El Banco de España advierte de que la desigualdad aumentará tras la pandemia y pide políticas de redistribución de la riqueza

El Banco de España ha advertido en su informe anual sobre la economía española que los niveles de desigualdad en la sociedad española, que eran ya "elevados" antes de la pandemia, aumentarán previsiblemente como consecuencia de ella, y ha pedido políticas de redistribución de la riqueza. Según la autoridad monetaria, la pandemia está mostrando una "especial incidencia negativa" en algunos colectivos de trabajadores particularmente vulnerables, aquellos con contrato temporal, más jóvenes y con rentas más bajas.

De esta forma, asegura que parece "probable" que la crisis económica actual acabe elevando los niveles de desigualdad en la sociedad española, a pesar de las medidas que las autoridades han desplegado para mitigar los efectos adversos de la pandemia sobre las rentas y la liquidez de los hogares.

Por ello, la autoridad monetaria aboga por analizar las distintas políticas de transferencias sociales que están en vigor en diversos ámbitos de la Administración Pública, incluidas la sanidad y la educación, así como el funcionamiento del sistema impositivo. "El objetivo sería valorar si, en su conjunto, estos instrumentos permiten alcanzar el grado de redistribución de recursos que la sociedad demanda y si su operativa es lo suficientemente eficiente", reitera el Banco de España, que añade que el grado de redistribución de estas políticas en España es menor que el observado en la media de la UE.

En concreto, destaca que la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020 supuso la introducción de un mecanismo de redistribución que podría contribuir "significativamente" a paliar la pobreza extrema en España hasta el 1,5% desde el 5,7% actual, según datos del INE. Para el Banco de España, podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV a algunos colectivos que, de acuerdo con el diseño inicial de este instrumento, no son elegibles, pero que también se encontrarían en situación de riesgo de pobreza extrema. Por ejemplo, afirma que esta situación podría afectar a ciertos hogares con rentas bajas que incumplen la condición necesaria para recibir el IMV en cuanto al nivel de patrimonio, principalmente, por la posesión de activos inmobiliarios de reducido valor, y a algunos hogares con más de dos adultos.

Mitigar los efectos adversos que supone la desigualdad también exige favorecer un incremento estable de la oferta de vivienda en alquiler, según el Banco de España, que apuesta por favorecer un incremento sostenido de la oferta de vivienda de alquiler, lo que contribuiría "a evitar un aumento excesivo del precio de los alquileres". En particular, dice que podría considerarse una combinación de estímulos fiscales a los propietarios de los inmuebles, de mejoras regulatorias que incrementen la seguridad jurídica de estos y de un mayor énfasis de las políticas públicas en la provisión de vivienda pública en alquiler.

Por último, aboga también para reducir la desigualdad por abordar las deficiencias estructurales que presenta el mercado laboral español y que afectan especialmente a los jóvenes y elevar su nivel de formación.

Pide una reforma fiscal "integral", con fiscalidad verde y revisión de beneficios fiscales

El Banco de España también ve conveniente una revisión "integral" del sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea "suficiente" para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer, y en este punto aboga especialmente por la fiscalidad verde y por revisar el conjunto de beneficios fiscales de las diferentes figuras tributarias.

En su Informe Anual 2020, la autoridad monetaria afirma que los "ajustes" que el sistema tributario español requiere para incrementar su capacidad recaudatoria pueden llevarse a cabo a través de modificaciones de algunos impuestos ya existentes o mediante la introducción de nuevas figuras tributarias, pero siempre en el marco de un "proceso integral" de dicho sistema. A su juicio, solo de esta manera es posible "maximizar" la eficiencia en la captación de los ingresos impositivos y "minimizar las distorsiones" que ello genera en la actividad económica, y recuerda que el Ministerio de Hacienda ha creado recientemente un comité de expertos para analizar en profundidad el sistema fiscal español.

De cara a esta eventual reforma del sistema impositivo, el Banco de España recomienda analizar también las razones de la menor recaudación impositiva en España en relación con otros países del entorno. De acuerdo con los datos de Eurostat, en 2019 la recaudación impositiva en España alcanzó el 34,8% del PIB, 2 puntos porcentuales menos que en el promedio de los países de la zona euro. La mayor parte de esta menor recaudación (1,8 puntos), añade, se debió a la inferior presión fiscal ejercida por la imposición indirecta en España. En particular, destaca la menor recaudación por IVA, que se situó 1 punto por debajo de la media aritmética de los países de la zona euro.

En cuanto a la imposición directa, apunta que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades también resultó más reducida en España que en la UEM (0,9 puntos menos), mientras que, en cambio, la recaudación a través del IRPF y de las cotizaciones sociales fue mayor en España que en el promedio del área del euro. Adicionalmente, para el Banco de España es "fundamental" revisar con detalle los "múltiples beneficios fiscales" que contempla el sistema tributario, y afirma que como ha señalado recientemente la AIReF, en este ámbito existe "un amplio margen de mejora".

