La Abogacía del Estado elabora cada año una memoria de sus actividades en defensa de los intereses públicos. En la última, correspondiente aún al año 2012, cita la cesión ilegal de trabajadores como uno de los “principales asuntos masa” –múltiples demandantes o demandas repartidas por todo el territorio nacional– a los que debe atender. Se trata de un delito, según lo califica el Estatuto de los Trabajadores, que en este caso cometen las administraciones públicas. Cada año son decenas las demandas y decenas las sentencias, que en su mayoría condenan al Estado y le obligan a incorporar como personal laboral fijo a los trabajadores afectados.
La cesión de trabajadores sólo pueden realizarla legalmente las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Si un asalariado es contratado por una empresa, que es la que le paga, pero en realidad trabaja para otra, de la que recibe órdenes y que establece todas sus condiciones laborales, es víctima de un tráfico prohibido de mano de obra. Pues bien, ésta es una práctica antigua y habitual de las administraciones públicas –el empresario real– con muchas empresas subcontratadas. En lugar de aumentar la plantilla de funcionarios, recurren a firmas privadas, que suministran personal para hacer el mismo trabajo que los empleados públicos, en las mismas oficinas y con sus mismos horarios y jornadas, pero con sueldos inferiores. También comparten jefes con los funcionarios, que les fijan los días de vacaciones, por ejemplo, o les suministran el material de oficina. Y llegan a acumular años de antigüedad en sus puestos, por lo que es obvio que no cubren necesidades coyunturales. Cuando la empresa no consigue renovar la adjudicación o ésta les despide, la demandan a ella, y a la administración.
Sólo en los meses de enero a marzo de este año, al Ministerio de Agricultura le fueron notificadas cuatro sentencias firmes que condenaban a las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Miño, y a la Mancomunidad de Canales del Tabilla –que suministra agua a toda la Región de Murcia– por cesión ilegal. Según la memoria de la Abogacía del Estado, en 2012 se presentaron 25 demandas contra el Ministerio de Defensa sólo en la Región de Murcia, pero también se plantearon pleitos por cesión ilegal en la Confederación Hidrográfica del Duero, en Parques Nacionales tanto en Cantabria –cinco trabajadores que llevaban desde 1998 en el parque de Picos de Europa– como en Segovia –otras cinco sentencias firmes en el Centro de Montes y Aserradero de Valsaín–.
“Inadmisible”
Los casos de cesión ilegal de trabajadores son “asuntos masa” pese a que el Tribunal de Cuentas ya llamó la atención de las administraciones en 2010 cuando presentó una moción a las Cortes Generales donde pedía que estas prácticas fueran “desterradas”. El órgano fiscalizador recordaba los 102 trabajadores que fueron incorporados en la Oficina Española de Patentes y Marcas tras ser condenada por los tribunales. Otro tanto ocurrió con 19 empleados del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), o con otros cuyo número no precisa en las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Tajo o en la Seguridad Social.
En todos los casos, la falta de personal se había suplido con contratos de consultoría o asistencia técnica con empresas de servicios, denunciaba el Tribunal de Cuentas. Y con costes “significativamente superiores a los del personal propio”. La moción calificaba de “inadmisible” la cesión ilegal, tanto por motivos contractuales como laborales, y exigía que fuera “atajada a la mayor brevedad posible”. Las Cortes aprobaron entonces una resolución que, a su vez, instaba a las administraciones públicas a evitar este tipo de prácticas.
Cuatro años después, sin embargo, la confusión de plantillas sigue existiendo, también las demandas de trabajadores. Los recortes presupuestarios y la congelación de la oferta público de empleo tampoco ayudan a acabar con la tentación de cubrir puestos permanentes con subcontratas externas.
También las comunidades autónomas
Sin ir más lejos, el Ministerio de Agricultura y la empresa pública Tragsa son dos habituales de la cesión ilegal. El grupo público que preside Miguel Giménez de Córdoba, por su condición de medio instrumental de las administraciones, suele ser utilizado por éstas para cubrir sus necesidades de personal sin acudir a la oferta pública de empleo. Suyos eran los empleados demandantes en las confederaciones hidrográficas, Parques Nacionales y los Canales del Tabilla, todos ellos organismos dependientes de Agricultura.
