- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.
El fraude fiscal se asocia a los grandes impuestos, el IRPF o sobre sociedades, a esos muchos miles de millones que se les escapan a los inspectores de Hacienda. Pero también hay fraude y evasión en otros niveles que pueden pasar más desapercibidos o son considerados de menor cuantía y gravedad. En los ayuntamientos, por ejemplo, que también son poderosas máquinas de recaudar. La investigación del fraude fiscal requiere unos medios humanos e informáticos de los que suelen carecer las administraciones locales. Lo que no quiere decir que el agujero municipal por el que se pierden otros tantos millones de euros cada año sea pequeño. Un informe elaborado por el Ayuntamiento de Madrid calcula que el 71% de las 27.685 actas de inspección abiertas entre 2015 y 2018 implicaron una sanción tributaria. El resto se regularizaron sin sanción. Por lo que los autores del documento concluyen que en esas 19.577 actas concurría algún tipo de culpabilidad por intencionalidad o negligencia. Según sus cifras, en el 20% de las sanciones había una “ocultación intencional”. En el 13% de ellas, el fraude tenía la consideración de grave. Y en un 19% los responsables eran sociedades anónimas, lo que puede indicar que se trataba de empresas de un cierto tamaño, no de particulares o pymes.
Sin embargo, no hay ni una sola denuncia por delito fiscal que un ayuntamiento español haya llevado jamás a la Fiscalía. La dificultad para acreditar el ánimo de defraudar es la razón. Para probar que ha existido dolo hay que motivar bien la causa, y para ello, a su vez, hay que investigar.
Además, los ayuntamientos deben cobrar: los tributos y las sanciones por no pagarlos. Y eso también resulta complicado si los medios son escasos. O no se pone mucho empeño. Somos Sindicalistas, una pequeña organización surgida hace años al tiempo que Podemos, ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) y ante la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) por los casi 300 millones de euros que el consistorio municipal deja de recaudar cada año por problemas de ineficacia recaudatoria y fraude.
La eficacia recaudatoria de una administración se mide relacionando los derechos reconocidos –lo que debería ingresarse– por cada impuesto con la recaudación efectivamente realizada. El Ministerio de Hacienda calculó la eficacia municipal para el ejercicio de 2015 en un 90,65% por lo que, de cada 10 euros, las entidades locales pierden uno. La del Ayuntamiento de Madrid está ligeramente por debajo de esa media, con un 89,27%. Sólo contando los cuatro principales impuestos –IBI, IAE, Plusvalía y Vehículos–, Madrid dejó de recaudar 296,66 millones de euros en 2017, por 46,07 millones Barcelona.
Según la demanda, a la que ha tenido acceso infoLibre, esa “pérdida no justificada de recaudación” se debe a que el Ayuntamiento “no utiliza consciente y voluntariamente medidas legales y técnicas disuasorias de fraude”, ni activa “aplicaciones informáticas de gestión tributaria eficaces para hacer efectivo el cobro de las sanciones penales impuestas a las empresas que cometen fraude”. A juicio de los demandantes, se combina una “obsolescencia informática mantenida adrede” en las aplicaciones destinadas a la gestión y cobro de deudas, con una “interesada mala gestión”.
Grabar datos manualmente
El atraso informático de la Agencia Tributaria municipal lo reconoce el propio ayuntamiento en el informe antes citado, que fue elaborado en 2018, por la anterior corporación encabezada por Manuela Carmena. No importa si se trata del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), o la conocida como plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) o las múltiples tasas municipales, las aplicaciones informáticas con las que trabaja el Ayuntamiento de Madrid “presentan carencias importantes y falta de interconexión entre ellas para explotar mejor los datos”, resume el informe. Por ejemplo, los funcionarios no tienen acceso a los datos del impuesto de sucesiones –en poder de la Comunidad de Madrid–, ni a las de los notarios y registradores, o deben “grabar manualmente” determinados pagos.
El desfase es similar en la recaudación ejecutiva, cuando el ayuntamiento tiene que cobrar en vía de apremio y embargar al deudor. El informe revela que “no existe desarrollo informático” para tramitar los procedimientos de derivación de responsabilidad –exigir el pago de una deuda a quien se declare responsable solidario o subsidiario–, que por tanto también se hacen “manualmente”. Así, “este tipo de expedientes sólo pueden ser abordados de forma esporádica”. Es decir, no es posible perseguir aquellos casos en que una empresa infractora “desaparece” o si en una multa de tráfico el infractor resulta ser un ciudadano insolvente. O cuando se utilizan sociedades interpuestas para no pagar. Las sanciones terminan prescribiendo.
