Los dueños de Everest, que deben siete nóminas a su plantilla, poseen una sicav con 3,6 millones

Siete nóminas adeuda la histórica editorial Everest a sus 320 trabajadores, que ya van por su tercera semana de huelga. La empresa, fundada hace 57 años en León, se encuentra en situación crítica desde 2012. Sus responsables han solicitado a la Junta de Castilla y León una de las ayudas de la UE para salvamento y reestructuración de empresas en crisis por importe de 3,2 millones de euros. A cambio, el Gobierno autonómico exige a Everest “garantías personales” que no ha aportado, según repite una y otra vez la Consejería de Economía. El fundador de la empresa y dos de sus hijas poseen una sicav (sociedad de inversión de capital variable), Santa Clara, gestionada por el banco andorrano Andbank y depositada en el Banco Inversis, que cuenta con un patrimonio de 3,6 millones de euros, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Junta de Castilla y León, por boca de su consejero de Economía, Tomás Villanueva, y su viceconsejera, Begoña Hernández, han manifestado su “voluntad inequívoca” de ayudar a Everest a salir del atolladero. Pero insisten en que, para desembolsar dinero público, necesitan un “compromiso” de los dueños de la editorial, fundada por Luis José Antonio López Martínez y gestionada por sus hijos desde que él dejó la dirección general el 22 de junio de 2014.

También les exigen un plan de viabilidad que asegure el futuro de la empresa. Y la identidad del inversor o inversores que, según la editorial, han mostrado interés en adquirir la empresa. Everest, sin embargo, se niega a dar los nombres de los hasta tres posibles compradores con los que dice estar negociando. infoLibre ha intentado reiteradamente recabar la posición de la editorial sobre todos estos asuntos, sin éxito.

Los libros como garantía

No obstante, el pasado día 12 la empresa aseguró en un comunicado que había aportado garantías para el préstamo por importe superior a los 50 millones de euros: “maquinaria, existencias y activos”, el patrimonio total de la empresa “libre de cargas”. El presidente del comité de empresa, Enrique Reguero, asegura que Everest pretende presentar como garantía sus existencias de libros, así como dos naves que posee en Portugal y las máquinas de impresión. Sin embargo, explica Reguero, la Junta ha considerado “insuficiente” su valor. “Les piden garantías líquidas”, apunta. “Garantías reales”, llegó a solicitar la Consejería de Economía.

Mientras, la actividad en la editorial leonesa es casi nula, paralizada por la huelga indefinida. El último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, que afecta a 120 trabajadores, concluye el próximo día 31. Enrique Reguero teme que Everest solicite en breve el concurso de acreedores. En otoño de 2013 despidió a 65 personas. Desde mayo de 2012 se han sucedido tres ERE de suspensión y reducción de jornada.

La empresa pierde entre uno y dos millones de euros al año, según el presidente del comité. Aunque llegó a superar los 30 millones de euros de facturación, la crisis la ha encogido hasta los 20 millones. Y no sólo debe siete nóminas a la plantilla –cuatro salarios y tres extras–, que ya ha presentado las correspondientes demandas por impago en el juzgado. También los proveedores han empezado a reclamar sus deudas en los tribunales.

Una rentabilidad del 4,29% para Santa Clara Sicav

Las sicav son una fórmula de inversión colectiva que se ha convertido en el mecanismo preferido de las grandes fortunas para pagar menos impuestospara pagar menos impuestos. Para constituir una sicav hacen falta 100 socios y un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Por el impuesto de sociedades pagan sólo un 1%. López Martínez y sus hijas crearon Santa Clara Sicav en marzo de 1999. La preside el fundador, y sus hijas Irene y Raquel López Varela, que ocupan dos cargos directivos en Everest, son consejeras. Cuenta con un total de 130 socios. Su rentabilidad al final del tercer trimestre de 2014, último periodo del que consta informe en la CNMV, es del 4,29%, por encima de la media del resto de las sicav de Inversis, la entidad donde está depositada Santa Clara.

No es la única sicav del fundador de Everest. Desde junio de 2007 hasta septiembre de 2012, Luis José Antonio López Martínez figuró como consejero de Inoinversora, que actualmente posee un patrimonio de 5,8 millones de euros. En ella figuran o han figurado también como socios Pedro Mir Vinent, heredero de la empresa menorquina El Caserío, que terminó en manos de la familia Ruiz Mateos; María Ángeles de la Cruz Aristrain, heredera del fundador de Aceralia y una de las principales fortunas de España y Europa; y Miguel Ángel Fernández Villamandos, expresidente de Trasmediterránea y exconsejero de Vueling, entre otros.

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Everest llegó a ser una de las 10 primeras editoriales de España, especializada en literatura infantil y juvenil, además de en libros de texto, aunque su auge comenzó con los diccionarios. Tiene unas 4.000 referencias en su fondo editorial. Un contrato con Disney le permitió publicar en exclusiva desde 1993 y hasta hace cinco años los productos educativos de la factoría. Publica las biografías deportivas de los futbolistas del Real Madrid. Fue la descubridora de un superventas como Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández, el autor de toda dos trilogías para adolescentes. Planeta se lo arrebató en 2012. Sus libros fueron llevados al cine (El club de los incomprendidos) dos años después.

Toda una historia de éxitos que, sin embargo, ha sido incapaz de superar la recesión económica. La de Everest podría ser otro ejemplo más de empresa que no sobrevive al recambio generacional, o de editorial arrasada por la crisis. Enrique Reguero cree que, cuando estalló, el fundador “no tomó las decisiones que tenía que tomar”. Ahora las riendas las lleva su hijo Miguel, que se encuentra en la tesitura de vender la empresa familiar. En cualquier caso, el presidente del comité carga tanto contra los gestores de la editorial como contra el Gobierno de Valladolid, que “ha ayudado antes a otras empresas sin pedir garantías”. Y cita las cantidades concedidas a Campofrío, cuya nave de Burgos se quemó el pasado mes de noviembre.

Un portavoz de la Junta de Castilla y León asegura que la Consejería de Empleo se encuentra “a la espera de que Everest presente la documentación” necesaria, así como “el resultado de las operaciones de refinanciación que están llevando a cabo con entidades financieras y acreedores comerciales”. También les piden un “acuerdo” que garantice una solución para los trabajadores. Éstos, organizados en piquetes ante las puertas de la editorial desde el pasado día 9, dicen hallarse “en alerta máxima” ante la inminencia del concurso de acreedores o, incluso, el cierre.