Consumo abre expediente a Alquiler Seguro por posibles abusos en la gestión de alquileres
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria que opera en toda España por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a contratar un seguro. En un comunicado de prensa, el departamento que dirige Pablo Bustinduy explica que este procedimiento se enmarca en la investigación abierta el pasado mes de octubre, que sigue en marcha y podría afectar a otras inmobiliarias.
Aunque el Ministerio no da el nombre, sendos comunicados de Facua Consumidores en Acción y el Sindicato de Inquilinas señalan a Alquiler Seguro. Esta asociación de consumidores denunció a esta inmobiliaria en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario".
La empresa inmobiliaria ha contactado con la asociación para asegurarle que, tras su denuncia, ha dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda, ha indicado Facua en un comunicado. Sin embargo, ha precisado que la Dirección General de Consumo "habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa".
Facua también denunció los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por estar allí la sede central de la empresa, pero la administración autonómica no le ha aclarado si llevó a cabo actuaciones al respecto, ha señalado.
Alquiler Seguro dice que cumple la norma y apunta a un problema de interpretación
La inmobiliaria Alquiler Seguro asegura que cumple la norma "a rajatabla" desde hace 17 años y atribuye a un posible problema de "interpretación" el expediente sancionador abierto por Consumo.
En una comparecencia de prensa, su consejero delegado, David Carvallo, ha pedido tiempo para "analizar" el expediente y se ha mostrado dispuesto a "mejorar" cualquier punto de los protocolos en los que Consumo tenga una interpretación diferente a la suya, a pesar de que todos estos protocolos están auditados.
Tras incidir en que el expediente está en una fase "muy inicial", el CEO ha defendido que todos los servicios que presta esta empresa están en su web y son "públicos".
Las infracciones que señala Consumo
Las denuncias se refieren a infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino, todas ellas incluidas en la actual ley por el derecho a la vivienda, que prohíbe que los inquilinos se hagan cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Aunque la apertura de un expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, el Ministerio detalla en el comunicado de que las sanciones establecidas por los incumplimientos pueden ser graves o muy graves.
En el caso de las graves, las sanciones pueden ascender hasta los 100.000 euros, aunque se puede sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. En las infracciones muy graves, las sanciones pueden llegar hasta el millón de euros, y de la misma forma, esta cantidad se puede sobrepasar hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.
Desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en mayo de 2023 para prohibir el cobro de honorarios a los inquilinos, Facua ha denunciado a varias decenas de inmobiliarias ante distintas administraciones de consumo, pero casi todos los casos siguen a la espera de respuesta.
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La única multa que había trascendido hasta hoy tuvo un importe "ridículo" y fueron 1.000 euros aplicados a mediados del año pasado por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a la inmobiliaria Adamas Home como consecuencia de otra denuncia de Facua.
Por su parte, el Ministerio de Consumo mantiene abiertas desde el pasado octubre investigaciones sobre otras cadenas de inmobiliarias que operan en varias comunidades autónomas o en todo el territorio nacional "que también podrían haber cometido estas u otras prácticas" contrarias a la legislación que protege los derechos de los inquilinos y les ha solicitado un requerimiento de información, ha apuntado la organización de consumidores.
Además, no es la primera vez que este Ministerio pone el foco en la vivienda, ya que este nuevo procedimiento de sanción se une al expediente sancionador abierto en diciembre a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas, y al del pasado mes de febrero a empresas que administran viviendas turísticas por anuncios engañosos.
