El director de un centro público de investigación de vanguardia posee con su mujer el 25% de una empresa con la que contrata

Luis Roso, director del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU), un centro público de investigación de vanguardia dependiente de la Universidad de Salamanca, posee el 10% de Proton Laser Applications (PLA), una spin-off o empresa de base tecnológica nacida en el propio campus salmantino. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, su mujer, María Hernández Muñoz, es la titular de otro 15% y preside el consejo de administración. La ley prohíbe a los profesores universitarios superar una participación del 10% del capital de estas spin-offs. A no ser que el consejo de gobierno de la universidad o el consejo rector del centro público correspondiente lo autorice.

Ese 10% incluye la participación que posean también los parientes en primer grado del funcionario en cuestión, según los abogados consultados por este periódico. Ese porcentaje comprende al cónyuge, con independencia del régimen económico del matrimonio, explica Matías Garrido Cortés, del despacho Garrigues. La Ley de Incompatibilidades prohíbe a todos los funcionarios superar ese umbral. Pero la Ley de Universidades y la Ley de Ciencia establecen como excepción los profesores funcionarios cuando se trate de empresas promovidas por una universidad, siempre que exista un acuerdo explícito del consejo de gobierno de esa institución académica –previo informe del consejo social– o de la autoridad competente. La norma también prohíbe a los profesores formar parte del consejo de administración de esas empresas, siempre que su actividad “esté directamente relacionada con la que gestione” la universidad. La ley tampoco permite superar ese umbral si la empresa contrata con administraciones públicas.

“Mi trayectoria siempre ha estado supervisada por el Consejo Rector del CLPU y por la Abogacía del Estado de Salamanca”, asegura a infoLibre Luis Roso. También dice que siempre se ha guiado por “parámetros de transparencia y honradez” e informado de todos sus movimientos al Consejo Rector del centro. “Cualquier colaboración público-privada se ve con presunción de culpabilidad”, explica el director del centro, que es catedrático de Óptica de la Universidad de Salamanca.

El Consejo Rector del CLPU lo integran el Ministerio de Economía, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. “Nosotros no tenemos por qué saber que existe esta empresa”, indica un portavoz de la institución académica en referencia a Proton Laser Applications. La universidad, añade, se limitó a ceder al catedrático el espacio en el parque científico donde se construyó el Centro de Láseres Pulsados. Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León niega tener “constancia de que el director del centro posea un 10% y su mujer un 15% de PLA”. “Cuando se le nombró [Luis Roso] cumplía todos los requerimientos legales y desde entonces ha realizado sus funciones de forma impecable”, apunta. Roso es el director del CLPU desde 2008 y Proton Laser Applications se creó dos años más tarde, en 2010. Finalmente, un portavoz del Ministerio de Economía señala que la Comisión Ejecutiva del centro fue informada de la participación accionarial en PLA en una reunión del 6 de junio de 2014, cuatro años después de crearse la empresa, pero no puede concretar si se le había autorizado expresamente a superar, junto con su mujer, el porcentaje legal, y a que ésta sea, además, la presidenta del consejo de administración. “No se le puso ninguna objeción”, apunta. Según el ministerio, en esa reunión estuvieron presentes sólo dos de los siete miembros de la comisión: el director general de Universidades y el coordinador de Servicios de la Dirección General de Universidades de la Junta de Castilla y León.

Un centro “único en su género”“

El CLPU fue creado en diciembre de 2007. Es una de las 29 Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) que existen en España. Según explica la web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, se trata de instalaciones “únicas o excepcionales en su género, con un coste de inversión, mantenimiento y operación muy elevado” y con carácter “estratégico”. La creación del CLPU fue fruto de un convenio firmado por el Ministerio de Economía, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. En el consorcio que constituyeron participan el ministerio, con un 50%; la Junta, con un 45%, y la universidad, con el 5% restante. La construcción y puesta en marcha del centro se presupuestó en 20,6 millones de euros. Este año, las tres administraciones le proveerán de 3,4 millones de euros de financiación. En la actualidad, el consorcio lo preside Pilar García Garcés, directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. Luis Roso fue nombrado en 2007 y ha sido renovado en el puesto cada tres años desde entonces.

Ubicado en el parque científico de la Universidad de Salamanca, cuenta con una plantilla de 40 trabajadores, de los cuales 30 son científicos y técnicos. Investiga y desarrolla láseres ultraintensos que tienen aplicaciones médicas en radioterapia, para el tratamiento del cáncer, por ejemplo.

