CCOO no volverá a usar aseguradoras al tramitar ERE tras el escándalo de Andalucía

CCOO no volverá a facturar a consultoras o aseguradores los costes de su intervención en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Aunque es una práctica “legal”, tras el escándalo de los ERE en Andalucía, el sindicato la tacha de “incorrecta”. Tampoco facturará su mediación en los despidos colectivos cuando éstos sean soportados por fondos públicos. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reconoce que ha habido “desorden y confusión” en las actuaciones del sindicato en los ERE, e incluso “conductas reprobables” de algunos de sus miembros, pero niega que se haya cometido ilegalidad alguna.

A la luz de las conclusiones de la comisión interna que ha investigado el caso, Fernádez Toxo rechaza que CCOO forme parte de una trama vinculada a los ERE y que se haya producido un “enriquecimiento personal” de los 10 imputados de su sindicato, o su financiación irregular. Ni siquiera ha habido “intrusos” en la negociación de los expedientes. Sólo en la suscripción de las pólizas de jubilación, en un momento en que ya no intervenía el sindicato “y el proceso era sólo controlado por la Administración y por las compañías de seguro y sus corredores”. Las responsabilidades las reduce la comisión al mínimo: de los 10 imputados, a cinco CCOO les va a pagar la asistencia jurídica, otros dos ya no son afiliados, uno más nunca lo fue y sólo a dos personas se les ha abierto un expediente sancionador con solicitud de expulsión: Francisco José González García y Francisco Casado Sánchez.

El primero, colaborador de la aseguradora Vitalia, tramitó una póliza en el ERE de Río Grande a favor de una persona que nunca había trabajado en esa empresa. Se repartió el dinero con Juan Lanzas, uno de los principales implicados en el caso de los ERE. El segundo, secretario de Acción Sindical de la Unión Provincial de Córdoba hasta 2001, está imputado por los pagos que realizó su empresa, Licassan Gestiones y Servicios, a la empresa del chófer del director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero Benítez. A cambio, éste consiguió al hermano de Francisco Casado, José Manuel, afiliado al sindicato hasta 2008, una póliza de jubilación mejorada respecto del resto de los trabajadores de ABB, la empresa en la que estuvo empleado.

No son comisiones

La comisión, integrada por tres miembros de la ejecutiva del sindicato y dos abogados del gabinete jurídico, niega también que el sindicato se haya “repartido subvenciones”. “No había ningún acuerdo con el Gobierno andaluz para repartir las ayudas sociolaborales de los ERE ni las federaciones del sindicato iban corriendo detrás de las aseguradoras”, recalcó el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero.

El informe concluye que “en la inmensa mayoría de los expedientes” el sindicato “no ha percibido cantidad alguna”. Y en los casos en que sí ha cobrado, “la cuantía responde a la propia dinámica y complejidad del caso, y siempre son muy inferiores a los precios de referencia del mercado”. Muy por debajo, también, del 0,5% y el 1% del que habla la juez Mercedes Alaya en su instrucción, asegura el informe.

De hecho, el sindicato niega la mayor y descarta que la “compensación” recibida por CCOO por intervenir en los ERE sea una “comisión” como la califican tanto la investigación de la Guardia Civil como la instrucción judicial posterior. El informe abunda en críticas a los “errores” de la investigación realizada por la Guardia Civil, que también ha reiterado Fernández Toxo. Ambos reprochan al instituto armado su falta de especialización y su “notable grado de desconocimiento” del funcionamiento de los sindicatos en defensa de los trabajadores. Carbonero ha ido más allá y ha querido trasladar buena parte de la responsabilidad en el escándalo a la “gran chapuza administrativa” en que, a su juicio, han incurrido las autoridades laborales. Toxo ha matizado después que el sindicato no estaba “descargando responsabilidades” sobre la Junta de Andalucía. “Las actuaciones del sindicato son manifiestamente mejorables”, apuntó.

Cambios en la facturación

Patronal y sindicatos coinciden en limitar la transparencia a los fondos públicos que reciben

Ver más

En concreto, el informe reclama que, a partir de ahora, se “individualicen” los gastos en que incurre el sindicato por su asesoramiento jurídico, económico y actuarial en los ERE. Porque la ausencia de esta precisión, admite, ha constituido un “obstáculo a la transparencia”.

Además, CCOO facturará directamente a la empresa el coste de su mediación en los ERE que éstas presentan. Si hasta el momento se utilizaban aseguradoras o consultoras –Vitalia, Atlantis– , también implicadas en la supuesta trama, era para no cargar esos costes en las indemnizaciones de los trabajadores que iban a ser despedidos, explicó Fernández Toxo. Más aún, dijo, cuando se trataba de empresas que estaban al borde de la liquidación y el cierre. “La aseguradora asumía la responsabilidad de la empresa por los servicios que prestaba el sindicato”.

El dirigente de CCOO adelantó que la comisión, que comenzó sus trabajos el pasado mes de abril, permanecerá abierta mientras dure la instrucción judicial del caso. Mientras, reclama al Parlamento que, con carácter urgente, decida si los sindicatos y la patronal deben seguir financiándose de los Presupuestos del Estado. “Para acabar de una vez con la discusión”.