Pero desde luego no son los únicos delincuentes laborales. Desde la Dirección General de Tráfico –en Valladolid– hasta RTVE –en Canarias y Baleares– han tenido que afrontar demandas por intentar sortear las leyes laborales en la contratación de personal. Tampoco se libran las comunidades autónomas. Según las fuentes sindicales consultadas, la Xunta de Galicia suma hasta 17 sentencias firmes de trabajadores de Tragsatec, filial de Tragsa, que han sido incorporados a la plantilla autonómica desde febrero de 2013 hasta abril de este año.
En Andalucía se han presentado 53 demandas por cesión ilegal, también de empleados de Tragsatec, en los últimos tres años. De ellas, siete ya son firmes, tras fallar el Tribunal Supremo a favor de los trabajadores, y ocho cuentan con pronunciamientos favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El más antiguo de los afectados llevaba trabajando desde 1995 en dependencias de la Junta de la Andalucía. Pero ninguno se ha incorporado aún a la plantilla de personal laboral autonómica.
Porque su paso a la nómina pública tampoco es automática. El Estatuto de los Trabajadores establece que el empleado cedido ilícitamente “tendrá derecho a adquirir la condición de fijo, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria”. Pero cuando la empresa cesionaria es la Administración pública sólo puede alcanzar la condición de personal laboral fijo –para ser funcionario hay que aprobar una oposición–. Y únicamente cuando el departamento que lo empleaba dictamine en un informe que los servicios que prestaba eran “estructurales”. Si cree que eran “coyunturales”, el trabajador no recuperará su puesto.
No usar el aparcamiento, ni la cafetería, ni el correo
Precisamente al deseo de impedir el aumento indeseado de las plantillas públicas hay que atribuir la instrucción sobre “buenas prácticas” para evitar la cesión ilegal de trabajadores que el Ministerio de Hacienda dictó en diciembre de 2012. En ella se insta a los departamentos a no contratar servicios externos para cubrir necesidades permanentes, a no impartir órdenes a los empleados subcontratados, a no situar a éstos en las dependencias públicas y, si no es posible, a darles “espacios de trabajo diferenciados”. Además, se prohíbe el acceso del personal externo a cursos de formación, al servicio médico, al aparcamiento, la guardería, el economato o el comedor o cafetería, el correo electrónico, la intranet corporativa…
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“La instrucción está dando sus frutos”, asegura un portavoz del Ministerio de Hacienda. En el último año, añade, “el 60% de las demandas de trabajadores han sido desestimadas por los tribunales”. El ministerio, sin embargo, no ha querido precisar a infoLibre cuántas demandas por cesión ilegal se han presentado desde que existe el manual de buenas prácticas y cuántos trabajadores externos han pasado a ser personal laboral fijo tras una condena judicial.
El personal de las empresas subcontratadas por la Administración sí que ha notado algunos cambios. “Procuran alquilar locales próximos para ubicar allí a los trabajadores, en lugar de en las oficinas públicas”, explican fuentes sindicales. O se nombra a un coordinador que recoge los partes de trabajo. O se les prohíbe, en efecto, usar el aparcamiento, según han explicado a este periódico trabajadores de una de las subcontratas de la Seguridad Social, donde acaban de presentar una demanda por cesión ilegal una decena de ellos.
Para ayudar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a tramitar los expedientes atrasados, Tragsatec ha contratado auxiliares administrativos. Pero no están apoyando el trabajo de los funcionarios en sus respectivas oficinas. Mahoma ha ido a la montaña: los expedientes están viajando desde todas las provincias de España hasta la sede central de la empresa en Madrid para ser gestionados.
La Abogacía del Estado elabora cada año una memoria de sus actividades en defensa de los intereses públicos. En la última, correspondiente aún al año 2012, cita la cesión ilegal de trabajadores como uno de los “principales asuntos masa” –múltiples demandantes o demandas repartidas por todo el territorio nacional– a los que debe atender. Se trata de un delito, según lo califica el Estatuto de los Trabajadores, que en este caso cometen las administraciones públicas. Cada año son decenas las demandas y decenas las sentencias, que en su mayoría condenan al Estado y le obligan a incorporar como personal laboral fijo a los trabajadores afectados.