El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclama la devolución de 31,25 millones de euros a un total de 68.910 empresas por haberse aplicado indebidamente bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para impartir cursos de formación a sus trabajadores. Son el 18,5% de las 372.337 empresas que obtuvieron estos descuentos en sus cotizaciones en 2015, según consta en el informe de comprobación que ha elaborado la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita) y al que ha tenido acceso infoLibre.
A estas cifras, la Fundae añade otras 911 empresas que fueron objeto de requerimiento tras haber sido controladas a partir del pasado mes de octubre y que, en total, se aplicaron bonificaciones por importe de 16,6 millones de euros.
Esas casi 70.000 empresas han obtenido el resultado de “no conforme” después de que la Fundae cruzara la vida laboral de los alumnos con los datos que de ellos posee la Seguridad Social. La ley establece que sólo pueden participar en los cursos asalariados que coticen en concepto de formación profesional –es con esta cuota, el 0,7% de la nómina, con lo que se financian–. De los 2,37 millones de trabajadores inscritos para formarse con cargo a sus empresas, 30.035, el 1,27%, incumplían este requisito básico. La mayoría –11.229– figuraban en una empresa distinta a la comunicada a la Fundae, otros cobraban prestaciones de desempleo, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, e incluso 4.727 eran en realidad autónomos.
“No son irregularidades, la mayoría de las empresas gestionan adecuadamente la formación; es más, tras recibir el ‘no conforme’, pueden presentar alegaciones y el 25% de ellas se les acepta porque se trata de meras cuestiones formales, los errores se subsanan”, matiza Juan Carlos Tejeda, director de Formación de la CEOE.
CEOE denuncia una “catástrofe”“”
Tejeda critica con dureza la reforma de la formación para el empleo acometida por el Gobierno en 2015, que ha provocado un “tsunami” en todo el sector e infligido heridas letales a la formación bonificada, la que realizan las empresas para sus propios trabajadores. “[La reforma de 2015] ha roto la tendencia de crecimiento que se produjo hasta 2014 y causado una auténtica catástrofe”, asegura. De las 471.590 empresas que solicitaron este tipo de formación en 2014 se ha pasado a 368.418 en 2016, lo que equivale a un descenso del 21,8% en dos años. Sólo en 2016 la caída ha sido del 16,2%. Los Permisos Individuales de Formación (PIF), que la empresa autoriza y retribuye a los trabajadores que quieren hacer un curso, han sufrido un descalabro del 42,55% entre 2015 y 2016.
Pese a la reducción en el número de empresas interesadas en este tipo de cursos, el porcentaje de las que han recibido el “no conforme” ha aumentado cerca de medio punto. El informe de la Fundae atribuye el alza a que la reforma ha extendido la exigencia de cofinanciación a las empresas de menos de 10 trabajadores, que ahora deben aportar el 5% del coste. Antes sólo se requería un 10% a las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, el 20% a las de 50 a 249 empleados y el 40% a las que sobrepasaban esa plantilla.
Juan Carlos Tejeda culpa de la caída de interés de las empresas por estos curos a la reforma del Gobierno, que ha “matado” a las llamadas entidades organizadoras. Se trata en su mayoría de empresas de formación, que “recorrían polígono a polígono ofreciendo su catálogo de cursos a las empresas” y les ayudaban a gestionar sus créditos, sobre todo a las pymes. La inseguridad jurídica y el aumento de los controles están “retrayendo” a las empresas, lamenta el responsable de la patronal. A su juicio, esos “controles burocráticos” no sólo son “excesivos” sino también inútiles en la prevención del fraude.
CCOO y UGT: demasiada flexibilidad
Los sindicatos no están de acuerdo. De hecho, sitúan el grueso del fraude en la formación bonificada en las empresas más pequeñas, y en las entidades organizadoras. El 61,5% de las empresas que optaron en 2015 por este tipo de cursos tenían menos de cinco trabajadores. Y éstas se aplicaron bonificaciones por importe de 4,2 millones de euros por encima del crédito dispuesto. Por el contrario, las de mayor tamaño, con más de 250 empleados, no utilizaron 2,48 millones de euros de los que tenían a su disposición para bonificarse.
