CCOO y UGT registran un escrito ante el TC para defender la reforma laboral de la "posición kamikaze" de Vox
CCOO y UGT han registrado este lunes un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender la reforma laboral de la "posición absolutamente kamikaze" de Vox, después de que la formación de Santiago Abascal presentara un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley por su aprobación mediante un real decreto-ley, informa Europa Press.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho a los medios que la decisión de los dos sindicatos de personarse ante el Constitucional responde a la defensa del diálogo social y el papel de los sindicatos, la necesidad de la reforma laboral para mejorar la estabilidad en el empleo y la salvaguarda de los intereses españoles con la liberación de 70.000 millones de euros de los fondos europeos. "Estos partidos están impugnando las partes fundamentales de la Constitución Española. Vox está haciendo una impugnación permanente del marco democrático y del marco constituyente español", ha manifestado Sordo.
El líder de CCOO ha insistido en que la nueva reforma laboral "es producto de un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales", que ha dado como resultado una norma que "ha multiplicado por cuatro el porcentaje de contratación indefinida" desde su entrada en vigor.
Por este motivo, Sordo ha acusado a Vox de querer llevar de nuevo a España "a la posición de cola en la calidad de la contratación", con la consiguiente "contratación precaria, temporal y explotación de los trabajadores". Al igual que Sordo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado que el partido de Abascal "no quiere que en este país haya contratos de trabajo indefinido, porque quiere mantener un sistema de derogación de las relacionas laborales que no permita que los trabajadores se puedan defender de manera colectiva".
"Hacen lo contrario de lo que predican, no quieren estabilidad; quieren que impere la ley del más fuerte, que siempre es el empresariado", ha comentado Álvarez a los medios. Vox presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral arguyendo que el Gobierno había "abusado" de la utilización del Real Decreto Ley para "imponer su voluntad". Por su parte, los sindicatos, como parte de los agentes sociales que negociaron la reforma, insisten que el empleo de esta figura está "absolutamente justificada".
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"Lo es por la penuria que estaban viviendo los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país y lo es en la medida en que teníamos que cumplir los plazos a los que el Gobierno de España se había comprometido con la Unión Europea", ha explicado Álvarez. El Ejecutivo había acordado con la Comisión Europea la presentación de un nuevo marco laboral antes de finales de 2021, a cambio del desembolso de los fondos europeos. "Si salieran adelante las invenciones de Vox, pondrían a nuestro país en la tesitura de perder estos recursos europeos", ha apuntado Sordo sobre esta cuestión.
Los secretarios generales de CCOO y UGT han recalcado que la nueva reforma laboral es fruto del diálogo social entre sindicatos, empresarios y Gobierno, y están amparados por el artículo 7 de la Constitución Española. "CCOO y UGT vamos a seguir al pie del cañón en la defensa de los intereses de la gente trabajadora", ha concluido Sordo. El Tribunal Constitucional admitió a trámite a principios de junio el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el real decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación de trabajo.
El partido también pidió que se examinara el artículo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifica el Real-Decreto ley antes mencionado de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. En dicho apartado, se establece —entre otras cuestiones— que los contratos por tiempo indefinido y los fijos-discontinuos podrán celebrarse cuando resulten "esenciales" para el cumplimiento de los fines que las administraciones públicas y las entidades que conforman el sector público institucional tenga encomendados, previa expresa acreditación.
