Patronal y sindicatos coinciden en limitar la transparencia a los fondos públicos que reciben

La patronal y los sindicatos CCOO y UGT sólo quieren someter a información y control públicos los fondos que reciben del Estado. Pero la CEOE no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones ni informará de sus ingresos privados. Y CCOO y UGT esgrimen el derecho a la libertad sindical para rechazar cualquier intento de “injerencia” en su “autonomía organizativa” por parte de las autoridades públicas.

Representantes de las tres organizaciones han explicado en la Comisión Constitucional del Congreso su apoyo a la Ley de Transparencia, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, pero también han dejado claros sus reparos a la exposición total a la que tal norma puede obligarles. Sólo la CSI-F, el sindicato de los funcionarios, ha anunciado que se someterá “sin ningún tipo de matices” a la futura norma. Su presidente, Miguel Borra, ha asegurado que CSI-F hará públicos en una rueda de prensa los resultados de la auditoría independiente a la que acaba de someterse. Como repiten el resto de los agentes sociales, el sindicato de funcionarios asegura que su financiación procede “fundamentalmente” de las cuotas de sus afiliados.

Así, el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha cifrado en 3,5 millones de euros los fondos públicos recibidos por su sindicato este año, el 2,81% del presupuesto de la organización. En 2009, destaca, fueron casi el doble, 6,4 millones.

Una entidad privada

Según el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, la patronal percibirá este año un total de 6,2 millones de euros del Estado, un tercio de los 19,6 millones de su presupuesto. Los 13 millones restantes proceden de las cuotas que pagan sus organizaciones.

Lázaro ha pedido en el Congreso un “control flexible” para la CEOE, de forma que la obligación de transparencia no entorpezca el funcionamiento de las más pequeñas de sus organizaciones empresariales, “con presupuestos por debajo de los 100.000 euros”, ha apuntado. Pero desecha que una entidad privada como la patronal deba “informar de la ejecución de su presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente”, informa Europa Press. A su juicio, que se sometiera a la CEOE a un control idéntico al del sector público “no sería proporcional”.

“Las aportaciones privadas no deberían estar sujetas a los principios de transparencia, porque son aportaciones de entidades privadas”

, subraya. Tampoco los “sueldos privados” de “personas privadas” que trabajan para esas entidades privadas. “Si unos empresarios del metal”, ha explicado, “deciden mañana contratar a un ejecutivo muy caro para un plan de internacionalización, no sé por qué eso tiene que estar dentro del marco de esta ley”. El ex presidente de la CEOE José María Cuevas cobraba un sueldo de la organización; no así sus sucesores, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell, en nómina de sus respectivas empresas.

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En la Constitución

Los argumentos de CCOO y UGT para no desnudar del todo sus cuentas aluden a su “singularidad”, consagrada en la Constitución: “Defendemos intereses del conjunto de los trabajadores, y no únicamente de nuestros afiliados, y no exclusivamente intereses profesionales”, ha precisado el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell. Aunque también han advertido de que no puede confundirse la posición de los sindicatos con la de los partidos políticos “a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes”, en palabras de Rodolfo Benito.

Por eso, el responsable de CCOO se queja del “carácter asimétrico” de la Ley de Transparencia y reclama, al igual que Monell, que se complete el desarrollo de las normas que deben regular el trabajo institucional de los sindicatos.