CCOO y UGT critican los cambios introducidos en este tipo de cursos precisamente por todo lo contrario que la CEOE: porque flexibilizan aún más el sistema, dificultando los controles. CCOO, que cifra en 8.100 las entidades organizadoras, asegura que éstas no ofrecen más que formación “generalista y transversal” y con un coste que triplica a la media del sistema de formación. También atribuye el descenso en el número de empresas que optan por los cursos bonificados al hecho de que haya desaparecido la modalidad de formación a distancia, donde también es más fácil el fraude.
El fraude según el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas fiscalizó las empresas que se aplicaron bonificaciones para formación en 2012 y descubrió que 1.064 se habían beneficiado de descuentos en las cuotas a la Seguridad Social por encima del crédito que les correspondía. Por lo que deberían devolver a las arcas públicas 3,9 millones de euros. Según el informe, algunas entidades organizadoras aumentaron de forma injustificada los costes facturados a las empresas. Y sus catálogos de cursos no respondían a las necesidades específicas de los trabajadores. En el caso de los PIF, los cursos los planificaba el empresario en lugar de resultar de la iniciativa voluntaria de los empleados. Además, algunas empresas siguieron aplicándose bonificaciones pese a que ya se habían beneficiado de ellas de forma indebida en años anteriores.
Por el contrario, la CEOE siempre ha defendido que la formación bonificada es la que mejor funciona porque nadie mejor que las propias empresas conoce sus necesidades. Por eso, reclama que sean éstas las que administren los fondos que ellas mismas aportan a través del 0,7% de cotización. “No se puede extender la sospecha sobre todas las empresas ni castigar a todo el sistema por las malas prácticas de algunas de ellas, a las que sí que habría que expulsar”, advierte Juan Carlos Tejeda.
En cambio, la reforma de 2015, protesta el responsable de la CEOE, ha puesto “en primera línea de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) a las entidades organizadoras”, a las que ha hecho “copartícipes de la responsabilidad”: ahora se obliga a los centros de formación a facturar a la entidad organizadora y ésta, a su vez, tiene que facturar a la empresa, “generando un camino complicado que sí puede dar lugar a fraudes”.
El Ministerio de Empleo pretende “trasladar a la formación bonificada el patrón de la subvencionada”, resume Tejeda, lo que contagia a la primera de las “rigideces” de la segunda. También, según dice, está dejando al sector de la formación para el empleo “en la quiebra”: sometidas a ERE, sin tesorería para pagar a los formadores, estas empresas cifran en 150.000 los puestos de trabajo que peligran tras la reforma y la paralización del sistema que le siguió.
Sin formación hasta junio
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Si en 2015 y 2016 no hubo convocatoria de subvenciones públicas, este año las primeras resoluciones del SEPE no se publicarán hasta junio o julio, avanza Juan Carlos Tejeda. Es decir, los cursos no comenzarán hasta dentro de seis meses, durante los cuales las empresas estarán “en barbecho”, apunta.
Además, el tercer plazo de las subvenciones de 2014 se encuentra bloqueado a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva la solicitud de ejecución presentada por Confemetal y las patronales de hostelería y dependencia de una sentencia anterior que anuló la convocatoria. También recurrieron las tres organizaciones –acompañadas en esta ocasión por UGT y CCOO– las subvenciones de 2016. El Juzgado Central de lo Contencioso acaba de admitir a trámite el recurso y de requerir al SEPE para que le envíe el expediente de la resolución en no más de 20 días.
Es decir, sindicatos y patronal continúan en pie de guerra contra Empleo por la reforma de la formación. Una parte de ella se librará en la Audiencia Nacional, que debe decidir sobre la exclusión de los agentes sociales de los órganos de control de las subvenciones. El ministerio la ha convertido en la piedra angular de la reforma de la formación, enarbolando la bandera de la eficacia y la lucha contra el fraude, mientras que sindicatos y patronal batallan por recuperar su protagonismo en el sistema.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclama la devolución de 31,25 millones de euros a un total de 68.910 empresas por haberse aplicado indebidamente bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para impartir cursos de formación a sus trabajadores. Son el 18,5% de las 372.337 empresas que obtuvieron estos descuentos en sus cotizaciones en 2015, según consta en el informe de comprobación que ha elaborado la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita) y al que ha tenido acceso infoLibre.