La Seguridad Social pide acabar con la reducción de cotizaciones que concede a las empresas a cambio de que contraten a trabajadores. Asegura que esta exención de cuotas “pone en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y otro tipo de ayudas sociales– y “genera efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”. Esas reducciones de cuotas son ingresos que deja de percibir la Seguridad Social cuando más necesitada está de ellos: ha terminado 2015 con un déficit del 1,26% del PIBun déficit del 1,26% del PIB.
La alerta contra los peligros de estas subvenciones a los contratos la ha incluido el Ministerio de Empleo en el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo que acaba de enviar a la citada comisión parlamentaria. Una advertencia que no deja de sorprender, porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota desde 2012. Entonces ascendieron a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,79 millones.
Existen dos tipos de incentivos para el fomento del empleo. Las ya citadas reducciones de cuota, que se cargan al presupuesto de la Seguridad Social, y las bonificaciones, que sufraga el Servicio Público de Empleo Estatal y, por tanto, no suponen un recorte de ingresos para el sistema. Hasta 2015, la partida de las reducciones de cuotas era inferior a la de bonificaciones. Pero en los dos últimos ejercicios, Empleo ha invertido la proporción y las reducciones suponen más de la mitad del presupuesto total de incentivos. De hecho, para este año han llegado a su máximo histórico: son el 56,2% de las subvenciones para fomentar la contratación.
Ahora la Seguridad Social se enmienda la plana a sí misma y en sus explicaciones a la Comisión del Pacto de Toledo reclama que las “futuras medidas” para el fomento del empleo se instrumenten “por la vía de las bonificaciones y no por la de las reducciones, para no afectar gravemente a la viabilidad del sistema”. En caso contrario, advierte, “se experimentaría una importante rebaja de los ingresos que aumentaría su déficit y reduciría la garantía de la cobertura para las prestaciones contributivas”. También se muestra partidaria de que tanto las bonificaciones como las reducciones de cuotas se sufraguen con cargo a la “fiscalidad general”, a los impuestos, en lugar de a los presupuestos de la Seguridad Social como ahora.
Curiosamente, el mismo Rajoy en fechas no tan lejanas, durante la pasada campaña electoral, anunció una tercera ampliación de la tarifa plana de cuotas para los contratos indefinidos que creó en marzo de 2014. Desde entonces, la reducción de 500 euros en las cotizaciones –al principio fueron sólo 100– beneficia también a los contratos temporales que se conviertan en indefinidos y se ha hecho extensiva a los propios trabajadores, no sólo a la cuota que pagan las empresas. Además, la tarifa seguirá vigente durante cuatro años más, cuando Rajoy la presentó en su día como “coyuntural, urgente y excepcional”.
Ineficaces y poco atractivos
Pero el problema de estos incentivos no estriba sólo en que hace un agujero en las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, sino que además resulta que son ineficaces. Los cuestionan sindicatos, patronal, expertos y hasta el propio Ejecutivo, que los suprimió recién llegado en 2012 siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (AEVAL): “No producen ningún efecto en el incremento del empleo ni en la disminución del desempleo”, concluía en un informe. Pero paulatinamente los fue recuperando hasta completar el exhaustivo paquete actual.
Tapar el agujero que crea en la Seguridad Social la tarifa plana de 500 euros exige un 23% más de contratos indefinidos
Según concluyen quienes los han estudiado, las subvenciones a los contratos sólo son eficaces cuando se aplican a colectivos muy concretos de trabajadores. Y bonifican contratos que se habrían firmado igualmente aunque no hubieran existido las ayudas. Finalmente, estos empleos subvencionados duran sólo lo que dura la subvención: cuando se acaba la ayuda, el trabajador es despedido.
Además, la tarifa plana ni siquiera ha cumplido las expectativas del Gobierno cuando la creó. Sólo se han acogido a ella la mitad de los contratos previstos en la memoria económica del decreto que los estableció. Hasta diciembre de 2014 debería haber beneficiado a 332.100 contratos indefinidos, pero sólo se acogieron a ellos 182.793.
En el informe remitido a la Comisión del Pacto de Toledo, la Seguridad Social contabiliza las “relaciones laborales” que se han beneficiado de la tarifa plana: 192.953 más 92.829 de la exención de 500 euros.
La Seguridad Social pide acabar con la reducción de cotizaciones que concede a las empresas a cambio de que contraten a trabajadores. Asegura que esta exención de cuotas “pone en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y otro tipo de ayudas sociales– y “genera efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”. Esas reducciones de cuotas son ingresos que deja de percibir la Seguridad Social cuando más necesitada está de ellos: ha terminado 2015 con un déficit del 1,26% del PIBun déficit del 1,26% del PIB.