“La Comunidad de Madrid ha utilizado la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ahorrarse, ahorrarse, ahorrarse”, acusó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado mes de agosto en medio de un agrio intercambio de mensajes en Twitter con el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, a propósito de unas ayudas de comedor para escolares. Entonces cifró en 75 millones de euros la cantidad que el Gobierno de Madrid se había ahorrado en el pago de su Renta Mínima de Inserción tras la creación del IMV. “Puede que llegue a 150 millones al final del año”, abundó.
Escrivá verbalizó así uno de los temores de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales: que las comunidades autónomas no pongan en marcha medidas para complementar el IMV en sus territorios y éste termine por sustituir a las rentas mínimas locales sin aumentar la cobertura de personas que sufren pobreza extrema.
Para José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en políticas sociales, es “lógico y esperable” que se produzca “un cierto proceso de sustitución” de las rentas mínimas autonómicas por el IMV, puesto que las primeras han pasado a ser subsidiarias del segundo. El problema estriba en que, en muchos casos, los recursos así liberados no se están destinando a complementar el IMV para igualar su cuantía o para proteger a quienes no alcanzan sus requisitos o ya les ha sido denegado.
De hecho, las comunidades autónomas se han ahorrado un total de 137,11 millones de euros en las partidas que destinan a sus rentas mínimas, si se cuenta la diferencia entre lo que gastaron en 2019, cuando aún no existía el IMV, y este año, según figura en sus presupuestos para el ejercicio en curso. En 2019, emplearon un total de 1.628,26 millones de euros en pagar estas ayudas contra la pobreza severa, de acuerdo con las cifras de ejecución presupuestaria que publica el Ministerio de Derechos Sociales en su informe anual sobre rentas mínimas de inserción. Este año, en cambio, han presupuestado sólo 1.549,14 millones de euros para este fin. En 2020, con el azote de la pandemia y con el IMV en vigor sólo desde junio, las comunidades autónomas tuvieron que elevar el gasto hasta los 1.970,18 millones, un 16,8%.
Sin embargo, en 2021 ya presupuestaron 170,78 millones menos de lo gastado el año anterior –1.799,4 millones–. Aún no es posible saber cuánto dinero fue el efectivamente empleado, pues la mayoría de las comunidades autónomas no han publicado al detalle la ejecución de sus presupuestos. Para este año, como queda dicho más arriba, el recorte ha sido todavía mayor, 250,25 millones menos que en 2021.
Madrid, la que más recorta
De todas las comunidades, Madrid destaca por la cuantía de la reducción. En 2022 ha presupuestado sólo 40 millones de euros para su renta mínima, cuando en 2021 consignó 166,9 millones. Un recorte del 76% que equivale a un ahorro de 126,9 millones de euros. En 2019, antes de que existiera el IMV, gastó 155,29 millones en pagar estas ayudas, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Derechos Sociales. En 2020, el año de la pandemia, incluso rebajó esa cifra: empleó 133,78 millones, un 13,8% menos.
En la polémica del pasado agosto, José Luis Escrivá también reprochó a Madrid que “desde primer momento” hubiera mostrado “muy poco interés en desarrollar políticas de protección social complementarias al IMV”. Un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social responde a infoLibre que el departamento no va a hacer ningún cambio en el diseño de la renta mínima de inserción y que la cuantiosa reducción de la partida presupuestaria correspondiente se debe a que ha disminuido “mucho” el número de hogares beneficiados desde la puesta en marcha del IMV. Ahora son unos 10.000, explicó. En 2020 llegaban a 24.415 titulares del derecho, que se traducían en un total de 78.605 personas beneficiadas. Comparadas con las 91.076 de 2019, la caída es la mayor de todas las comunidades autónomas. Sólo había más perceptores de rentas mínimas en Andalucía –110.397–, Cataluña –150.215– y País Vasco –123.050–.
En todo caso, avanza la consejería, el dinero ahorrado en este capítulo se dedicará “a otras partidas de políticas sociales”. Según apunta su portavoz, la reducción de la partida viene “obligada por el sistema que ha ideado el ministro [José Luis Escrivá], al dejar la renta mínima como subsidiaria del IMV”. “Nosotros mantenemos el pago de la renta mínima mientras el Gobierno tramita la IMV, lo que puede demorarse hasta seis o nueve meses”, replica, tras destacar que el modelo de Escrivá no fue consultado con las comunidades autónomas y no ha conseguido el objetivo que se había propuesto de proteger a 2,3 millones de personas en situación de pobreza.
El IMV “ha tocado techo”
La Seguridad Social destinará este ejercicio un total de 4.436 millones de euros a pagar el IMV, cuya cuantía ha subido un 3%, hasta alcanzar un importe mínimo de 484,02 euros para un adulto y hasta un máximo 1.064,84 euros para un hogar formado por dos adultos y tres o más menores. Además, este año las familias que perciban el IMV cobrarán un complemento de 100 euros por cada menor de tres años que tengan al cargo. La partida ha aumentado un 48,4% desde los 2.988,36 millones de 2021.
José Antonio Noguera reconoce que, en efecto, no se ha llegado “ni de lejos” a proteger a las 2,3 millones de personas a las que se comprometió Escrivá. Los datos publicados por el ministerio a fecha de 3 de diciembre de 2021 sitúan el número de titulares del IMV en 362.017 y el de beneficiarios totales en 824.441, menos de una tercera parte de la cifra prevista. Los cambios introducidos en el sistema el año pasado aceleraron la tramitación de las ayudas, pero ahora “se ha tocado techo”, advierte el sociólogo. El motivo de que se haya quedado tan lejos de las expectativas no lo tiene claro Noguera quien, no obstante, precisa que es normal la existencia de un alto número de potenciales beneficiarios que no soliciten este tipo de prestaciones. Por un sinfín de razones, desde la falta de información hasta los obstáculos administrativos o el miedo a destapar situaciones de economía sumergida.
