Una empresa española, utilizada en la fabricación de un caso para encarcelar a un periodista del Congo

Stanis Bujakera, el periodista más leído de la República Democrática del Congo, lleva más de dos meses en la cárcel, acusado de elaborar un informe confidencial de inteligencia y distribuirlo primero a través de Telegram y luego en WhatsApp. La fiscalía congoleña asegura que lo ha identificado como el remitente original del documento mediante el análisis de los metadatos y de una dirección IP. La investigación llevada a cabo por Actualite.cd, el principal medio de comunicación independiente del país africano, y otros socios del consorcio Congo Hold-Up, incluido infoLibre, en colaboración con la revista francesa Jeune Afrique demuestra que esa afirmación es falsa.

Serge Bashonga, fiscal adjunto del tribunal del distrito de Kinshasa-Gombe, le llama “diablo”. Stanislas Bujakera, corresponsal de la revista francesa Jeune Afrique y de la agencia de prensa Reuters, y residente en Estados Unidos desde hace un tiempo, es también cofundador y director adjunto de Actualité.cd, que fue el socio congoleño en la investigación Congo Hold-Up, que sobre la corrupción en el país llevaron a cabo el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), al que pertenece infoLibre, y la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF).

Su arresto y encarcelamiento durante más de dos meses han provocado una ola de indignación en el país y en el continente africano sin precedentes desde la llegada al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor que prometió romper con las prácticas represivas del pasado.

La fiscalía congoleña acusa a Stanis Bujakera de haber fabricado un documento falso del departamento de seguridad interna de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR), un servicio directamente bajo el control de la Presidencia, y de haberlo proporcionado no sólo a su medio de comunicación Jeune Afrique, sino también de haberlo compartido en un grupo de Whatsapp tras su publicación. Ese informe, de dos páginas, describe cómo la inteligencia militar presuntamente asesinó en la noche del 12 al 13 de julio de 2023 a Chérubin Okende, exministro que se había pasado a la oposición y portavoz del partido de Moïse Katumbi, exgobernador de Katanga y rival del presidente Félix Tshisekedi, que se presentaba a la reelección. Esta versión del asesinato es desmentida por las autoridades del Congo. El fiscal adjunto, Serge Bashonga, es también el juez instructor de este caso.

No era la primera vez que Jeune Afrique publicaba artículos basados en filtraciones de documentos de este departamento, ni era el único medio de comunicación que había difundido el contenido de este informe. Y Stanis Bujakera no firmó el artículo publicado el pasado 31 de agosto. El 7 de septiembre se emitió una orden de búsqueda y captura, y el periodistas fue declarado “prófugo”. El departamento de seguridad interna de la ANR fue la única institución que recibió una copia de ese documento. Al día siguiente, Bujakera fue detenido en el aeropuerto de Kinshasa, cuando se dirigía a Lubumbashi, capital de la rica provincia minera de Haut-Katanga, para hacer un reportaje. Desde entonces, permanece recluido en la cárcel central de Makala, una de las más hacinadas de África, junto con otra docena de detenidos, mezcla de presos políticos y comunes.

Actualité.cd, Jeune Afrique y los medios de comunicación asociados a Congo Hold-up como Mediapart, Le Soir e infoLibre, han tenido acceso al expediente de la acusación, que se basa sobre todo en el informe técnico de un comisario de policía congoleño, Jean-Romain Kalemba, quien afirma haber establecido mediante un “análisis digital de los metadatos de la imagen” que Stanis Bujakera había recibido este documento “de origen telegráfico” desde una cuenta cuyo avatar es un misterioso @mg, sin precisar la fecha, y que fue el primero en difundirlo en un grupo de Whatsapp el 3 de septiembre, más de tres días después de la publicación del artículo de Jeune Afrique. La operación se realizó a través de la dirección IP 192.162.12.04.

