Así blanquea la industria del oro ilegal los millones de la cocaína que llega a España
Pocas veces hasta ahora se había podido trazar el movimiento del dinero en efectivo que reportan los grandes alijos de cocaína que llegan a Europa. El mayor cargamento de la historia de Galicia, los 7.500 kilos intervenidos en Cambre (A Coruña) que entraron por el puerto de Vigo en diciembre de 2023, desembocaron en muy relevantes detenciones un año después en Ecuador y en la apertura de una investigación oficial, también periodística, cuyos detalles ofrecieron este fin de semana infoLibre y Narcodiario. La Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, medio peruano especializado en seguir el rastro del crimen en América Latina y socio de Narcodiario, está detrás de un trabajo que explica un modus operandi que se extiende por varios continentes: el dinero se mueve entre Sudamérica, España, China y hasta Dubái, con las facilidades que supone tener el centro de operaciones en un país con severos problemas de corrupción como es Ecuador. Y desde allí llega a España la mayor parte de los alijos de cocaína.
La cocaína incautada en Cambre tenía vínculos con un capo de la droga de Ecuador y distintas autoridades del país sudamericano, todas ellas detenidas y relacionadas con empresarios y accionistas de una firma de extracción de oro llamada Goldenminerals SA. El esquema empleado para lavar colosales sumas de dinero procedentes de la cocaína era el siguiente.
El dueño de la firma minera Miderzul –la que permitía operar en sus instalaciones a Goldenminerals SA– es Juan Pogo Labanda, que recibió el título de la concesión de La Boya –así se llama el punto de extracción del metal precioso– en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Como contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral, pero no lo hizo. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental.
OjoPúblico y Código Vidrio, socio ecuatoriano en esta investigación, accedieron al contrato entre Cerro Azul-Miderzul y Goldenminerals, firmado en 2018, y que tiene una duración de 10 años. El documento establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción de oro, “que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio [donde se procesa el oro] de su elección”. Su obligación era explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.
El mismo contrato señala que el titular de la concesión –Cerro Azul-Miderzul– puede darlo por terminado si el contratista –Goldenminerals– no realiza operaciones de explotación durante más de tres meses. Goldenminerals reportaba muy pocas veces la producción de oro. Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero presumen que el área de la concesión era usada para actividades extractivas ilegales de las que en la mayoría de los casos no se informaba, con el fin de evadir el pago de impuestos.
Un grupo de informes y auditorías oficiales señalan que Goldenminerals no tiene licencia ambiental desde 2017 y que tampoco presentó planes de desarrollo ni de exploración geológica. A pesar de que no cumplió con estos procedimientos, las autoridades locales nunca fiscalizaron la explotación. Miderzul debió alertar de que Goldenminerals no registró operaciones mineras formales entre enero y diciembre de 2022, pero no lo hizo, señala un informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero.
El año que Goldenminerals sí registró la extracción de 1.004 toneladas de oro fue en 2023, coincidiendo con el de la caída del contenedor con 7.500 kilos de cocaína en Galicia. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material extraído, si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro.
De acuerdo con la información oficial a la que tuvieron acceso OjoPúblico y Código Vidrio, la minera Cerro Azul-Miderzul exportó entre 2023 y 2024 un total de 827 toneladas de concentrado de oro a China. Por estos envíos la empresa recibió 2,5 millones de dólares, pero en ninguno de sus informes de producción indica la procedencia del oro. Según estos mismos informes, el concentrado del mineral procedía de la concesión de La Boya y fue triturado en plantas de beneficio de la zona de Camilo Ponce.
1.652 concesiones mineras en Ecuador
En Ecuador están inscritas 1.652 concesiones mineras y están registrados 557 contratos de operación. Además hay 213 plantas de beneficio y 370 licencias de comercialización de minerales. Los grupos dedicados a la minería ilegal vinculados a organizaciones del narcotráfico han utilizado desde hace más de una década estas modalidades contractuales de operación. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, sostiene un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.
Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína”, explica.
Una de las modalidades más usadas en Ecuador para blanquear el dinero, además de invertir el dinero sucio en la extracción del oro, es la exportación ficticia de minerales auríferos. En los papeles se simula que una empresa va a exportar una cantidad determinada de oro, pero luego, cuando se inspeccionan los contenedores, están vacíos.
Oficiales de inteligencia y también las autoridades del sector minero reconocen que los narcotraficantes declaran importantes envíos de oro –que en la mayoría de casos no son verificados– con el fin de justificar millonarios pagos que ingresan en el sistema financiero sin ninguna dificultad. “Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones”, indica Yansura.
Más de 1.300 millones de dólares de las exportaciones de oro ilegal
7.500 kilos de cocaína ocultos entre pescado: así localizó un policía el mayor alijo de la historia de Galicia
Ver más
Por su parte, José Julio Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes. También está fiscalizando a todas las personas físicas y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio.
María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.
En este momento hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias, debido a sus inusuales exportaciones de oro. Los cálculos oficiales señalan que en Ecuador más de 1.300 millones de dólares de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.
