Empleo desoyó dos informes de la Abogacía del Estado y bloqueó casi un año 35 millones en subvenciones para cursos

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha desbloqueado el pago del tercer plazo de las subvenciones para formar a trabajadores correspondientes a la convocatoria de 2014, según ha confirmado a infoLibre el Ministerio de Empleo. El abono asciende a 35 millones de euros, que quedaron congelados en septiembre de 2016 cuando la Audiencia Nacional anuló esa convocatoria de ayudas tras ser recurrida por tres patronales, Confemetal, hostelería y ayuda a la dependencia.

El tribunal ordenaba al SEPE corregir el error que invalidaba la convocatoria: la emisión de un informe preceptivo tras ser consultados la CEOE y los sindicatos. El informe se redactó y la Audiencia Nacional consideró subsanada la omisión. Sin embargo, las tres patronales presentaron un nuevo recurso, que aún se encuentra pendiente de sentencia.

Estas organizaciones empresariales y los sindicatos UGT y CCOO también han recurrido la convocatoria de subvenciones de 2016 –en 2015 no hubo– por los mismos motivos que la de dos años antes.

La congelación del tercer plazo de las subvenciones ha supuesto un duro golpe para las empresas que imparten los cursos. Muchas de ellas pagan con retraso o no pagan a sus formadores, en buen número trabajadores autónomos. Estas subvenciones a la formación de trabajadores ocupados se pagan en tres plazos: en el primero el SEPE anticipa el 50% de la ayuda concedida; en el segundo, abona el 25% a las empresas de formación que certifiquen que han impartido al menos el 50% del plan; y en el tercero, el 25% restante.

Cuando la Audiencia Nacional anuló la convocatoria de 2014, Empleo preguntó a la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de abonar o no ese tercer plazo de las ayudas. Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, el 28 de septiembre el abogado del Estado le respondió con un informe en el que se recomendaba “iniciar la tramitación del pago” porque la sentencia de la Audiencia Nacional “no afecta en absoluto a la tramitación de los procedimientos necesarios para el abono del tercer plazo de las subvenciones”.

Pero el SEPE no hizo caso del dictamen y bloqueó las ayudas.

En otro informe posterior, del 29 de diciembre, la Abogacía del Estado considera que debe librarse el tercer plazo de las subvenciones “con la mayor rapidez posible, una vez que el juez considere ejecutada en debida forma la sentencia”. El tribunal así lo hizo en un auto con fecha de 24 de enero de este año. Aun así, tampoco se desbloquearon los pagos. Las tres patronales volvieron a presentar recurso el 1 de febrero.

El pasado 22 junio el abogado del Estado emitió un nuevo informe, puesto que Empleo volvía a preguntarle por la conveniencia de pagar las subvenciones. En este caso, el ministerio alegaba que se había producido una “novedad procesal”: “Se tiene conocimiento de que la voluntad de dos de los recurrentes de desistir del ejercicio de sus acciones procesales”. Finalmente, sólo uno de ellos, Confemetal, abandonó la apelación, según ha confirmado el propio Ministerio de Empleo a este periódico.

La Abogacía del Estado respondió que debía abonarse el tercer plazo de las ayudas porque la apelación de las patronales “no tiene efecto suspensivo” al haber considerado la Audiencia Nacional correctamente ejecutada la sentencia. Además, sostiene que el desistimiento de dos de las tres organizaciones recurrentes no es un hecho, sino una “actitud hipotética”. Y, de producirse, no tendría ninguna “relevancia jurídico-formal” si el desistimiento fuera parcial, o haría desaparecer todas las dudas sobre la validez de la convocatoria si el desistimiento fuera total.

Críticas a la patronal

Antes de dictar su conclusión, la Abogacía del Estado enumera los informes que ha emitido sobre el asunto hasta el momento, un total de cuatro. Entre ellos, cita uno del 16 de diciembre en el que considera “razonable” no pagar el tercer plazo de las subvenciones. Pero ahora el abogado del Estado matiza que ese informe “no dice lo que es procedente en derecho”, y rebaja su “consejo jurídico” a la categoría de “juicio valorativo o de oportunidad”. El  informe, pues, “trata de aconsejar sobre cómo proceder de manera sensata y razonable ante una situación por definición transitoria y breve”. Por eso, explica que “ante tan breve periodo de pendencia judicial” considera “más prudente no hacer nada que pueda comprometer la ejecutabilidad del fallo” hasta que se resuelva el asunto.

Llama también la atención que la Abogacía del Estado no escatime críticas a las organizaciones empresariales. Tacha de “llamativa” la “insistencia” de las patronales en mantener el recurso contra la convocatoria por motivos “puramente formales”, cuando al mismo tiempo reclaman “sistemáticamente” y de “manera muy incoherente” el pago de las subvenciones que su apelación bloquea. También avanza que el empeño empresarial en recurrir por motivos formales podrá considerarse “actuación contumaz” si finalmente la Audiencia Nacional desestima su apelación contra Empleo.

En definitiva, el SEPE acaba de librar los pagos después de casi un año de bloqueo y pese a que dos informes de la Abogacía del Estado le recomendaron en dos momentos distintos del proceso que abonara las subvenciones.

La guerra de la formación

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La reforma de la formación para el empleo, que la ministra Fátima Báñez presentó como “urgente” en 2015 y elaboró por decreto, ha paralizado el sistema. En 2015 no hubo convocatoria, la de 2016 se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional a la espera de sentencia y aún no ha sido resuelta. Y la de 2017 no comenzará a tramitarse hasta después del verano.

Mientras, patronal y sindicatos continúan enzarzados en una dura batalla con el ministerio tras haber sido excluidos de la gestión de los cursos. En los tribunales y en los órganos de participación tanto del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (la antigua Fundación Tripartita) discuten el nuevo modelo, que no termina de arrancar.

Aunque el Gobierno acaba de aprobar el reglamento que desarrolla la ley de 2015, tampoco ha evitado la polémica. A las protestas de los agentes sociales por que el decreto se ha aprobado sin apenas negociación, se han sumado las quejas de las comunidades autónomas, que también se han sentido excluidas.