Como prueba de esta trazabilidad, el “experto” de la fiscalía facilitó una lista de avatares y números de teléfono, entre ellos el número congoleño de Stanis Bujakera. Bujakera ha sido acusado de falsificación de un sello estatal, falsificación y uso de falsificaciones, difusión de rumores falsos y transmisión de mensajes falsos y contrarios a la ley. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Telegram y Meta desmienten al Gobierno congoleño

A preguntas de Actualite.cd, Telegram se incomoda. “Telegram se diseñó específicamente para proteger a las personas que protestan o se expresan bajo regímenes autoritarios”, explica su portavoz Remi Vaughn. La plataforma de mensajería niega que sea posible identificar direcciones IP a partir de mensajes o documentos compartidos en esta plataforma. “Cuando los usuarios utilizan la opción Enviar una foto o un vídeo, Telegram borra todos los metadatos”, insiste. También asegura que “Telegram no está en contacto con la República Democrática del Congo”.

Meta, propietaria de Whatsapp, es menos vehemente. Sin embargo, uno de sus portavoces afirma que “no es posible rastrear al remitente original de un mensaje en WhatsApp” y proporciona una serie de enlaces en su sitio web que describen tanto su oposición de principio a la rastreabilidad, considerada contraria a los derechos humanos, como el carácter limitado de su colaboración con las fuerzas del orden. En particular, afirma que “WhatsApp no puede entregar ni entrega el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales”.

En la vista celebrada el 14 de septiembre pasado para decidir si el periodista quedaba en libertad bajo fianza, el fiscal adjunto hizo de “las investigaciones digitales llevadas a cabo” el principal argumento para mantenerlo en prisión preventiva. “Resultó que el número 0823337460 había sido identificado a través del protocolo de internet, por su dirección IP 192.162.12.04, como el primer distribuidor de este reportaje inventado”, declaró en tono enérgico Serge Bashonga, fiscal adjunto, que consiguió el apoyo del juez.

Incluso los abogados defensores de Stanis Bujakera, quedaron impresionados por esta jerga pseudotecnológica. “Antes de este caso, ya tenía algunas nociones sobre cuestiones de trazabilidad, pero los elementos técnicos presentados por la acusación formaban parte de un desafío que había que superar. El fiscal apostó por que a los abogados les daría pereza intentar entenderlo y que lo tomaríamos como una prueba innegociable”, explica Jean-Marie Kabengela. “La fiscalía se vio en una situación difícil porque le atacamos por este motivo, y pensó que podría condenarle rápidamente”, añade.

Los defensores de Stanis Bujakera solicitaron en repetidas ocasiones un segundo dictamen de un experto independiente y cualificado. El tribunal dijo que lo haría durante la vista del 17 de noviembre, pero al final nombró a un “experto acreditado” desconocido, tanto que su nombre ni siquiera aparece en un motor de búsqueda como Google. La existencia del supuesto experto debería ser objeto de debate en la próxima vista, prevista para el 1 de diciembre.

Una empresa española y otra francesa sin relación con el Congo

Para el experto estadounidense Gary Miller, investigador en seguridad móvil de la Universidad de Toronto –Citizen Lab, el mismo que destapó el espionaje de Pegasus en Europa–, las pruebas contenidas en las declaraciones del fiscal “no eran creíbles” desde el principio: “No había pruebas de que esta dirección IP fuera utilizada por el teléfono de Stanis”. Gary Miller es el fundador de Mobile Intelligence Alliance, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a investigar la seguridad en las redes de móviles. También fue responsable de seguridad de redes móviles y es considerado un experto en espionaje en este tipo de comunicaciones.

Utilizando dos herramientas mundialmente conocidas en este campo, Shodan y Risk HQ, acabó descartando que la dirección estuviera vinculada a Stanis Bujakera y la atribuyó en su lugar a un “servidor web situado en España”. “La ubicación de la dirección, el dispositivo que la utiliza y las aplicaciones que se ejecutan en él descartan esta posibilidad”, insiste. El experto de Citizen Lab concluye: “La base técnica del argumento del fiscal parece fabricada".

