Caixabank, BBVA, Sabadell, Liberbank y BBK: los bancos que recibieron avales por 13.000 millones para comprar cajas

Fueron una parte del rescate financiero, aunque no la más cuantiosa. Los Esquemas de Protección de Activos (EPA) son avales que garantizan a una entidad la cobertura de las pérdidas en que puede incurrir una cartera de créditos o inmuebles. Los concedió tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con dinero público, como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de 130 bancos privados españoles. En total, 13.101,3 millones de euros, según el último cálculo de su coste que el Gobierno ha enviado por escrito al diputado del PSOE Antonio Hurtado Zurera, pero actualizado tras el cierre del ejercicio del FROB.

De esa cantidad, 883,3 millones corresponden al FROB y 12.218 millones, al Fondo de Garantía de Depósitos.

Los EPA se concedieron a cajas de ahorro y bancos con problemas entre 2009 y 2011 para facilitar su venta a otras entidades financieras. Estas garantías eliminan la incertidumbre sobre unos activos abocados al deterioro y a generar pérdidas, por lo que aumentan el atractivo para un potencial comprador de unas entidades abocadas si no al cierre. También se utilizaron en Estados Unidos y Reino Unido para rescatar a sus bancos en dificultades.

Así, entre las entidades que recibieron EPA públicos se encuentra Caixabank, el comprador del Banco de Valencia. El FROB cubre el 72,5% de las pérdidas que pudieran derivarse de una cartera de activos cifrada al principio en 6.424 millones. Se trata de un aval de 10 años a partir de septiembre de 2012, por lo que aún no ha sido liquidado. Pero como el montante de los activos problemáticos ha ido reduciéndose paulatinamente, también ha disminuido la provisión inicial, que a 31 de diciembre de 2016 asciende a 491,3 millones de euros, según consta en las cuentas del FROB recién aprobadas.

También BBK obtuvo un Esquema de Protección de Activos público, en este caso para la compra de CajaSur. Era a cinco años, con efectos desde julio de 2010, por lo que ya ha sido liquidado. Su importe para los contribuyentes, 392 millones de euros.

Desembolsados 2.475 millones de euros

Del Fondo de Garantía de Depósitos consiguió avales el Banco Sabadell al adquirir la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por el 80% de una cartera tóxica cifrada en 24.644 millones de euros. A 31 de diciembre de 2016, la pérdida calculada para el FGD se eleva a 6.141 millones de euros, la más voluminosa de todas. El EPA tiene una duración de 10 años a partir de 2011, por lo que aún está sin ejecutar.

Cajastur compró el Banco de Castilla La Mancha –la antigua caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó–. A su vez, Cajastur terminó integrada en Liberbank. El esquema otorgado cubría el 100% de las pérdidas durante cinco años –desde 2009– de la cartera problemática del banco castellanomanchego. Al finalizar el EPA el pasado 31 de diciembre de 2016 –fue prorrogado dos años en 2014–, el FGD desembolsó 2.475 millones de euros.

Finalmente, el BBVA se benefició de una garantía a 10 años sobre el 80% de los activos tóxicos de Unnim –fruto de la fusión de Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa– cuando lo compró por un euro en 2012. La pérdida para el FGD calculada hasta el 31 de diciembre de 2016 es de 1.817 millones de euros.

Un mecanismo por y para los bancos

A la vista de las cifras, los avales otorgados por el Fondo de Garantía de Depósitos son casi 14 veces los concedidos por el FROB. “Es lógico”, asegura el profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, “porque se está protegiendo indirectamente a los depositantes de los bancos”. También porque son los bancos los que compran con garantías esas entidades que de otra manera no serían tan fáciles de colocar.

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Apoyar la resolución de entidades financieras, además, forma parte del objeto para el que se creó el FGD, cuyo primer fin es garantizar los depósitos, en dinero y en valores, con un límite de 100.000 euros cuando un banco o caja solicite el concurso de acreedores. En el riente caso del Banco Popular, adquirido por el Santander sin que mediara un EPA, el BBVA decidió no presentar una oferta por la entidad ante la negativa del Gobierno a concederle una de estas garantías para cubrir pérdidas. “Son dos momentos distintos”, explica de nuevo García Montalvo, “los EPA se otorgaron en plena crisis financiera, con unas entidades muy vapuleadas; ahora el sistema está más saneado”.

El FGD se nutre de las aportaciones anuales obligatorias de los bancos. Durante la crisis, además, las entidades hicieron contribuciones adicionales –derramas– para sufragar los EPA descritos más arriba. Pero, además, el Fondo de Garantía de Depósitos puede captar recursos en los mercados de valores, pedir préstamos o afrontar “cualesquiera otras operaciones de endeudamiento” para cumplir sus fines. Y su garante último es el Estado.

Según las últimas cuentas publicadas por el FGD, correspondientes a 2016, las aportaciones ordinarias de los 130 bancos adheridos suman 918,96 millones de euros, pero sus disponibilidades financieras –incluidas derramas e inversiones en deuda pública del Estado– se elevan a 6.821 millones. A 31 de diciembre del año pasado, el FGD cubre el 58,82% de los depósitos y valores garantizables. Precisamente uno de los elementos de una futura unión bancaria europea debería ser el Fondo de Garantía Europeo, que serviría “para aumentar las garantías para los depositantes”, destaca Antonio Hurtado. El principal obstáculo, no obstante, lo levantan las reticencias de Alemania.