Según el informe, tampoco existe una aplicación informática única que incluya desde la tramitación de las liquidaciones y recibos hasta su extinción. “Hay que cargar las deudas en la aplicación de recaudación ejecutiva desde cuatro aplicaciones distintas”, detalla. Cuando el entonces director de la Agencia Tributaria municipal, José Antonio Díaz de Cerio Villamayor, presentó el documento a los sindicatos, aseguró que el trabajo que hacían los funcionarios era “meritorio y casi artesanal”.
infoLibre ha preguntado a la actual corporación municipal sobre estos problemas con la recaudación. Fuentes del área de Hacienda sólo mencionan las “dificultades propias de estos procesos, fundamentalmente en la vía ejecutiva”: la desaparición del deudor por fallecimiento o disolución de la empresa, errores en las matrículas de los vehículos por parte de la Dirección General de Tráfico, la identificación de cuentas corrientes o de bienes en embargos. Pero dicen que no existe ninguna cifra que mida el impacto de las deficiencias informáticas en los ingresos municipales. Por el contrario, subrayan que la recaudación se redujo en 2020 y lo hará también este año por la política municipal de bajada de los tributos. La reducción del tipo del IBI, las bonificaciones para familias numerosas en este impuesto y en la tasa de residuos sólidos urbanos a locales cerrados y por inicio de actividad, así como las medidas fiscales por el covid-19 recortarán la recaudación municipal en 250 millones de euros, precisan.
18,7 millones en el proyecto Mástil
Estas carencias aparecen destacadas en la demanda presentada en el Tribunal de Cuentas Europeo y relacionadas con la historia del proyecto Mástil, una plataforma para gestionar los ingresos municipales que intentó ponerse en marcha en 2006, mediante un contrato con una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por T-Systems, ITC/TAO y Gestión Tributaria Territorial, a cambio de 7,2 millones de euros. El proyecto debería haber quedado completado en 2009, pero no fue así. Tuvo que ser licitado de nuevo, se hizo cargo de él Indra, que cobró 2,5 millones de euros hasta 2013 por un trabajo que tampoco quedó concluido. Ana Botella volvió a sacarlo a concurso justo antes de salir del consistorio, por nueve millones de euros, pero Manuela Carmena paralizó la convocatoria nada más llegar a la alcaldía, en julio de 2015.
Más Madrid presenta el recurso contra la constitución del grupo mixto en el Ayuntamiento
La gestión de este contrato es, destaca la demanda, “un claro ejemplo de mala gestión y de opacidad”. “Nunca se concluyó”, subraya, pero “se pagó en su totalidad”, pese a que las empresas adjudicatarias lo incumplieron “de manera reiterada”. Por su parte, el ayuntamiento indica que el proyecto Mástil se paralizó en 2019, porque en los años en que se prolongó su desarrollo su “diseño conceptual” se quedó “obsoleto”. Ni integraba los nuevos estándares de la administración electrónica ni permitía la “interacción” con otros sistemas del consistorio, como los de “gestión y control de la actividad económico-financiera y los recursos humanos”, detallan.
Para los denunciantes, el proyecto Mástil es, además, un ejemplo de uso indebido de los fondos Feder de la UE, de los que la Comunidad de Madrid ha recibido 33,56 millones de euros para repartir entre los ayuntamientos a fin de mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información (TIC) entre 2014 y 2020. De ahí que Somos Sindicalistas solicite al Tribunal de Cuentas Europeo que audite si el ayuntamiento hizo un uso correcto de esos fondos e informe a la OLAF, en caso de que sospeche un fraude. Por su parte, el consistorio asegura que en esos fondos no existe una aportación destinada a desarrollar herramientas tecnológicas para la gestión de tributos municipales.
El ayuntamiento explica también que está trabajando en la implantación de un nuevo proyecto para la gestión interna de los tributos municipales basado en la solución SAP-TRM, que debería sustituir al actual sistema, AS400. En marzo de este año, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado un nuevo concurso, por un importe de 6,6 millones de euros, para la creación de una plataforma que dé soporte a la gestión integrada de ingresos municipales, multas, tesorería y seguimiento administrativo. El pasado mes de marzo fue adjudicado a IBM, la única empresa que se presentó. Deberá haber completado sus trabajos en 2024.
- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.