Los periodistas de Congo Hold-Up preguntaron entonces a las dos empresas citadas por el experto como vinculadas al servidor web que habían utilizado la dirección IP facilitada por el fiscal y su experto. La primera es una empresa española llamada SPCnet, proveedora de servicios de internet con oficinas en Vitoria y adquirida el año pasado por otra firma vasca, Bullhost, especializada en ciberseguridad. Un portavoz asegura que esa dirección IP “corresponde efectivamente a SPCnet”, aunque invita a verificar si hay algún error en los dígitos, y confirma la versión del perito de Citizen Lab. Dice que ese servidor es sólo de uso interno. “Sobre esta IP corre un servidor web con un aplicativo que SPCnet utiliza y explota exclusivamente para uso interno; es decir, no es utilizado por ningún tercero, proveedor o cliente”, explicó en una respuesta el pasado 2 de noviembre. Incluso afirma que “no es posible que se haya enrutado ningún tráfico particular a través de esta IP”.

La otra empresa es la francesa Centreon. Gary Miller había comprobado que una entidad con ese nombre utilizaba el servidor. Centreon desarrolla “software para detectar fallos informáticos (servidores, equipos de red, aplicaciones, etcétera)”, que “en ningún caso está diseñado para gestionar, transmitir o compartir archivos”, asegura.

Tan sorprendido como la empresa española de que se le relacione con el caso de un periodista encarcelado en la República Democrática del Congo, un portavoz de Centreon explica que no utiliza “el servidor correspondiente a la dirección IP en cuestión que parece estar, como usted señala, atribuida a SPCNet, una empresa con la que Centreon no tiene ningún vínculo directo o indirecto, presente o pasado”. La firma alavesa niega igualmente tener relación alguna con Centreon. “Una persona cuya identidad no tenemos forma de conocer ha instalado efectivamente el software de código abierto llamado Centreon en el servidor que usted menciona (una información que descubrimos al leer su primer mensaje)”, admite, “al igual que otros 250.000 usuarios en miles de servidores de todo el mundo”.

Conversación con 'emojis'

En la misma vista, el fiscal adjunto citó, sin añadirla al expediente, una conversación entre Stanis Bujakera y uno de sus colegas de Jeune Afrique en París, Romain Gras, durante la cual el periodista congoleño “hablaba riéndose con emojis de una fuente parisina, en respuesta a las preguntas de algunos funcionarios de la inteligencia militar que querían conocer la fuente de la publicación de Jeune Afrique”. “Durante las audiencias, antes de que comenzara el juicio, el fiscal preguntó a nuestro cliente sobre la fuente de este documento. Para nosotros, ése es el motivo oculto de su detención, el resto no es más que una forma de aumentar la presión sobre Stanis”, explica Yana Ndikulu, abogada de la asociación de medios de comunicación online de la República Democrática del Congo (MILRDC), una de las primeras abogadas en intervenir en el caso. “El fiscal incluso lo dijo en la vista y acusó a Stanis y a Jeune Afrique de intentar ganar millones con la publicación del informe vinculado al asunto Okende”, añade.

Sin embargo, en este mensaje, al que tuvieron acceso los medios de Congo Hold-Up, Stanis Bujakera se había limitado a decir a sus interlocutores que “consultaran con París”, ya que él no había “gestionado este caso”.

Su colega de Actualité.cd, Patient Ligodi, director general de Next Corp, la empresa propietaria del sitio web de noticias, se sorprendió al ver que el funcionario de la policía judicial señalaba en un informe que el documento se había compartido en “un grupo de Actualité.cd” y que a continuación el fiscal sustituto mencionaba un grupo llamado Actualité.cd. “Este documento nunca se compartió en ninguno de los grupos de la redacción”, replica, precisando además que no existe tal grupo.

Patient Ligodi se sorprende aún más al ver que la lista de números presentados por la fiscalía como aquéllos a los que Stanis Bujakera supuestamente distribuyó el documento incriminatorio no incluye el número del miembro de la redacción identificado por la policía, Kash Thembo. “Kash es el dibujante de Actualité.cd. ¿Por qué Stanis lo habría compartido con él y no con los periodistas de la redacción?”.

