La trampa de la escuela privada para no pagar las vacaciones dispara en agosto la pérdida de empleo

La Seguridad Social perdió 193.704 afiliados el pasado agosto y el paro subió en 21.884 personas. La mayor sangría se produjo en el sector de la educación, que se quedó sin 72.338 afiliados, según los datos hechos públicos por el Gobierno, en un movimiento que parece haberse convertido en regla. Fuentes sindicales denuncian que “siempre son los mismos sectores los perjudicados” en la época estival y desde la órbita económica indican que, pese a las reformas que “han repercutido de forma positiva” en el mercado laboral, “se mantiene la picaresca del despido en verano para no pagar vacaciones”.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha defendido que el comportamiento del sector educativo el reciente agosto “no llama la atención”, si se tiene en cuenta que “la caída” en la afiliación ha sido “de 6,2, un poco más alta que el 5,8 de 2023”, pero menor que el “6,7” de 2022. De hecho, se ha remontado a antes de la pandemia para anotar que la bajada en el mismo periodo de 2019 “fue del 6,9", en 2018 "del 7,1" y en 2017 "del 7,5”. “No hemos visto nada realmente llamativo”, ha aseverado Suárez.

Pero, para los sindicatos, “que sea lo habitual, no significa que no se deba mejorar”. Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de CCOO, confirma que se trata “de una tendencia que se repite desde hace muchos años. Cuando llegan los meses de verano se produce pérdida de empleo en el sector de la enseñanza”. Respecto a los más de 72.338 afiliados que se han evaporado este agosto, indica que “más del 80%” son “del ámbito privado”. “Hay muchas personas que tienen un contrato fijo discontinuo que va ligado al curso escolar y cuando éste finaliza, se las envía al desempleo hasta los meses de septiembre y octubre, que se les vuelve a contratar. Es una tendencia que arranca en mayo, hasta que se produce esa recuperación”, expone.

Ocaña vincula la cifra con tres bloques de actividad: el del ocio educativo, la educación privada y la enseñanza no reglada. En el primero incluye a “profesores de extraescolares, monitores de comedores… que tienen contratos fijos discontinuos” y que sufren “mucha parcialidad, al no contar con contratos a jornada completa, a lo que se le suma el despido de verano”, lamenta. A su juicio, este “podría estar justificado porque es una actividad más o menos estacional ligada a la duración de un curso escolar” en ese apartado. “Pero hay mucho profesor que también se va a la calle”, avisa. Y apostilla: “No en la pública o la concertada, pero sí en los colegios privados, donde se sigue cometiendo la irregularidad de contratar a personal docente como fijo discontinuo, a pesar de que hay dos sentencias, una de la Audiencia Nacional de febrero de 2023 y otra anterior del Tribunal Supremo, que dicen que un docente ha de tener un contrato indefinido porque la actividad curricular no es estacional, es continua. Y a pesar de que conseguimos incorporarlo en el convenio colectivo explícitamente”, recuerda.

“La actividad en la escuela de un profesor no finaliza con las clases, pero muchos centros siguen cometiendo esa irregularidad”, recalca, por lo que desde CCOO piden a la Inspección de Trabajo que “sea más exhaustiva” y ejerza una mayor “presión” en “los centros educativos privados”, donde se da esa realidad.

Para finalizar, Ocaña se refiere a la enseñanza no reglada, donde engloba a “las academias, de informática, de idiomas… cuya actividad también va ligada a la duración del curso escolar. Por eso en verano se producen despidos”, reconoce. En su opinión, aunque la reforma laboral “ha suavizado la tendencia histórica, todavía falta por avanzar en el sentido de que muchos de los fijos discontinuos deberían ser indefinidos”. Con todo, quiere hacer notar que, “respecto al año pasado, en educación se ha producido un incremento de alrededor del 15% de las personas empleadas, entre la enseñanza pública y la privada”. “Es decir, si el sector emplea a más gente, es lógico que se pueda elevar el número de quienes van al desempleo”, concluye.

Diferencias territoriales en lo público

De su lado, Héctor Adsuar, secretario de Pública no Universitaria de CCOO, asegura que quienes engrosan las bajas laborales veraniegas en educación desde el terreno de lo público son, en esencia, “los interinos sustitutos, que no tienen plazas de todo el curso”, sino que suplen a “funcionarios de carrera en comisión de servicio, permiso, baja…”. Éstos tienen que lidiar con distintas condiciones, según ejerzan su labor en una comunidad autónoma o en otra. “Hay algunas en las que haber trabajado cinco meses y medio durante el curso", se traduce en que "están de alta durante los meses de julio y agosto", pero "no es así en la mayoría de los territorios", remarca. 

En ese punto, Adsuar garantiza que su sindicato “pelea” para extender a todas las regiones el requisito de que esos cinco meses y medio sean suficientes para “estar de alta a todos los efectos en julio y en agosto” y que no haya desigualdades, así como para “conseguir reducir el porcentaje de temporalidad, porque la idea es que al menos el 92% de la plantilla sea personal funcionario de carrera definitivo”, finaliza.

Despidos que no parecen "razonables"

Por su parte, Maribel Loranca, secretaria del sector de Enseñanza de UGT, es igualmente consciente del desasosiego que para algunos trabajadores del área educativa conlleva el verano. Aunque no descarta que “el efecto arrastre” de los que acaban en la calle por que ello supone no tener que pagar sus vacaciones pueda alcanzar a agosto, mira más allá. "En la Enseñanza reglada, cuando se producen despidos, se suele reflejar en las estadísticas del mes de julio, por lo tanto, aunque en la última pudieran computarse algunos, el porcentaje fundamental son de otro tipo de actividades educativas", dice. Se refiere a trabajadores de "campamentos urbanos, de verano, academias, monitores educativos, escuelas de música, infantiles…”, enumera. ¿Por qué se caracteriza ese empleo? “Es un trabajo que generalmente es precario y no está bien pagado”, reconoce, con sueldos alejados en su mayoría del salario medio anual de los trabajadores de educación que, según la actualización más reciente de la Encuesta de Estructura Salarial, con información relativa a 2021, se sitúa en los 28.272 euros.

Para Loranca, “hay determinadas actividades económicas que pueden tener justificación para tener trabajadores en régimen de fijos discontinuos, pero hay otras que no”. “Nos encontramos, sobre todo en julio -enlaza-, que se manda al paro a trabajadores, para recuperarlos en septiembre u octubre. Hay que seguir vigilando porque no parece razonable que empresas que ni siquiera cesan su actividad de manera manifiesta, despidan a trabajadores para volverlos a contratar en dos meses”, cierra.