La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha señalado que en 2023 las comunidades autónomas perderán 661 millones de euros. Este organismo, que fiscaliza las cuentas públicas con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Estado, señala que de esta cuantía, el 82% corresponde a dos regiones: Madrid (335 millones) y Andalucía (209). Ambas experimentarán dichas pérdidas de ingresos tras las rebajas fiscales aprobadas para 2022, con impacto recaudatorio en la declaración de la renta del próximo año. “Esto pone de manifiesto algo que ya tenemos muy conocido en el mundo académico: las bajadas de impuestos, tanto a largo, a medio como a corto plazo reducen la recaudación”, explica Diego Martínez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide y un experto en el régimen fiscal de las autonomías.
Según los datos de la Airef, 529 millones de euros serán por las deflactaciones del IRPF, 89 del que grava el patrimonio y 10 de los impuestos sobre las sucesiones y las donaciones. En el apartado “otros”, donde se recogen otras figuras fiscales, por ejemplo, de carácter medioambiental, también se dejarán de ingresar 48 millones de euros. Solo se produce un aumento de ingresos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, por el aumento en la Comunidad Valenciana y su mantenimiento en el resto de autonomías.
Las comunidades autónomas que más han recortado los impuestos son la Comunidad de Madrid (335 millones de euros, prácticamente todo en IRPF), Andalucía (209 millones), Navarra (93 millones) y Galicia (78 millones). “Este informe calcula que si hay comunidades autónomas como Andalucía o Madrid, que son las que tienen un mayor impacto recaudatorio negativo, siguen bajando impuestos, van a seguir perdiendo recaudación como consecuencia”, añade el profesor Diego Martínez. De los 335 millones de euros que deja de recaudar la Comunidad de Madrid, 334 millones se pierden en la deflactación de los tramos del IRPF, que descienden medio punto.
Cabe señalar que la Airef ha despejado un horizonte benigno para las comunidades autónomas. Prevé equilibrio presupuestario o superávit fiscal para doce comunidades autónomas (entre ellas Madrid y Galicia): “La Airef ha dicho que las comunidades van a salir mejor en 2023 de lo que el Gobierno les va a exigir. Va a haber un desplazamiento de las comunidades a comportarse de una manera más relajada, más expansiva. El Gobierno está manteniendo un comportamiento laxo en la responsabilidad fiscal que se le debe exigir a las comunidades, tanto en 2023 como en 2024”, explica Martínez.
Patrimonio: Dejar de recaudar 97 millones para evitar que se fuguen 3,5
“Supone un freno para la inversión”, dijo Juanma Moreno sobre el impuesto sobre el patrimonio, el 19 de septiembre. Lo dijo en el discurso que anunció la rebaja fiscal generalizada: “En el último ejercicio, de los 20 contribuyentes que más pagan por el impuesto sobre el patrimonio, la mitad se trasladó fuera de Andalucía. La marcha de estos contribuyentes supuso la pérdida de unos 3,5 millones de euros en el impuesto sobre el patrimonio. Y lo que es más grave: la pérdida de 14 millones de euros en IRPF”. La Airef constata ahora que Andalucía dejará de ingresar 97 millones de euros de los 20.600 contribuyentes con un mayor patrimonio (el 0,2% de la población andaluza) por la supresión en la práctica del impuesto.
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Con su golpe de efecto fiscal, Juanma Moreno consiguió reabrir y liderar un debate autonómico sobre los impuestos, al que le siguieron una serie de regiones. Una de ellas fue Galicia. Su presidente, el popular Alfonso Rueda, anunció seis días más tarde la bonificación del 50% del impuesto sobre el patrimonio. Eso la convierte en la segunda región que más dejará de recaudar este año gracias a esta figura fiscal, respecto a 2022: 17 millones de euros menos. “Muchas veces bajando impuestos se consiguen subidas en la recaudación final, porque la economía está interconectada y hay que hacer medidas inteligentes”, dijo el presidente gallego ese día.
La Comunidad Valenciana sube los impuestos de manera generalizada
Por el lado opuesto, la Comunidad Valenciana ha sido la única región que ha ido a contracorriente de la oleada de rebajas fiscales que inició Juanma Moreno: en 2023 ingresará más por IRPF, por Patrimonio, por el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, entre otros. En total serán 78 millones de euros más que ingresarán las arcas públicas valencianas. Solo otras tres comunidades tendrán un impacto positivo por las medidas fiscales tomadas en los últimos meses, pero es muy menor: Cataluña (4 millones), Baleares (3 millones) y Cantabria (2 millones).
Ximo Puig anunció hace unos días su reforma fiscal, que incluye una rebaja para los primeros tramos del IRPF hasta los 60.000, que afecta a todas las rentas, y un aumento para los que solo afectan a las más altas. Esta reforma, no obstante, no aparece recogida en el informe de la Airef. La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia son las dos comunidades sobre las que se prevé que tengan un mayor déficit fiscal en 2023, de más del 1%, según la Airef. En este sentido, las medidas aprobadas en 2022 se recaudarán en 2023. Pero, como recuerda el profesor Diego Martínez, por el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, las regiones “no lo recibirán hasta 2024”.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha señalado que en 2023 las comunidades autónomas perderán 661 millones de euros. Este organismo, que fiscaliza las cuentas públicas con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Estado, señala que de esta cuantía, el 82% corresponde a dos regiones: Madrid (335 millones) y Andalucía (209). Ambas experimentarán dichas pérdidas de ingresos tras las rebajas fiscales aprobadas para 2022, con impacto recaudatorio en la declaración de la renta del próximo año. “Esto pone de manifiesto algo que ya tenemos muy conocido en el mundo académico: las bajadas de impuestos, tanto a largo, a medio como a corto plazo reducen la recaudación”, explica Diego Martínez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide y un experto en el régimen fiscal de las autonomías.