Campaña de Amnistía Internacional

En este caso, todo parece haberse hecho en el orden equivocado. La orden de búsqueda del 7 de septiembre, víspera de la detención, es el primer documento del expediente. La petición de peritos se redactó el sábado 9 y se envió el lunes 11. Ese mismo día, la policía judicial ya se había referido a un “análisis técnico y/o tecnológico” que identificaba a Stanis Bujakera como el “primer distribuidor de este documento falso”, y el fiscal dictó una orden de detención provisional sin esperar a los informes de los expertos policiales. También pidió al tribunal que mantuviera detenido al periodista durante 15 días, con fines de investigación, y no tomó ninguna otra medida. Finalmente redactó una moción para fijar una vista el 26 de septiembre.

El 29 de septiembre, en la cadena RTBF, el director de comunicación de la presidencia de Congo, Erik Nyindu, declaró que la investigación estaba “concluida” y el proceso judicial “en curso”.

En una conferencia de prensa celebrada el 13 de octubre, los abogados de Stanis Bujakera afirmaron que aún no se les había informado oficialmente de nada. Al día siguiente, en respuesta a la campaña lanzada por Amnistía Internacional en la que se pedía al presidente Tshisekedi y a otros dirigentes congoleños que pusieran en libertad incondicional a Stanis Bujakera, Tina Salama, portavoz del presidente Tshisekedi, contestó en X –antes Twitter– que Stanis Bujakera no estaba “detenido por Félix Tshisekedi” y que el caso había sido “remitido [...] a un juicio público”, al tiempo que instaba a respetar la separación de poderes.

Siete meses antes, en marzo de 2023, Gilbert Kabanda, entonces ministro de Defensa, había presentado una denuncia contra Stanis Bujakera por haber informado de su intervención en el Consejo de Ministros, pese a que había utilizado las palabras recogidas en el acta enviada por el periodista del gabinete de prensa del Gobierno. El Ejecutivo congoleño tardó varios días en anunciar que retiraba la denuncia.

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“Lo cierto es que hay muchas especulaciones sobre Stanis como opositor o enemigo del régimen. Por lo que a nosotros respecta, es un periodista profesional. Intentan hacer creer que se trata de un proceso con base jurídica, cuando no hay nada en el sumario que justifique su inculpación y su detención”, explica Arnaud Froger, responsable de Investigación de Reporteros sin Fronteras (RSF). “El objetivo desde el principio estaba claro: acceder a sus teléfonos móviles y saber quién hablaba con él, y esto va mucho más allá del asunto del informe publicado”, advierte, subrayando la gravedad de esta violación del secreto de las fuentes.

El propio Arnaud Froger permaneció en Kinshasa durante una semana para investigar las condiciones del encarcelamiento del periodista congoleño. “Es muy fácil comprobar que no fue el primero en recibir ese informe: se difundió en los medios diplomáticos mucho antes”, añade el responsable de RSF. “En cuanto al origen de el informe en sí, para nosotros no hay duda de que se trata de un documento de la ANR transmitido por la ANR, aunque no podamos juzgar la veracidad de su contenido”, concluye.

Curiosamente, la única persona que ha limpiado el nombre de Stanis Bujakera es el propio presidente Tshisekedi. Durante una rueda de prensa el 19 de septiembre, en paralelo a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo comparó con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, “al que persiguieron como a una bestia vil [...] porque había filtrado cables diplomáticos confidenciales”, y con Ariane Lavrilleux, periodista francesa que pasó día y medio bajo custodia policial en Francia por revelar el contenido de documentos confidenciales sobre la implicación de Francia en la represión política en Egipto. También dijo que le tenía “mucho cariño” a Bujakera, que le había seguido durante su campaña en 2018. Después, ha asegurado al diario Le Soir que “la verdad” pasaba “por su detención”.