A este respecto, recuerda que la AIReF recomienda, entre otras medidas, la revisión de los tipos reducidos del IVA, la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF y la reconsideración de los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel. El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos también apuesta por la fiscalidad medioambiental, cuya capacidad recaudatoria en España es en la actualidad menor que en otras economías del entorno, por lo que, en su opinión, debe desempeñar un papel "preeminente" en los próximos años, tanto para disuadir las actividades menos sostenibles medioambientalmente como para incentivar las iniciativas verdes.

En cuanto a algunos de los impuestos ya aprobados por el Ejecutivo, como las conocidas como tasa Google y Tobin, el Banco de España aboga por que tributos de este tipo alcancen un "alto grado de coordinación internacional". "Sería deseable que el diseño y la calibración de estas figuras (tasas 'Tobin' y 'Google') se establecieran de forma coordinada internacionalmente, para maximizar su efecto recaudatorio y evitar distorsiones competitivas o la deslocalización de las bases impositivas", subraya el Banco de España.

Por último, ve "crucial" analizar la importancia del fraude fiscal en estas diferencias, y estudiar sus causas y las medidas para paliar sus efectos negativos sobre la recaudación y la necesaria equidad impositiva.

Propone usar los fondos europeos para reformar el despido y lanzar la 'mochila austriaca'

El Banco de España también destaca en su informe anual del año 2020 la "elevada desigualdad" que existe en las indemnizaciones por despido de los contratos temporales y los indefinidos, un problema que, a su juicio, se mitigaría si se reformara el coste el despido en España y se implantara la llamada mochila austriaca, lo que propone financiar con parte de los fondos europeos que recibirá España.

Entre las distintas opciones a considerar para reducir esa dualidad, el Banco de España señala los contratos con costes de despido crecientes o un sistema mixto que combine una reforma de los costes de despido con el establecimiento de la mochila austriaca.mochila austriaca Ésta consiste en un fondo en el que las empresas realizan periódicamente una contribución a nombre de cada uno de sus trabajadores, a los que se permite recuperar estas contribuciones en caso de pérdida involuntaria del empleo (despido o finalización de contrato) o, si no lo han hecho antes, en el momento de la jubilación. En caso de baja voluntaria del puesto de trabajo, el trabajador no perdería el importe acumulado en el fondo: se lo llevaría de 'mochila' para seguir ampliándolo con las aportaciones de otros empleadores. Como contraprestación a las contribuciones de los empleadores, la indemnización por despido se vería reducida.

Con el esquema actual, los ajustes de empleo recaen principalmente en los trabajadores temporales porque su despido es más barato. Además, la indemnización sólo puede percibirse si el trabajador ha sido despedido, limitando su movilidad laboral, ya que si abandona voluntariamente el empleo, pierde la indemnización. Así, la institución subraya que la implantación de este fondo tendría ventajas a medio y largo plazo respecto a la regulación actual. En primer lugar, argumenta, todos los trabajadores, sin excepción, acabarían recibiendo en algún momento de su vida el importe acumulado en su mochila, lo que supondría a su vez un incentivo a la movilidad laboral.

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Pese a sus ventajas a medio y largo plazo, el Banco de España reconoce que la creación de un fondo que financie una parte de la indemnización en caso de despido puede resultar "costosa" a corto plazo, pues si se financiara con cotizaciones empresariales, como sucede con el fondo austriaco, las empresas soportarían un sobrecoste durante los primeros de vigencia del sistema al tener que abonar, simultáneamente, las nuevas cotizaciones y las indemnizaciones por despido acumuladas bajo el esquema previo. Por ello, el Banco de España afirma que los recursos del programa Next Generation EU podrían ser utilizados para mitigar parcialmente el sobrecoste que asumirían las empresas durante la transición hacia el nuevo esquema y que cifra en unos 8.000 millones de euros tomando como referencia el periodo 2013-2016.

En su informe anual, el Banco de España también apuesta por mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los próximos meses en aquellos sectores más castigados por la crisis. De cara al futuro, pide que los ERTE faciliten la reasignación del empleo hacia empresas y sectores más productivos y que las exoneraciones de cuotas se vinculen en mayor medida a la participación de los trabajadores afectados en programas de formación.

Al mismo tiempo, y dada la duración de la crisis, la institución considera "deseable" valorar si las restricciones a los despidos por causas económicas y el compromiso de mantenimiento del empleo de los ERTE "podrían incidir negativamente sobre la viabilidad de algunas empresas que estén reactivando su actividad o dificultar el mencionado proceso de reasignación de recursos".