Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos coinciden en destacar el papel fundamental que desempeñan las políticas activas de empleo, la formación, en la lucha contra el paro. “Suponen la manera de hacer posible que la gente se emplee cuanto antes”, explicaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el pasado septiembre en Jaén, antes de publicitar que el Gobierno iba a aumentar un 10% el presupuesto dedicado a esta partida para 2016.
Pero el desempeño administrativo desmiente las declaraciones de intenciones en la apremiante batalla contra el récord de paro. El Servicio Público de Empleo (SEPE) sólo ha ejecutado hasta el momento el 0,71% de su presupuesto anual para formar a desempleados, 892 millones de euros. La cifra aparece en la ejecución provisional del presupuesto de este organismo, el antiguo Inem, a fecha de mayo.
El motivo por el cual es tan bajo el nivel de ejecución de la partida destinada a dar cursos de formación a los casi cuatro millones de parados inscritos en el SEPE estriba en que el Consejo de Ministros no había aprobado aún una transferencia a las comunidades autónomas de 600,6 millones de euros. Y no lo ha hecho porque el Ministerio de Hacienda tampoco ha elaborado el informe favorable que es “preceptivo y vinculante”, según explica Empleo a infoLibre. El departamento que dirige Fátima Báñez justifica el retraso del de Montoro en el “gran volumen de información” que éste debe recabar de las comunidades autónomas con carácter previo. El informe, añade, “depende del cumplimiento por parte de las comunidades autónomas de los objetivos de déficit asignados”.
Todas las comunidades, excepto Galicia, País Vasco y Canarias, superaron el techo de déficit el año pasado, el 0,7% del PIB, por lo que las incumplidoras recibieron una carta del ministerio a comienzos de abril donde les exigía que aprobaran en el plazo de 15 días medidas de recorte de gasto. Lo hicieron, y el pasado día 9 Montoro anunció el desembolso de 8.816 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica para que las comunidades autónomas, a su vez, paguen a sus proveedores.
Además de la cuantiosa partida que gestionan las comunidades autónomas, el SEPE administra directamente casi 37 millones de euros para ofrecer cursos de formación a los parados. A mitad del ejercicio en curso sólo ha desembolsado el 3,12% de esa cantidad. Al término de 2015, únicamente había utilizado el 45,42% del presupuesto para ese año, y ello después de haber recortado la partida inicial, de 35,8 millones a 25,4 millones de euros.
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Otro de los capítulos incluidos en la formación para desempleados del presupuesto del SEPE es la correspondiente al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Son 120 millones de euros, de los que sólo se ha repartido hasta el momento el 4%, 4,8 millones. El objetivo de este sistema, impulsado desde Bruselas, es que los menores de 30 años reciban una oferta de empleo, formación o prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados. Hasta el pasado mes de febrero, la cifra de inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil era de 215.289, apenas el 16,8% de los 1,27 millones de parados menores de 30 años que hay en España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
El escaso número de jóvenes registrados ha sido muy criticado por los sindicatos, que reprochan a Empleo la opacidad del sistema. Ni siquiera ampliando de los 25 a los 30 años la edad de los posibles beneficiarios ha conseguido el ministerio que la iniciativa aumente su cobertura.
Aún sin convocatoria de subvenciones para los ocupados
En el apartado de formación a ocupados la ejecución ha sido mayor que en la ofrecida a los desempleados, pero aun así sólo representa la tercera parte del presupuesto anual destinado a este capítulo, 1.027,7 millones de euros. La razón de la parálisis en este caso también lo atribuye Empleo al Ministerio de Hacienda, que no aprobó hasta el pasado día 17 un expediente de ampliación de crédito de 32 millones de euros. Empleo dice que el SEPE no recibió “hasta hace dos semanas” el citado documento, por lo que la convocatoria de subvenciones sigue aún tramitándose pero aún no se ha publicado, casi dos meses después de ser aprobada por el patronato de la Fundación Tripartita, que la gestiona.
