la colaboración del Estado para abaratar el precio de la desalada para los regantes, si se paralizaba el trasvase desde Castilla-La Mancha. Al jefe del Ejecutivo canario, le garantizó que aceleraría la reforma del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago.

Se vio igualmente con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la que conversó sobre políticas sociales, infraestructuras, inmigración y Cataluña. Esto último al calor del revuelo que causó el inicio de lo que algunos partidos pretendían fuese el proceso de creación de un Estado catalán independiente. Con ella intercambió de nuevo pareceres sobre financiación autonómica, el elemento constante a lo largo de los años. De hecho, Rajoy cerró en 2017 un acuerdo institucional con las comunidades, que incluía armar ese ejercicio otro modelo, pero esto nunca cristalizó.

Sánchez hizo una ronda en 2018

Su sustituto en La Moncloa, Pedro Sánchez, arrancó su primera tanda de contactos en 2018, tras acceder al cargo. Se celebraron por orden de antigüedad de la aprobación de los estatutos autonómicos y se incorporó incluso a los presidentes de Ceuta y de Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente. En ese marco, desembarcó en el palacio de La Moncloa al ex lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, con quien habló de la convergencia europea y la necesidad de caminar hacia la unión monetaria y fiscal o los flujos migratorios. Junto a ello, Sánchez y Urkullu decidieron poner en marcha dos grupos de trabajo: uno para revisar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra decisiones del Ejecutivo vasco y otro para avanzar en las transferencias pendientes como la de la gestión de líneas ferroviarias.

Con el que fuera president catalán, Joaquim Torra, acordó reactivar la comisión bilateral Estado-Generalitat, tras siete años de bloqueo, reimpulsar el Corredor Mediterráneo o el levantamiento a vetos del anterior Gobierno a leyes del Parlament de contenido social, como las asociadas a la pobreza energética o al cambio climático. 

Quien en aquel momento era el presidente de la Xunta, el hoy líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no quiso perder la oportunidad de dar voz a los gallegos y al término de su encuentro con Sánchez presumió de haberle arrancado el compromiso firme de que el AVE llegaría a Galicia en 2019, como se había acordado con el Gobierno de Rajoy, y de que la línea entre Ourense y Lugo se inauguraría en 2021. Sobre la financiación, dijo haber advertido a su interlocutor de que "no podía ser moneda de cambio para acallar problemas identitarios", en referencia a Cataluña.

En julio, el presidente español se vio con la mandataria de Andalucía, Susana Díaz, quien no desaprovechó la ocasión para hablar de la “infrafinanciación” de su territorio. Además dialogaron de la puesta en marcha de un plan de empleo, el apoyo a Navantia o un plan de seguridad específico para el Campo de Gibraltar. Javier Fernández, en su cargo de presidente del Principado de Asturias, pidió que se finalizara la conexión ferroviaria entre Asturias y Madrid y un Plan de Cercanías. A él, Sánchez le trasladó su intención de intentar aprobar aquella legislatura otro modelo de financiación, aunque tampoco sería posible.  

El presidente socialista se encontró igualmente con Revilla para profundizar en infraestructuras, como el proyecto ferroviario del Corredor de Altas Prestaciones Palencia-Santander. Al representante del Ejecutivo de La Rioja en 2018, José Ignacio Ceniceros, le transmitió su apuesta por desbloquear proyectos que los populares habían “incumplido sistemáticamente" como el de la Ronda Sur de Logroño. Y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, abordó la llegada del AVE soterrado a esa región, junto a la garantía por parte del Estado del abastecimiento de agua necesaria.

Hasta Moncloa se desplazó, asimismo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para dialogar de financiación, infraestructuras, transporte o sanidad. Sánchez manifestó en aquella ocasión que, según los datos que le había adelantado Puig, se reunían las condiciones para proceder a refinanciar la deuda de la Comunitat Valenciana.

Lambán y Page no faltaron

No le dieron esquinazo al presidente socialista tampoco dos miembros de su partido críticos en la actualidad con algunas de las decisiones del Ejecutivo. Sánchez compartió tiempo con el ex presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, con quien en 2018 coincidió en la conveniencia de reformar el sistema de financiación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque no descartaron el que ese órgano estudiara introducir reformas individuales, según se recoge en la reseña de la reunión de la web de Moncloa. El futuro de las cuencas mineras de Aragón o el Corredor Mediterráneo-Cantábrico, fueron otros de los puntos reseñables. El presidente estatal intercambió opiniones en aquella etapa con el de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la financiación autonómica, el trasvase Tajo-Segura o las inversiones previstas por el Estado en infraestructuras de aquella comunidad. Sánchez le indicó que la voluntad del Ejecutivo era tener en cuenta la situación particular de cada territorio, así como atender a factores concretos como la despoblación, según se refleja en la referencia oficial.

Desde Canarias, Clavijo acudió a la llamada otra vez. Se le dijo que el Gobierno propulsaría convenios en materia de empleo, agua, pobreza, costas y vivienda e invertiría 1.200 millones de euros en carreteras. Con Uxue Barkos, máxima dirigente de Navarra, trató del traspaso de competencias de tráfico y seguridad vial; y el ex presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, indicó como prioritario para su territorio las inversiones en infraestructuras.

Como Rajoy, Sánchez abrió las puertas de La Moncloa a Armengol para avanzarle su propósito de elevar al Congreso un nuevo Régimen Especial fiscal para Baleares, conocido como REB, e inversiones específicas por parte de los diferentes ministerios para paliar el hecho insular. Y en el caso de Herrera, volvió a salir el AVE y la autovía del Duero.

Al ex mandatario de Madrid, Ángel Garrido, le comunicó un plan para modernizar la red ferroviaria de Cercanías dotado de 6.000 millones. Salieron a reducir las obras de la estación de Chamartín, que ahora acaparan titulares por las incidencias con los trenes. 

Cara a cara con Ayuso y salidas de Moncloa

Completado aquel año, Sánchez ha ido recibiendo a los mandatarios autonómicos que ganaban elecciones y eran nombrados en sus cargos. Lo hizo en 2021 con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por segunda vez en apenas un año, dado que en septiembre de 2020 se juntaron a petición de la popular por la pandemia. Ayuso le comentó al presidente su posición contraria a los indultos a los presos catalanes y a la "armonización fiscal" con la que ella creía que el Gobierno pretendía subir los impuestos a los madrileños para financiar a los independentistas.

En los últimos meses este tipo de reuniones se ha reactivado, pero con cambios en la escenografía. Fue Sánchez el que acudió a la residencia oficial del Lehendakari, Imanol Pradales, quien le solicitó empezar a trabajar en el cumplimiento total del Estatuto de Gernika. Se había desplazado con anterioridad a Cataluña, al Palau de la Generalitat, para ver a un Aragonès ya presidente en funciones. Y viajó recientemente para encontrarse con la presidenta de Illes Balears, Marga Prohens, en la sede de la Presidencia, en el Consolat de Mar. La popular le exigió la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para discutir la reforma del sistema de financiación autonómica, mientras el presidente destacó la aprobación del Régimen Económico Especial de Baleares como muestra de reconocimiento de la singularidad de una autonomía, compatible con la solidaridad entre comunidades.

La emergencia migratoria que vive Canarias motivó más horas de reunión con Clavijo, esta vez en La Palma, de las que salió una inyección de 50 millones de euros a abonar hasta final de este 2024 para hacerle frente.

El repaso a la hemeroteca, por tanto, concluye que las reuniones bilaterales entre presidentes o presidentas autonómicos y distintos presidentes del Gobierno central para hablar de financiación han sido más norma que excepción.