Ayuso, obligada a recuperar 3.000 viviendas sociales que Ignacio González vendió a Goldman Sachs-Azora

La venta de casi 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) al fondo Goldman Sachs-Azora en 2013 por parte de la Comunidad de Madrid ha quedado definitivamente anulada. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado agotar la última vía, la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Supremo del pasado 9 de marzo por la cual el Alto Tribunal tumbaba un recurso de casación del Gobierno autonómico. Así lo ha confirmado a infoLibre el propio equipo de Díaz Ayuso. 

El recurso ante el Constitucional era una opción que llevaba meses manejando la Comunidad de Madrid, tal y como sus portavoces han aireado públicamente. De hecho, la primera sentencia que anula la enajenación de 2.935 VPO del antiguo Ivima traspasadas por 201 millones de euros -por debajo del precio de mercado- data de mayo de 2018 y fue formulada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital.

Según un portavoz de la Consejería de Vivienda al frente de la cual se halla el ex alcalde de Alcorcón David Pérez, "la Comunidad de Madrid ha decidido efectivamente no ejercer su derecho al recurso de amparo ante el Constitucional". "Ahora estamos estudiando cómo cumplir la sentencia, que acatamos absolutamente", indican desde la consejería.

Los sucesivos gobiernos de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora de Díaz Ayuso han recurrido siempre ante las instancias superiores para defender la decisión que en su día adoptara su predecesor, el ex presidente Ignacio González, hoy investigado por Lezo. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -una vez- como la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo -en dos ocasiones- han denegado la razón a los órganos jurídicos regionales. 

Un inquilino de Navalcarnero

Uno por uno, todos los tribunales han ido rechazando los sucesivos recursos autonómicos. Se han producido situaciones inéditas: en junio de 2019 el TSJM deliberó durante cuatro meses hasta dar la razón al denunciante que ha desencadenado todo, un hecho sin precedentes. El denunciante es Rachid B., inquilino de una vivienda social del Ivima en la localidad de Navalcarnero que entró en 2007 con un arrendamiento de 230 euros y que, cinco años después, se enteró que su nuevo inquilino era el vehículo inmobiliario creado por el fondo Goldman Sachs-Azora, llamado Encasa Cibeles.

Azora trató de subir el alquiler a Rachid con vistas a echarle del apartamento, pero éste emprendió a partir de 2016 un camino judicial junto a un abogado del turno de oficio para poder quedarse en el piso protegido. Las consecuencias del periplo judicial emprendido por ambos suponen un terremoto, ya que afectan a nada menos que a 3.000 viviendas, pero podrían extenderse a otras 2.000 VPO que por las mismas fechas (2013) el Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Ana Botella, vendió a otro fondo buitre: Blackstone-Fidere. 

Las 2.000 VPO de Botella

De acuerdo con la sentencia primigenia de mayo de 2018, queda estimado "íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON RACHID B. contra las dos resoluciones de la Dirección Gerencia del Instituto Madrileño de la Vivienda [antiguo Ivima, hoy rebautizada como Agencia de la Vivienda Social], (...) , por lo que debo anular y anulo totalmente las mismas y dejo sin efecto alguno la adjudicación y enajenación que por la primera de ellas se acuerda y con ello la transmisión del contrato de arrendamiento del demandante al propietario resultante de dicha enajenación". 

En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha recurrido alegando la falta de "legitimidad activa", es decir, que el fallo del juzgado de Primera Instancia ratificado por el TSJM y el Supremo solo debería de afectar al denunciante Rachid B. y no al resto de pisos. Los intentos han sido en vano: en marzo pasado, el Supremo remachó que las consecuencias de la operación fueron "directas" para miles de personas que habían accedido a una vivienda social tras cumplir una serie de requisitos, fundamentalmente económicos. El Alto Tribunal negó asimismo la existencia de una "incongruencia omisiva del auto en relación con una cuestión procesal", el argumento del abogado de la Comunidad de Madrid.

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Víspera del estado de alarma

El último fallo del Supremo, del 9 de marzo de este año, pasó desapercibido ya que se emitió la víspera de la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19. Pero contiene pasajes sorprendentes. Por ejemplo, el alto tribunal abronca al letrado de la Comunidad de Madrid por su insistencia en "erigirse en representante o defensor de los derechos de" Goldman Sachs-Azora. "Es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses", razonó entonces el Tribunal Supremo. 

Queda lo más complicado: conocer cómo el Gobierno regional aplicará la sentencia, teniendo en cuenta que Azora ha vendido centenares pisos sociales que compró en 2013 a terceros, algo que jurídicamente puede resultar muy difícil de resolver. Miles de familias sin embargo permanecen en las viviendas de protección oficial y reclaman su derecho a seguir pagando un arrendamiento asequible o, en su defecto, ejercer la opción de compra. En 2015 la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid señaló que la venta efectuada por Ignacio González se realizó por debajo del precio de mercado, para beneficio de los fondos buitre.