El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición no de ley con la que Unidos Podemos –el grupo que la presenta– quiere instar al Gobierno a que obligue a reducir a los bancos las comisiones que cargan a sus clientes por la retirada de efectivo en los cajeros.
Además de cobrar por el servicio en los cajeros, las entidades financieras facturan a sus clientes por conceptos como el mantenimiento de cuentas o tarjetas, el cobro de cheques, la compra y venta de valores, el cambio de divisas o la comercialización de fondos de inversión o de pensiones. Así, en 2016, las principales entidades españolas ingresaron más de 10.400 millones de euros a través de las diferentes tasas.
En diciembre del año 2015, ls tres entidades que más cajeros tienen distribuidos por el territorio español –Santander, BBVA y Caixabank– decidieron comenzar a cobrar una comisión a quienes no fueran clientes suyos por la retirada de efectivo de sus cajeros automáticos. Desde entonces, Caixabank cobra dos euros a los clientes de otras entidades que utilicen sus cajeros para retirar efectivo, mientras BBVA les carga una comisión de 1,87 euros y Santander hace lo propio con una cantidad casi idéntica: 1,85 euros.
Este sistema vino a sustituir al anterior, en el que existía una tasa de intercambio que las entidades emisoras de las tarjetas pagaban a las dueñas de los cajeros por el uso de este servicio, y en el que era la entidad emisora de la tarjeta la que decidía si corría completamente con el coste de la comisión o se la repercutía al cliente. Además de una forma de recaudar en un contexto en el que los bajos tipos de interés perjudican el balance de los bancos, con esta medida las entidades más grandes pretendían arrebatar clientes a los bancos más pequeños, que disponen de una red de cajeros más limitada, tal y como reconocía a finales de 2015 el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.
Vista esta escalada, a finales de 2015 el Gobierno prohibió por decreto a los bancos cobrar esta comisión y, además, aplicar el sistema antiguo a la vez, con el fin de evitar que los consumidores terminasen pagando dos recargos. Y ese es el decreto que quiere eliminar Unidos Podemos, pero no para volver al sistema anterior: el grupo apunta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendría que "realizar un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario que permita obtener una imagen fiable del coste de mantenimiento de los cajeros" y, hasta conocer esas cifras, el Gobierno debería "restringir el cobro de comisiones por la retirada de efectivo".
Caixabank, casi 2.000 millones en comisiones
La banca ingresa una cantidad notable cada año a través de comisiones, aunque la mayor parte de las entidades no ofrecen desglosada la cifra que consiguen a través del recargo por sacar efectivo de sus cajeros a los clientes de otros bancos. Quien más se benefició del total de comisiones que cobran a los clientes fue Caixabank, que obtuvo 1.972 millones de euros en 2016 por este concepto. Su informe financiero de ese año apunta que la mayor parte de ese ingreso (844 millones) procedió de la "comercialización de productos financieros no bancarios", como son los fondos de inversión o de pensiones.
Por su parte, el segundo banco más grande de España, el BBVA, ingresó un total de 1.886 millones de euros en concepto de comisiones el año pasado. En su caso, la mayor parte del montante (668 millones) es calificado en el informe financiero de 2016 como "otras comisiones", mientras que la segunda cuantía más grande es la que reportan las comisiones cobradas por el mantenimiento de tarjetas de crédito y débito. En cualquier caso, BBVA tampoco concreta la cantidad recaudada por comisiones en los cajeros.
Las otras dos entidades que superan los mil millones de ingresos a través de comisiones son el Banco Santander y el Banco Sabadell. En el caso de la segunda, la suma ascendió a 1.376 millones de euros, mientras que la primera únicamente concreta que ganó 1.781 millones de euros en comisiones una vez descontados los gastos que el banco realizó precisamente en el mismo concepto. Es decir, el Santander indica los ingresos netos, mientras que el resto de entidades ofrecen cantidades brutas.
En el resto de los principales bancos, la suma baja de los mil millones: Bankia obtuvo 825 millones de euros a través de comisiones; el Banco Popular, 601; Bankinter, 470; e Ibercaja, 349. Ninguno de ellos detalla la cuantía del ingreso que recibieron por cobrar a clientes de otras entidades que utilizaron sus cajeros, aunque lo cierto es que la cantidad de máquinas que operan es mucho menor que la que poseen los tres principales bancos españoles.
El resto de entidades bancarias de mayor tamaño se mueve por debajo de esas cifras en lo relativo a la cuantía de sus ingresos por comisiones. Unicaja cobró un total de 137 millones de euros el año pasado a través de este concepto, mientras Liberbank consiguió 120 millones. Kutxabank, Banca March, Banco Mare Nostrum y Abanca únicamente tienen publicados sus informes financieros del año 2015: ese año ingresaron en concepto de comisiones, respectivamente, 327, 250, 224 y 145 millones de euros. Por su parte, ING Direct y Deutsche Bank no tienen depositados sus informes financieros en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al no ser entidades españolas.
Una "cuenta de servicios mínimos"
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En cualquier caso, la iniciativa que debatirá este martes el Congreso se centra en las comisiones por el uso de los cajeros automáticos, que según plantea la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos suponen "una anomalía en Europa" por su elevada cuantía. "Además, tiene un impacto desigual en función de la renta, penalizando la retirada de cantidades pequeñas", sostiene el grupo, que argumenta que las personas de renta más baja acuden con mayor frecuencia al cajero porque retiran cuantías más pequeñas.
"Su ineficacia", apunta igualmente la iniciativa, "se basa en los incentivos perversos que genera, al proveer de una fuente de ingresos alternativa a la concesión de créditos, lo que puede tener un efecto negativo sobre el normal funcionamiento del sistema crediticio". Y, además, Unidos Podemos presenta un tercer efecto negativo: una eventual "merma de la competencia", dado que "las entidades que han iniciado la guerra de las comisiones son las más grandes que a su vez son las que poseen una mayor y más extensa red de cajeros" y eso plantea "dificultades" a los bancos pequeños que quieren entrar en el sistema.
La proposición no de ley también plantea una segunda propuesta: el establecimiento de una norma para que los bancos se vean obligados a ofrecer una "cuenta corriente de servicios mínimos esenciales" para terminar con "la exclusión financiera que sufren los más desfavorecidos". La cuenta únicamente se podría mantener si el usuario no tuviese otra cuenta abierta y no superase un umbral máximo de saldo, y la entidad debería ofertar, como mínimo, una tarjeta de crédito para poder operar, así como ofrecer la posibilidad de "realizar depósitos, reintegros, pagos y transferencias interbancarias nacionales sin restricciones en el número de operaciones".
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición no de ley con la que Unidos Podemos –el grupo que la presenta– quiere instar al Gobierno a que obligue a reducir a los bancos las comisiones que cargan a sus clientes por la retirada de efectivo en los cajeros.