La Unión Europea ha criticado de forma recurrente a España por tener uno de los sistemas de protección social más ineficientes a la hora de reducir la pobreza extrema. Una de las razones era que las rentas mínimas autonómicas no tenían cobertura suficiente. Según las últimas cifras del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, referidas a 2020, sólo 795.861 personas cobraban ese año una de estas ayudas. Lo que equivale al 9% de la población bajo el umbral de la pobreza, tal y como destaca la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El IMV cubre a 824.441. Pero se desconoce cuántas personas son perceptoras de ambas ayudas simultáneamente. Noguera dice que el sistema “se está consolidando” y habrá que esperar para conocer ese dato, porque ahora ni siquiera son fiables los registros de beneficiarios que elaboran las comunidades autónomas y que no son comparables, advierte.
Cataluña, Comunidad Valencia, País Vasco y Canarias aumentan las partidas
Además, las diferencias territoriales en las rentas mínimas son enormes. No sólo en cuantía, sino también en la protección que consiguen. Por lo que respecta a la primera, Navarra, País Vasco y Cataluña superan los 600 euros mensuales como cuantía mínima –la vasca roza los 700–, mientras que en Andalucía supera ligeramente los 419 euros. Sobre la segunda, la cobertura de la renta de inserción de la Comunidad de Madrid es sólo del 34% de la población en pobreza severa, mientras que en Navarra alcanza el 274%, en el País Vasco es del 175%, en Asturias del 145% y en Baleares del 129%.
Tras la llegada del IMV, no sólo Madrid ha recortado el dinero que dedica a su renta mínima. También lo ha hecho Aragón, que destinará este año únicamente ocho millones de euros a la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV (Pacimv), de nueva creación. En 2021, la partida ascendía a 38,65 millones y en 2019 gastó 46,76 millones en el Ingreso Aragonés de Inserción, que ahora desaparece. La diferencia con Madrid es que Aragón sí ha modificado su sistema de protección contra la pobreza severa, creando no sólo la Pacivm para quienes no perciban el ingreso mínimo vital, sino también un complemento al IMV –entre 52,06 y 114,5 euros al mes– para quienes lo cobren pero no lleguen al mínimo autonómico. Según el Gobierno aragonés, de los 8.760 perceptores del IMV en la comunidad autónoma, 2.267 ya han solicitado ese complemento. En 2021, los pagos por IMV en Aragón ascendieron a 40,5 millones de euros, prácticamente el presupuesto del antiguo Ingreso Aragonés de Inserción.
También recortaron en 2020 el número de beneficiarios de las rentas mínimas, aunque en menor número, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Este año, diez de las 17 comunidades autónomas reducen sus presupuestos en esta partida respecto a 2021.
En Andalucía la rebaja presupuestaria entre 2021 y 2022 también es cuantiosa, un 31,74%: pasa de 115 millones a 78,5 millones. Pero también prepara medidas complementarias para adaptarse al IMV. De acuerdo con las cifras publicadas por la Fundación Iseak, sólo el 30% de los hogares potencialmente beneficiarios del IMV en Andalucía lo están cobrando: 99.415 de un total de 326.313. La ayuda estatal resulta insuficiente para sacar de la pobreza a los hogares más grandes, los compuestos por varios adultos, resalta la fundación, que colabora con la Junta de Andalucía en el diseño de un futuro Ingreso para la Infancia y la Inclusión.
Por el contrario, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Canarias han aumentado de forma sustancial sus partidas respecto a 2019. El presupuesto catalán para este año de la Renda Garantida de Ciutadanía (RGC) –entre 664 y 1.208 euros al mes– es de 300,65 millones de euros, un 12,38% más que antes de la entrada en vigor del IMV. La Generalitat reclama para sí la gestión de la ayuda estatal, que ya se ha concedido a País Vasco y Navarra, las dos comunidades con mayor cuantía y mayor cobertura de sus rentas mínimas. Asegura que, con el ahorro que se conseguiría al unificar las dos prestaciones, se podría ampliar la protección a más personas.
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La Comunidad Valenciana ha apartado 235 millones para su Renta Valenciana de Inclusión (RVI), un 55,2% más que en 2019. Como ocurre en Cataluña, la RVI y el IMV son compatibles. En la Comunidad Valenciana, además, se pueden solicitar en una ventanilla única, gestionada por la administración autonómica.
Por lo que se refiere a Canarias, ha duplicado su partida respecto a 2019, presupuestando 66,5 millones de euros, cuando antes de la IMV se gastaba 36,53 millones. Mientras, el Gobierno prepara una Ley de Renta de Ciudadanía, que sustituirá a la actual Prestación Canaria de Inserción.
El País Vasco es la comunidad que más dinero dedica a su Renta de Garantía de Ingresos: 432,5 millones, un 2,37% por encima de lo que se gastó antes de la creación del IMV, pero menos de lo que presupuestó en 2021, 459,5 millones. La cifra consignada para este año multiplica por 11 la que ha presupuestado la Comunidad de Madrid. El número de hogares perceptores en el País Vasco casi triplica el de los madrileños.
“La Comunidad de Madrid ha utilizado la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ahorrarse, ahorrarse, ahorrarse”, acusó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado mes de agosto en medio de un agrio intercambio de mensajes en Twitter con el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, a propósito de unas ayudas de comedor para escolares. Entonces cifró en 75 millones de euros la cantidad que el Gobierno de Madrid se había ahorrado en el pago de su Renta Mínima de Inserción tras la creación del IMV. “Puede que llegue a 150 millones al final del año”, abundó.