Los bancos españoles han embrazado los escudos para aguantar el embate de las denuncias alentadas contra el sistema financiero de España, Italia, Grecia y Portugal. Las denuncias proceden "de países del Norte de Europa", según coinciden en señalar fuentes de las principales entidades afectadas. En público, los bancos restan importancia a la investigación preliminar abierta por la Comisión Europea para determinar la legalidad de los créditos fiscales de 40.000 millones que el Gobierno aprobó en 2013 para apuntalar sus balances. En voz más queda, reconocen que si la ofensiva tuviera éxito, las consecuencias para el sector podrían ser demoledoras.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde y los consejeros delegados de Caixabank, Gonzalo Cortázar; de Bankia, José Sevilla y del Santander, José Antonio Álvarez, se encargaron de poner buena cara pública al mal tiempo. Lo hicieron en el XXII Encuentro del sector financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC. Linde aseguró que es "muy pronto" para saber si habrá impacto o no en la banca española por la investigación iniciada por Bruselas sobre los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés). Por su parte, Cortázar aseguró tras su intervención en el acto que la investigación de Bruselas "no le preocupa" puesto que la decisión del Gobierno de avalar 40.000 millones en ayudas fiscales para sostener el sistema financiero en plena crisis "está avalada por la EBA, la autoridad bancaria europea".
Componente político
Sevilla (Bankia) no se quedó atrás. Según afirmó, la investigación de Bruselas puede tener un componente "más político que económico". El consejero delegado del Santander apoyó a Linde y calificó el procedimiento abierto por Bruselas de "embrionario". Mensaje de calma compartido y hasta con apostilla del presidente de Caixabank, Isidro Fainé.
En una comida con periodistas, Fainé aseguró sobre los créditos fiscales que "no se ha hecho nada que no se hubiera hecho previamente en los países centrales del euro, incluida Alemania y más tarde en Francia, Portugal e Italia". "No se ha hecho nada alegal, sino simples ajustes fiscales" remachó.
Pero la procesión va por dentro. Fuentes de Bankia (6.957 millones en créditos fiscales, según datos a 2013 recabados por el economista Carlos Sánchez Mato) destacan que el mercado ha reaccionado con calma ante el anuncio de investigación. Lo que no impide que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recuerde que cuando se hizo el cambio legislativo "el Gobierno consultó con las autoridades europeas" antes de aprobarla. La venda ante la posible herida.
La patronal bancaria AEB no ha valorado la decisión de Bruselas, pero algunos de sus asociados coinciden en que el malestar por los "supuestos privilegios" consentidos a los bancos de los países del sur procede "de la Europa del Norte".
Fórmulas equivalentes
Sin embargo, explican en las entidades, Alemania o Francia, utilizaron los créditos fiscales en el pasado como ahora lo hacen España, Portugal, Italia y Grecia. "Francia, Alemania, Holanda, Canadá o EE UU", explican los bancos, "tienen otras fórmulas fiscales equivalentes".
Esas fórmulas (carry back) permiten a las entidades recuperar parte de los impuestos pagados en el pasado en caso de registrar pérdidas en las inversiones. En los países del sur funciona otro mecanismo: en caso de pérdidas acumuladas, se anotan cantidades que se pueden desgravar en impuestos futuros. Con aval del Estado, como aprobó España en 2013, esas cantidades pasan a ser consideradas parte del mejor capital –el más sano– de los bancos. "Con la fórmula de carry back", sostienen fuentes bancarias, "las entidades alemanas o francesas generan menos créditos fiscales, lo que no quiere decir que carezcan de ventajas fiscales".
Así lo explicaba la agencia de calificación Fitch en agosto de 2013, en un informe titulado Spanish Banks' Deferred Tax Move Largely Cosmetic: “En los regímenes fiscales en Italia, España, Portugal y Grecia, los bancos deben esperar mucho más tiempo que sus homólogos del norte de Europa antes de poder contabilizar sus gastos como deducciones fiscales. Esto significa que los DTA (cr´ditos fiscales) en el sur de Europa son típicamente más altos”, explicaban.
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Para largo tiempo
El Gobierno corrigió la situación, pero ahora se vuelve a abrir el melón. "El asunto puede ir para largo", sostienen fuentes en BFA-Bankia. Recuerdan que asuntos tan complejos como estos han llevado hasta seis y siete años de exámenes, informes y debates en Bruselas.
"A las entidades nadie se ha dirigido", asegura una fuente del BBVA (4.373 millones en créditos fiscales). "Es un asunto que compete a Economía", aseguran fuentes consultadas en Hacienda. "No es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo", explicó esta semana la portavoz de Competencia de la Comisión Europea, Lucia Caudet. Los escudos están levantados.
Los bancos españoles han embrazado los escudos para aguantar el embate de las denuncias alentadas contra el sistema financiero de España, Italia, Grecia y Portugal. Las denuncias proceden "de países del Norte de Europa", según coinciden en señalar fuentes de las principales entidades afectadas. En público, los bancos restan importancia a la investigación preliminar abierta por la Comisión Europea para determinar la legalidad de los créditos fiscales de 40.000 millones que el Gobierno aprobó en 2013 para apuntalar sus balances. En voz más queda, reconocen que si la ofensiva tuviera éxito, las consecuencias para el sector podrían ser demoledoras.