A su vez, la convocatoria acumulaba ya un retraso considerable este año. En 2015 no hubo convocatoria de los planes de formación y este año acumula ya tal demora que los cursos no podrán empezar a impartirse hasta final de año. Es decir, se han quedado sin formación medio millón de ocupados y 270.000 desempleados, según las últimas cifras de participación en cursos publicadas por el SEPE.
En consecuencia, y a pesar de la importancia que se le otorga a la formación, sólo cinco de cada 100 desempleados realizaron un curso en 2013, si hay que creer a la última evaluación de calidad del sistema realizada por el propio SEPE.
Por el contrario, sí que se pagan a buen ritmo las bonificaciones a los contratos: el SEPE abona a la Seguridad Social las cuotas que las empresas deben pagar por contratar a trabajadores, las tarifas planas aprobadas por el Gobierno en estos cuatro años. Hasta mayo, ha desembolsado ya el 40,27% de los 1.635 millones presupuestados para todo el año. El año pasado el SEPE pagó por este mismo concepto un total de 1.475 millones, el 98,33% de la partida asignada.
Las ayudas de 426 euros, a menos
En cambio, continúa con una decepcionante aplicación la última ayuda creada por el Gobierno para los parados que agoten el catálogo de prestaciones públicas, y que también está vinculada a la inscripción en cursos formativos. Del Programa de Activación para el Empleo, 426 euros al mes, destinada a parados de larga duración, sólo se ha pagado hasta mayo un 15,5% de los 350 millones inicialmente consignados. Según las últimas cifras del ministerio, el pasado abril sólo percibían esa ayuda 25.068 personas, un 43% menos que un año antes.
Del programa Prepara, la penúltima ayuda de 426 euros vinculada a la realización de cursos y destinada a parados que hayan agotado el resto de los subsidios, sólo se ha desembolsado el 26,8% del presupuesto inicial –219 millones de euros–, después de sufrir un recorte de 17,6 millones. Según explica el ministerio, esa cifra ha resultado ser “excesiva” teniendo en cuenta la “tendencia a la baja en el gasto de estas ayudas en los últimos ejercicios”. Así que la cantidad sobrante se ha dedicado a otra partida, los planes de empleo para “insertar parados en el ámbito local”.
41 millones menos para modernizar las oficinas públicas
Empleo desoyó dos informes de la Abogacía del Estado y bloqueó casi un año 35 millones en subvenciones para cursos
Este año, el ministerio ha destinado 100 millones de euros a la “modernización” de los servicios públicos de empleo, la misma cantidad que el año anterior. Pero entonces recortó la partida en 41,63 millones. A preguntas de este periódico, el ministerio no explica por qué redujo el presupuesto en un 41,6% el año pasado, sólo que destinó ese dinero a orientación profesional en las comunidades autónomas de los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo.
El recorte de las partidas dedicadas a modernizar el SEPE ha sido una de las críticas constantes de sindicatos y expertos desde que Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, pues ha coincidido con la puesta en marcha de convenios con las agencias de colocación privadas. En 2015 Empleo reservó 140 millones para estas empresas, este año les dedica 175 millones más, el doble de lo que destinó a “modernizar” las oficinas públicas de empleo.
El Gobierno justifica el cambio de orientación del gasto en la ineficacia pública para encontrar trabajo a los parados y en el mayor rendimiento de las agencias privadas. Así, según la última EPA, sólo un 1,7% de los asalariados encontró empleo gracias a las oficinas públicas, ahora en manos de las comunidades autónomas, tres décimas menos que un año antes. Aunque la eficacia de las agencias privadas tampoco fue mucho mayor: sólo un 2,9% de los trabajadores dice haber encontrado trabajo gracias a ellas.
Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos coinciden en destacar el papel fundamental que desempeñan las políticas activas de empleo, la formación, en la lucha contra el paro. “Suponen la manera de hacer posible que la gente se emplee cuanto antes”, explicaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el pasado septiembre en Jaén, antes de publicitar que el Gobierno iba a aumentar un 10% el presupuesto dedicado a esta partida para 2016.