Por su parte, Proton Laser Applications se dedica a desarrollar sistemas de láseres ultrarrápidos y ultraintensos con aplicaciones industriales, médicas, electrónicas o energéticas, asegura en su página web. En su accionariado figuran, además de Luis Roso y su esposa, José María Benlloch Baviera, profesor del CSIC y premio Nacional de Investigación, y el industrial Delfí López, a través de su empresa Engind SL, que cuenta con el 51% del capital.

La empresa figura en el listado de spin-offs del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (i3M) de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo director es José María Benlloch. Tiene oficinas en Olèrdola (Barcelona) y en Salamanca. En un vídeo de promoción del CLPU grabado en 2010 para la Fundación Genoma España –reconvertida después en Fundación Española para la Ciencia y Tecnología–, Luis Roso y el entonces director general de PLA, Felipe Voces, presentan su proyecto de aplicaciones médicas para aceleradores láser. Para ese proyecto recibieron ayudas del Programa Innocash del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que concedía créditos de hasta un millón de euros a empresas de base tecnológica.

“[PLA] surge como una spin-off del Centro de Láseres Pulsados de Salamanca”spin-off, introduce Voces. “La idea que tenemos es poner en valor la ciencia generada en este centro y trasladarla al mercado”, explica. Un responsable de PLA indicó a infoLibre que la empresa era una spin-off tanto del CLPU de Salamanca como del i3M de Valenciaspin-off. Pero no ha querido comentar ningún detalle más de su relación con el centro que dirige Luis Roso.

Contratos y ayudas públicas

“Si [Felipe Voces] dice que Proton Laser Applicationes es una spin-off del CLPU, lo será, no lo sé seguro, aunque legalmente no lo es”, indica Roso. “No estoy en el consejo de administración y no tengo información sobre esos asuntos”, justifica. También dice que el CLPU que él dirige no contrata con PLA. Sin embargo, en 2011 el centro de Salamanca recibió tres ayudas del programa Innpacto, del Ministerio de Economía, una de las cuales, de 242.477 euros, estaba destinada a un “proyecto de diseño y desarrollo de elementos tecnológicos para acelerar partículas mediante láseres ultracortos y ultraintensos” cuyo beneficiario fue Proton Laser Applications, según figura en las cuentas anuales del CLPU.

Como parte de otro programa de ayudas públicas, el Innpronta, Proton Laser subcontrató al CLPU para el proyecto LIFE de Desafío integral al cáncer de mama, que encabezó el grupo médico Eresa. El proyecto, para el que CLPU desarrolló un software de aplicación clínica para tomografías por emisión de positrones, concluyó en diciembre de 2014, según consta en la página web del centro salmantino.

Además, un investigador fue contratado por el CLPU en 2015 pero, según ha podido saber este periódico, trabajaba en realidad en PLA. No acudía a su puesto en el CLPU ni realizó ningún tipo de informe en el tiempo en que estuvo contratado. Un año después abandonó el centro y pasó a trabajar en la spin-off. Ahora es doctorando en el i3M de Valencia. “Se le contrató para un trabajo y lo hizo”, asegura Luis Roso, pero no precisa qué tipo de trabajo. “Un trabajo científico”, zanja. Y dice desconocer qué hizo en PLA, pese a ser accionista y su mujer la presidenta del consejo de administración: “Yo no firmo los contratos”.

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“La legislación establece muchas cautelas para evitar conflictos de interés en la colaboración público-privada en este ámbito”, explica Valentín García-Echave, abogado mercantilista especializado en derecho societario de las spin-offs, “de hecho, la ley se aplica siempre con criterios bastante restrictivos”. De ahí las limitaciones a la participación accionarial en las empresas privadas de los funcionarios, como es el caso de catedráticos y profesores universitarios.

García-Echave admite que en España, por regla general, está “mal visto el profesor que tiene una empresa”. Sobre todo cuando hay de por medio dinero público. “Mientras que en Reino Unido o Estados Unidos se ve como un mérito”, apostilla. Según destaca, la ratio de éxito de las spin-offs en España es “muy bajo”ratio spin-offs: de cada 10 sólo una o dos tienen éxito y consiguen refinanciación para continuar el negocio, tres o cuatro malviven y el resto quiebra.